La educación es central en la esfera pública de todos los países, dada su relación con el desarrollo individual y colectivo de las personas y su incidencia en los planos social, cultural y económico. Desde su promulgación, nuestra Carta Magna incluyó esta prerrogativa como la posibilidad de toda persona a recibirla de manera gratuita por parte del Estado, lo que se vio fortalecido con lo preceptuado en los diversos instrumentos internacionales adoptados por la comunidad internacional, en particular, desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.
En la actualidad existe un amplio consenso respecto a la importancia del tema, como lo muestra la Organización de las Naciones Unidas, quien destaca que el derecho a la educación, además de permitir el ejercicio de otras libertades, resulta relevante en la lucha contra la pobreza; es útil para el empoderamiento de la mujer, al convertirla en un agente de cambio; sirve a la prevención de conflictos sociales; y favorece una mejor toma de decisiones en torno del cuidado de la salud.
Lo anterior nos debe llevar a reflexionar sobre las acciones realizadas en las últimas décadas en México, en particular la reforma constitucional de 1993, que estableció la responsabilidad estatal de brindar educación básica (preescolar, primaria y secundaria), así como la correlativa obligación de las personas a cursarla. En ese año, los legisladores al discutir estas importantes modificaciones, consideraron, según consta en el dictamen correspondiente, que la instrucción es la forma más eficiente de encauzar los grandes valores nacionales en torno a la formación de ciudadanos comprometidos.
Esa aspiración sigue vigente hasta nuestros días, ante el reto de preparar a los alumnos para su involucramiento en la vida pública, las responsabilidades del futuro, y el ejercicio libre de sus derechos, como condiciones irrenunciables de la vida en democracia. Se trata de comprender la utilidad e importancia de la educación básica como espacio de privilegio en la formación para el ejercicio efectivo de la ciudadanía.
En referencia a esto, la UNESCO, en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, señala la necesidad de que los niños y jóvenes estén en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas disponibles, a fin de satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje; entre las que destacan los contenidos adecuados al desarrollo de capacidades y toma de decisiones fundamentales.
Privilegiar que los alumnos aprendan sobre sus prerrogativas y obligaciones es apostar a una formación más sólida de los próximos ciudadanos, profesionales, servidores públicos y padres de familia, en la ruta hacia el ideal cívico que requiere personas activas y comprometidas en el debate de la agenda pública, que incorporen a su cotidiano los valores democráticos de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de propiciar el arraigo de la participación, del diálogo entre todos los actores sociales y la deliberación crítica y abierta.
Bajo este contexto, el acceso a la información, como derecho a conocer los intersticios del ejercicio del poder público, es un elemento esencial para fortalecer a los gobernados en sus facultades de decisión y de juicio informado. En ese sentido, incorporar a los programas de estudio los distintos valores que sustentan la convivencia democrática, es imprescindible para la consecución de una sociedad que interiorice la cultura de la vigilancia de la actuación gubernamental y de la participación en la vida pública.
La Ley General de Educación es coincidente con la anterior perspectiva, al establecer como obligación de todas las instituciones prestadoras de servicios educativos el fomento a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como dar a conocer entre los estudiantes el acceso a la información pública. Este deber de contribuir a la generación de capacidades para la democracia, establece algunos desafíos para su efectiva consecución.
En principio se requieren profesores capacitados en derechos, que se reconozcan como sujetos que poseen, ejercen y reivindican libertades fundamentales, como supuesto esencial para transmitir eficazmente a sus alumnos los contenidos sobre esos temas. Asimismo, se debe generar un esquema de corresponsabilidad, donde los padres y cuidadores de los niños actúen para reforzar los aprendizajes escolares, considerando que la familia es un referente directo en la formación cívica, a través de las conductas que se observan en el hogar.
Aunado a lo anterior, es necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea generador de inclusión. Se trata de involucrar de manera efectiva a los estudiantes, más allá de configurar modelos donde sólo los profesores son los emisores de la información. Los entornos escolares deben valorar las opiniones de los educandos, como una práctica deliberativa y democrática en el aula, que sin duda tendrá un impacto favorable en la formación de ciudadanos.
La atención de estos y otros retos derivados de la educación en derechos nos acercarán cada vez más a lograr el noble objetivo constitucional, introducido desde 1946, de luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, además de contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, y los ideales de fraternidad e igualdad de todos, evitando cualquier tipo de privilegio.