La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que cuando tres o más personas se organizan para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que tienen como fin cometer delitos tales como operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, de personas, órganos; contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, lenocinio de menores de 18 años, robo de vehículos, trata, secuestro, entre otros, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada.

En semanas anteriores, los medios de difusión dieron cuenta de hechos delictivos, que por su naturaleza y por la conformación de las organizaciones que intervinieron en ellos, son típicos de la delincuencia organizada. Me refiero, en primer lugar a las actividades de narcomenudeo que prevalecen al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, puntualmente documentadas por el periodista Humberto Padgett, quien fue agredido por un grupo de personas armadas, que actúan ante la mirada displicente de los sistemas de vigilancia de la máxima casa de estudios.

Héctor de Mauleón, en sus entregas para El Universal del 23, 24 y 28 de agosto, documentó la vinculación entre la organización de los Beltrán Leyva y Felipe de Jesús "N", líder del cártel de Tláhuac, recientemente abatido junto con otras siete personas, en enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, en dicha demarcación de la capital.

Sin embargo, ante estos hechos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera ha insistido en que en la Ciudad no hay presencia de grupos de la delincuencia organizada, sino "grandes grupos de narcomenudistas", con lo que el Doctor en Derecho soslaya que estas organizaciones están compuestas de tres o más personas, que cometen delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en forma reiterada; conductas que se encuadran con lo descrito en la ley federal en la materia.

Su postura pretende mantener en el ámbito de la opinión pública, la idea de la inexistencia de grupos de la delincuencia organizada y demostrar así, que sus políticas de seguridad han resultado adecuadas.

Sin embargo, una cosa es negar ante los medios de difusión la existencia de tales grupos y otra muy diferente el que tales grupos existan o no y que las autoridades tengan o no constancia de ello.

Ante los señalamientos de la probable vinculación del aún delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez —en proceso de destitución—, con elementos del "cártel de Tláhuac", éste señaló que en su momento había dado parte a las autoridades ministeriales de la Ciudad de México, de la presencia de dicho grupo delictivo, en un intento por desvincularse de esa organización.

Ello motivó la realización de una solicitud de información registrada con folio 0413000111817, en la que pedí copia en versión pública de los oficios, con sello de acuse de recibo, con los cuales Rigoberto Salgado hubiera informado a las autoridades sobre la presencia de grupos de la delincuencia organizada en su demarcación, entre octubre de 2015 y julio de 2017.

Mediante oficio número DSP/1882/2017, la C. Elizabeth Verónica López Ramírez, directora de Seguridad Pública en Tláhuac, se limitó a responder que "los oficios que solicita son documentos que pueden contener datos personales y/o temas de seguridad que pueden poner a una persona en un estado de vulnerabilidad o en su caso, obstruir asuntos de Seguridad que por su estatus son delicados para esta Demarcación".

Su respuesta no sólo demuestra su desconocimiento del principio de máxima publicidad, sino que olvida que la solicitud hace mención a copias de "versiones públicas", es decir aquellas en las que se eliminan los datos personales susceptibles.

De la misma manera, mediante solicitud de información con número 0109000278317 pedí al Jefe de Gobierno me informara, "si en la Ciudad de México existe presencia de organizaciones de la delincuenca organizada", de conformidad con lo establecido en los artículos 254 y 255 del Código Penal para el Distrito Federal.

Con oficio SSP/DET/UT/5684/2017, la Lic. Nayeli Hernández Gómez, directora ejecutiva de Transparencia y responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informó que "la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial no cuenta con la información solicitada, en vías de orientación se sugiere canalizar la solicitud a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México".

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, respondió mediante oficio DGPEC/UT/7810/17-08 a mi solicitud de información registrada con folio 0113000260117, que "no se encontró registro o antecedente de averiguación previa alguna y/o carpeta de investigación en la que se señale la presencia de organizaciones delictivas en la Ciudad de México" ni se emitió "ningún acuerdo de ejercicio de la acción penal".

Estos elementos permiten concluir con una inquietud mayor: si las autoridades ministeriales de la Ciudad de México tienen la instrucción de no clasificar los delitos que investigan, evidentemente tipificables como delincuencia organizada, a efecto de negar su existencia, las instituciones responsables de la procuración de justicia se enfrentan a su debilitamiento, en razón de que el esfuerzo realizado por las policías para la detención de los probables responsables no deriva en sanción correcta, con lo que los delincuentes vuelven más pronto a las calles a continuar con lo suyo.

No es, como afirma Miguel Ángel Mancera, una falla del sistema penal acusatorio, sino un conjunto de actos displicentes, de los que obtienen beneficios los delincuentes y las autoridades; más preocupadas éstas por su imagen, que por la seguridad de los ciudadanos, indefensos ante el avance de las organizaciones criminales.

@gomezvives





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