Aunque falta la decisión del Senado para concluir el proceso que elimine 109 fideicomisos, todo apunta a que ese será el desenlace. Por tanto es necesario visualizar cuáles serán los efectos de esta polémica medida.
Uno de los cuestionamientos formulados a la iniciativa es que generaliza la descalificación sobre fideicomisos muy diversos, así que para no caer en el mismo error, voy a poner un ejemplo concreto.
El 25 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mediante la cual se estableció un mecanismo que otorga medidas de protección a estos dos grupos.
Para implementar las medidas de protección era necesario asegurar recursos por lo que, la misma ley estableció un Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Éste opera a través de un fideicomiso.
Estos recursos sólo se pueden usar para cubrir medidas de protección y ninguna otra cosa. El Fideicomiso tiene un Comité técnico y un órgano de vigilancia. Además las reglas de operación y el presupuesto son aprobadas por la Junta de Gobierno del mecanismo.
El mecanismo, gracias a los recursos del fideicomiso, ha podido mantener las medidas de protección, al día de hoy, de unos 1300 periodistas y personas defensoras.
Este fideicomiso será uno de los 109 que seguramente desaparecerá. ¿Cuáles serán los efectos de esta decisión?
De acuerdo con lo señalado con el dictamen de la propuesta de desaparición, los recursos para las medidas estarán integrados en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y por tanto administrados por la Oficialía Mayor de la misma dependencia.
Este cambio podría dar lugar, a que en determinadas circunstancias, la SEGOB determine que es prioritario destinar los recursos a algunos otros requerimientos y no al mecanismo, lo que significa que los recursos pueden tener otros destino y no la protección.
Actualmente una vez que se han dado las medidas, la Coordinación Ejecutiva del mecanismo ordena al fideicomiso el pago de las mismas de manera directa. Al desaparecer se tendrá que solicitar a la Oficialía que haga el pago y esperar a que se determine y realice. El proceso se burocratizará y se puede poner en riesgo la permanencia de las medidas que protegen vidas.
Un tercer efecto es que cada año habrá que estar exigiendo y procurando asegurar los suficientes recursos para un universo de beneficiarios que seguirá creciendo a causa de la violencia y la impunidad.
Ya en los dos últimos años, el Congreso destinó recursos insuficientes para el Fondo, lo que seguramente se agudizará.
El presidente López Obrador ha dicho que la gente que recibe apoyos de los fideicomisos no debe preocuparse pues recibirá de manera directa los mismos. En el caso que hemos mencionado parece poco factible.
No exagero al decir que desaparecer este fideicomiso puede significar más inseguridad y riesgos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por tanto no es una buena decisión.