Las cabezas de cerdo ensangrentadas dejadas afuera de un local de MORENA en el Estado de México fueron premonitorias del operativo criminal del domingo 4 de junio en territorio mexiquense. El fraude se dio antes y después de la jornada electoral. Había consigna: al precio que fuera y de la manera que fuera el primo del Presidente Peña Nieto debía ser impuesto como Gobernador.
El operativo montado por instrucciones presidenciales para torcer la voluntad popular en el Estado de México e imponer a Alfredo del Mazo III consistió, entre muchos otros elementos, en la asignación a diferentes secretarios del gabinete del Ejecutivo Federal, entre otros a la de SEDATU, el de Salud, el de Desarrollo Social, el del Trabajo, el de Educación, etcétera; de territorios específicos para convertirse en los responsables políticos de la elección a favor del PRI, utilizando personal, dinero, programas y recursos materiales sin ningún límite, para lograr ese propósito.
Frente al cúmulo de anomalías el INE y los órganos electorales salieron al unísono a defender el cochinero, con un discurso que pareció confeccionado en la sede nacional del PRI. Es impresionante como algunos Consejeros Electorales del INE que durante años navegaron con la bandera de la imparcialidad y la solidez académica acaban siendo serviles al PRI y al viejo sistema antidemocrático, se convierten en legitimadores de la transa y el fraude más viles para conservar privilegios y prebendas.
Los integrantes de los órganos electorales, nacional y locales, salvo escasísimas excepciones, se han convertido en meros burócratas electorales, comparsas del poder presidencial o caciquil, regenteadores de altos presupuestos, cuya única función es atender un calendario electoral, distribuir material electoral, supervisar que se instalen casillas y después legitimar las trapacerías de sus jefes políticos en los comicios.
Se atrincheran en rígidos formalismos seudo legalistas para pretender decir que todo está bien. Son los únicos que no ven lo que todo mundo aprecia. Su silogismo es tramposo: sí se instalaron Casillas y llegaron los votos, no obstante las alteraciones y la inequidad determinante en el resultado de la elección, ésta es válida, "haiga sido como haiga sido", diría el clásico del cinismo. Y si alguien está inconforme que vaya al Tribunal Electoral, donde seguramente la instancia jurisdiccional confirmará el resultado.
Nunca sacan tarjeta amarilla ni roja a quien infringe la ley, desvía recursos o altera con inequidad la competencia, toleran y voltean la mirada cuando los gobiernos utilizan recursos y la infraestructura pública para manipular elecciones y obstruir el voto libre e informado. Ellos sólo distribuyen material electoral y revisan que se instalen casillas, en eso consiste su actuación, si hay coacción, guerra sucia, intervención gubernamental o compra de votos es irrelevante para los Consejeros del INE y los órganos electorales.
Piden pruebas imposibles para documentar fraudes como mero pretexto para su inacción y complicidades, en cambio hay casos en que actúan como juez y parte y sin ningún elemento ni prueba sancionan a los partidos que son incómodos al poder.
Para mostrar su supuesto comportamiento imparcial se la pasan multando a partidos diferentes al PRI y al Verde, se ensañan con aquellos de los cuales no depende la permanencia formal en sus cargos y se hacen de la vista gorda con los excesos e inequidades del PRI y el gobierno.
Desde los tiempos de José Woldenberg no hay un árbitro imparcial y comprometido con la democracia al frente del INE (antes IFE) y los consejeros de los órganos electorales locales responden a los gobernadores a quienes les rinden pleitesía y sumisión.
La última reforma electoral, que como diputado federal voté en contra, resultó un terrible frankenstein que se ha vuelto en contra de la ciudadanía. Estamos en el peor de los mundos, hay un INE deslegitimado que está plegado a Los Pinos y órganos electorales locales subordinados a los ejecutivos estatales, con una exhorbitante duplicidad de recursos y con una casi inexistente calidad democrática.
Los casos del Estado de México y de Coahuila son un retroceso gravísimo para la democracia y un pésimo augurio para las elecciones del 2018. Lo anterior, no sólo por la descarada intervención de la camarilla corrupta del grupo Atlacomulco, donde quedó de manifiesto el desvío de recursos para favorecer al PRI y sus adláteres, así como el albazo del presidente del Instituto Electoral mexiquense para favorecer a Del Mazo y las inconsistencias del PREP o en Coahuila la alteración a los paquetes electorales en casi un 30 por ciento de las casillas por parte del clan criminal de los Moreira, después de que abruptamente pararon el PREP para beneficiar a su alfil, sino por la mayúscula cooptación de los órganos electorales nacional y estatales.
De cara al 2018 y el futuro político de la nación, quienes creemos en la democracia debemos cuestionar por todas las vías pacíficas posibles el cochinero electoral del pasado 4 de junio, buscando que se limpien esos comicios o, en su defecto, que se anulen. Este no es un tema de colores partidistas es un tema de la vigencia del Estado democrático de derecho y de la posibilidad de construir la alternancia política por la vía electoral.
El mensaje es claro: el PRI no tendrá ningún límite para comprar, sobornar, transar, aliarse con criminales y adulterar el voto en el 2018, y para ello tiene a los órganos electorales a su servicio. Hay que evitar con la fuerza de la democracia que estos delincuentes electorales se salgan con la suya.
Por esas razones desde la izquierda y las fuerzas progresistas y ciudadanas se deben construir amplias alianzas para acumular fuerzas y evitar que a la mala el gobierno de Peña Nieto y los intereses ilegítimos que lo acompañan, vuelvan a torcer los anhelos de la gente. También se debe buscar la intervención de organismos internacionales que ejerzan presión para cancelar cualquier intento de regresión autoritaria y fraude electoral el próximo año.
@RicardoMeb