¿Qué tanto o qué tan poco entendemos de los derechos humanos y su relación con nuestra vida? ¿Cuál es su rol en un Estado de Derecho débil o fuerte? ¿Qué riesgos hay cuando éstos se violan sistemáticamente? ¿Qué implica no luchar siempre por el pleno respeto de los mismos? Estas preguntas, que para muchos pueden parecer obvias, en un país como el nuestro en realidad no lo son.
En México existen evidencias constantes de una serie de violaciones a los derechos humanos; basta con abrir un periódico o ver un noticiero para ver cómo el Estado incumple o abiertamente viola los derechos fundamentales de muchos. Y esto, ni nos sorprende, ni indigna toda vez que parece que es normal o algo alejado de nuestra realidad.
La fuga del Chapo Guzmán sirve para mostrar cómo los derechos humanos son mal entendidos por las personas y las autoridades de nuestro país y son usados para justificar la ineficiencia.
Quienes el pasado 13 de julio esperamos escuchar en la conferencia de prensa del secretario de un acto de rendición de cuentas para la sociedad, un reconocimiento que la actuación de la autoridad federal había sido, por lo menos, no a la altura de lo que este país necesita y merece, nos quedamos esperando.
Sin embargo, lo que sí escuchamos fue un ejercicio de excusas y deslinde de responsabilidades donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mandó un mensaje que se puede entender así: Por respetar los derechos humanos de un delincuente, el Chapo se nos fugó… Si existían puntos ciegos en la celda del Chapo es por respeto a los derechos humanos de los internos… Y continuó: Todas las medidas de vigilancia para el resguardo del recluso se mantuvieron, hubo estricto apego a los protocolos, todo en un marco de respeto a los derechos humanos…
Pueden parecer poca cosa estas declaraciones, puede parecer natural que un funcionario defienda su posición, su desempeño y su bandera política; cualquier persona bajo escrutinio busca escudarse y descargar responsabilidades. Todo esto puede ser cierto si olvidamos que esa persona es un funcionario, que es el responsable de la seguridad e inteligencia del país, que es su obligación rendirle cuentas a la sociedad y que su opinión sobre los derechos humanos pesa.
En estos largos diez días, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ha sido el centro de artículos, debates, conversaciones y entrevistas. Para quienes nos dedicamos al tema de seguridad es imposible que en una conversación no surjan preguntas o comentarios sobre el tema. Por eso, confirmo que la forma en que la gente se refiere al respeto de los derechos humanos y el rol que juegan estos en la seguridad y justicia en el país es de mis grandes preocupaciones.
“Que se pudran en la cárcel, hay que matarlos de hambre”, “el único trato que merecen es un balazo”, “un delincuente muerto seguro no vuelve a delinquir”, “los derechos humanos son para las personas y quien ha delinquido ha demostrado ser un animal”; son argumentos que he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida profesional, pero que son comentarios textuales que también escuché en los días pasados sobre cómo debe ser el sistema penitenciario del país. Argumentos que se suman a otros que dicen que “los derechos humanos sirven sólo para proteger a los delincuentes” y donde lo que más me hace mella, es que vienen de personas respetables, sensibles, con una educación formal, en posiciones de toma de decisiones, gente que estimo, académicos, servidores públicos, periodistas, empresarios, activistas sociales, ciudadanos y autoridades que afirman que quien pisa la cárcel debe morir.
Pues sí, parece que sabemos poco de qué son los derechos humanos y parece que olvidamos que en un país que no se lucha por ellos se corre el riesgo de que se violen los nuestros. En una sociedad con instituciones tan débiles como se han demostrado las nuestras, donde los procesos de justicia son a modo, donde no se puede garantizar que quien está en las calles sea un inocente y en las cárceles culpable, denostar los derechos humanos no sólo es indignante sino debe ser considerado masoquismo.
Entiendo el enojo y rencor social, he sido víctima directa e indirecta de muchos delitos y sé qué significa querer venganza. Pero también reconozco que para eso tenemos un Estado, para que esa parte instintiva sea controlada, para garantizar que nadie, haya hecho lo que haya hecho, pierda su dignidad como persona. Por eso critico el mal argumento de nuestras autoridades, a manera de excusa, de por qué se fugó El Chapo, decir que por defender los derechos humanos de un reo, éste se fugó es querer descargar parte de la ineficiencia, la corrupción y la incapacidad institucional sobre algo que debe ser intocable: Los derechos fundamentales de cualquier persona.
Felicito al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien protestó por estas declaraciones, e insistió que, que se respeten la dignidad y los derechos fundamentales de la persona no debilita las condiciones de seguridad de un penal.
La solución para la debilidad institucional, para los procesos de seguridad y justicia no es ver los derechos humanos como enemigos del proceso o facilitadores de la impunidad sino combatir la corrupción, impulsar la capacitación, mejorar los protocolos de actuación y el apego a los mismos.
El Chapo se fugó, se fugó de la cárcel de mayor seguridad del país y la culpa no fue de procesos demasiado complejos de respeto a los derechos humanos, fue por la ineficacia e ineficiencia de nuestras autoridades, porque el Estado no fue capaz de combatir la corrupción o las amenazas a la policía penitenciaria, fue por soberbia o incapacidad de admitir las debilidades aún presentes en el sistema penitenciario y porque quien está encargado de la inteligencia del país falló.
No le echemos la culpa a los derechos humanos, trabajemos por fortalecer las instituciones. Como ciudadanos rechacemos todo tipo de ilegalidad y exijamos rendición de cuentas en la actuación de nuestras autoridades, quienes, cuando se demuestran ineficaces, lo mínimo es que deben renunciar.