Opinión

Ecocidio y centralismo energético

El medio ambiente es un bien común de todos y para todos. | Marco Adame

  • 20/05/2020
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El “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” publicado el pasado viernes por la Secretaría de Energía, es un retroceso en materia energética y ecológica, que atenta contra nuestras leyes, los tratados internacionales, la economía de las familias mexicanas y su derecho a un medio ambiente sano.

So pretexto del covid-19 la disposición del gobierno frenará a todas las empresas privadas que, poniendo su confianza en México, han invertido en nuestro país a fin de generar energías limpias. Lo que busca el oficialismo es privilegiar el monopolio estatal y la producción a base de combustibles fósiles; lo cual resulta no sólo más contaminante sino más caro.

Estamos hablando de inversiones que superan los $30 mil millones de dólares, dentro de las cuales se encuentran empresas europeas con inversiones de cerca de $6 mil 400 millones de dólares y canadienses que suman una inversión de $450 millones de dólares, las cuales quedarán a la deriva. A causa de esta medida embajadores de 20 países de Europa y Norteamérica se han inconformado ya con el gobierno mexicano.

Resulta inconcebible que cuando enfrentamos una de las peores crisis económicas, se han perdido más de medio millón de empleos y lo peor aún está por venir; cuando las principales calificadoras han reducido la calificación de México y estamos a punto de perder el grado de inversión; el gobierno tome una medida más que ahuyentará las inversiones del país. Y que, en lugar de buscar consensos y acuerdos, éste siga con su política de descalificación, cerrazón y polarización que en nada contribuye a la delicada situación que afrontamos.

Esta disposición además carece de lógica económica y afectará el bolsillo de las familias mexicanas. La Comisión Federal de Electricidad produce la energía a un costo de $141.21 dólares por megawatt-hora mientras que la iniciativa privada lo hace a un costo de tan solo $20.57 dólares por megawatt-hora.

A su vez, al sustituir las energías renovables por energías sucias se atenta contra el artículo cuarto Constitucional que garantiza el derecho de todas las personas a “un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

El contar con un medio ambiente saludable es un derecho humano, lo que implica que en esta materia los avances deben ser irreversibles; lo cual evidentemente no se cumple con lo promovido por la Secretaría de Energía.

Así mismo, México suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la cual nos comprometimos a “formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático”.

Y somos firmantes del Protocolo de Kioto en el cual los países se obligaron a reducir los Gases de Efecto Invernadero e impulsar un desarrollo sostenible con la generación de energías verdes. Todos estos acuerdos fueron ratificados por nuestro país por lo cual son vinculantes, pero serán violados por el ejecutivo federal de seguir adelante con su política energética.

Es necesario tomar conciencia de que la degradación del medio ambiente promovida por el hombre está causando el cambio climático que tendrá serias consecuencias no sólo ambientales sino también económicas y sociales.

No podemos permitir un retroceso al siglo pasado cuando se abusaba de las energías sucias de manera irresponsable, tal y como pretenden el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

El medio ambiente es un bien común de todos y para todos, nuestra “casa común”, por lo cual tenemos la obligación de protegerlo. Y ello implica la reducción, de manera urgente e imperiosa, de la utilización de energías fósiles y sustituirlas por energías renovables. ¿Es acaso más importante para el gobierno la creación de monopolios y la centralización del poder?

Nuestra Constitución y los tratados internacionales deben ser respetados. Y el gobierno tiene la obligación ética y legal de revertir el acuerdo promovido por la Secretaría de Energía a fin de garantizar la salud, el bienestar, la economía y un medio ambiente limpio, sano y sustentable para las familias mexicanas.

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