El gasto en educación refleja el compromiso del Estado con las próximas generaciones. Es un ejercicio intergeneracional: los impuestos que pagamos hoy ayudan a financiar las escuelas, libros, sillas y salarios, entre una gran lista de necesidades materiales y financieras, para que un alumno de entre cero y 22 años pueda recibir educación pública de calidad.
Si hoy invirtiéramos en la educación de las nuevas generaciones, mañana tendrían mayores habilidades para tener mejores empleos. Así, cuando inicien su vida productiva, podrán contribuir mejor al sistema fiscal para, por ejemplo, la educación de las nuevas generaciones. Sin embargo, el gasto en educación propuesto para 2022 representa el 3.1% del PIB, la proporción más baja en los últimos siete años.
Hasta 2019, la educación obligatoria consistía en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior. La Reforma Educativa de ese mismo año integra la educación inicial como parte del nivel básico obligatorio. También, el Estado se comprometió a fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, y proporcionar los medios de acceso para el nivel superior.
En los años posteriores a la reforma, no se plantearon medidas para integrar a niñas y niños de entre cero y tres años al nivel de educación inicial; y tampoco hubo mejoras en preescolar, medio superior y superior. Por otro lado, la falta de medidas durante la pandemia provocó que 5.2 millones de alumnos no se inscribieran al ciclo escolar 2020-2021, por razones relacionadas a la covid-19 o por falta de recursos. Así, en 2021, 8.8 millones de personas de entre cero y 17 años no estaban inscritos al nivel educativo que les corresponde por su edad.
Si consideramos a la población que puede inscribirse a la educación superior, que no es obligatoria para los mexicanos estudiarla, pero sí para el Estado ofrecerla; hay 6.8 millones de mexicanos de entre 18 y 22 años que no están inscritos en este nivel educativo. Por tanto, si se quisiera integrar a la población a su nivel educativo correspondiente, se necesitan recursos equivalentes a entre 0.7% y 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto equivale a, por ejemplo, 92% del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad o 2.3 veces lo planeado para la Secretaría de Salud para 2022. Sin embargo, el gobierno planea gastar menos de 1% de los recursos necesarios para este fin, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
Aún si se asignaran los recursos necesarios, se debe advertir que se replicarían las condiciones escolares actuales: escuelas sin agua potable, sin drenaje, con pocas computadoras o sin conexión a internet.
La Reforma Educativa de 2019 establece que la educación pública debe ser de calidad y para todos. Pero, a tres años de su publicación, las obligaciones adquiridas en materia de educación en 2019 siguen siendo una tarea pendiente.
*Francisco Alberto Perez Pacheco
Investigador
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó prácticas profesionales en el Instituto Belisario Domínguez. Además de las finanzas públicas, está interesado en economía cuantitativa, ciencia de datos y migración, disciplinas que profundizó en su estancia en el Instituto de Estudios Políticos de París (SciencesPo) y como asistente de investigación en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente colabora en el CIEP en el área de transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico. Le motiva amplificar la voz de aquellos que no son escuchados.