Desde la campaña electoral el presidente prometió la “separación del poder económico del poder político”. Sin embargo, durante estos meses hemos visto cómo la economía nacional se maneja desde la oficina presidencial.
En su carta de renuncia el ex secretario Urzúa afirmó que el “voluntarismo” impera en el actual gobierno; que se toman decisiones sin “sustento” económico; que hay “funcionarios que no tienen conocimiento” de su área y que hay personajes “influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés".
Entre las acciones voluntaristas más relevantes destacan la cancelación del aeropuerto de Texcoco que ha provocado una afectación directa a la confianza de los inversionistas y la insistencia en la Refinería de Dos Bocas que el gobierno dice que costará 8 mil millones de dólares pero que los expertos afirman que no se puede hacer por menos de 15 mil millones de dólares y que no dará los rendimientos esperados, lo cual afecta el plan de negocios de Pemex.
El ex secretario Urzúa afirmó que no se debe “persistir en una idea cuando hay empresas que saben más que tú y dicen lo contrario” y que “el problema de este gobierno es su voluntarismo”. A esto se sumó el Financial Times, que en una editorial señaló que el presidente “debe abrir los ojos”, no confiar en “sus datos” y demostrar que va a escuchar los consejos del nuevo titular de Hacienda y que dará espacio para restablecer la credibilidad en los mercados financieros.
Pero si estas voces no son dignas de tener en cuenta por el presidente; entonces debería escuchar a Benito Juárez quien en un discurso el 2 de julio de 1852 sostuvo que los funcionarios públicos “no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”.[1]
A propósito de la falta de respeto por la ley y del influyentísimo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos define que “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión” (art. 8). La renuncia al cargo no es suficiente ya que el Código Penal Federal en los delitos por hechos de corrupción tipifica el “ejercicio abusivo de funciones” (art. 220) que se da cuando un servidor público:
“ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones… o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
El “ejercicio abusivo de funciones” puede implicar de dos a doce años de prisión y la más reciente reforma del artículo 19 constitucional lo incorporó dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; lo que significa que los acusados de este delito deberán pasar en prisión el tiempo que dure el juicio.
Y hablando de política la situación no es diferente, el centralismo en el manejo de las decisiones políticas apunta al autoritarismo y a la ruptura del pacto federal. El ejemplo más claro es lo sucedido en el experimento realizado con la gubernatura en Baja California, en donde se confirmó que la figura de los “superdelegados” fue creada para posicionar a candidatos de MORENA y que las leyes les estorban cuando se interponen en su ambición de poder.
Desde el 2014 el congreso del estado aprobó recortar a dos años la siguiente gubernatura para empatarla con las elecciones federales y con ello reducir los gastos electorales. Pero ante la expectativa de un triunfo electoral, en dos ocasiones MORENA promovió a través del tribunal electoral estatal aumentar la duración de la gubernatura. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial en ambas ocasiones anuló la extensión del mandato por su ilegalidad. Pero en un tercer intento, el Congreso estatal aprobó la semana pasada la ampliación a 5 años, en una clara vulneración al orden jurídico y democrático.
En su discurso de 1952, Benito Juárez sostuvo que “los hombres que no pueden soportar el yugo suave de la ley, tampoco pueden conformarse con ese orden de cosas, y de aquí procede ese constante empeño de destruir el sistema federativo, substituyéndolo con el poder absoluto.” Éste es el caso de lo sucedido en Baja California donde MORENA atentó contra el sistema federativo con miras a aumentar el poder de un gobernante; y es aún más preocupantemente ya que abre las puertas para que la ampliación de mandato se quiera imponer a nivel federal.
Por el bien del país, es fundamental que el presidente rectifique. Un país no se debe gobernar por impulsos de una voluntad de poder sino por el apego a la ley y a la realidad; las decisiones económicas y políticas equivocadas se deben rectificar antes de que le hagan un mayor daño al país. Y las leyes y las instituciones deben ser respetadas por encima de ambiciones personales, de lo contrario las más afectadas serán las familias mexicanas y nuestra democracia.
[1]http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1852_153/Discurso_pronunciado_por_Benito_Ju_rez_gobernador_del_estado_de_Oaxaca_ante_la_X_Legislatura_al_abrir_el_primer_periodo_de_sus_sesiones_ordinarias.shtml