La chayocracia se desató en contra de Marcelo Ebrard; con la enjundia característica de este gremio –acostumbrado no a argumentar, sino a gritar– lanzaron términos como Juanito, “fraude a la ley”, “felonía” y “grotesca coartada”. Son los servidores del status quo que viven de las dádivas del poder. Seguirán hasta el último momento intentando impedir la llegada de un opositor al régimen que es conocido por encima del 90% de la población del país. Saben bien que será una voz de peso en el Congreso, por su capacidad discursiva, trayectoria y habilidad política.
Evidentemente, quienes han lanzado esos calificativos no escucharon la discusión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Los representantes de los partidos se centraron en Marcelo Ebrard: el PRI y su satélite verde lo descalificaron de manera personal y pusieron sobre la mesa los términos Juanito y “fraude a la ley,” que más tarde reproducirían las plumas de la opinión mercenaria (sobra decir que el representante verde fue exhibido ipso facto en la sesión pues él fue diputado gracias a la renuncia de su propietaria, en el infame caso de evasión de las disposiciones sobre equidad de género que protagonizó su bancada); Movimiento Ciudadano y el panista Javier Corral respaldaron al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, señalando la persecución en su contra. Sin embargo, eso no fue lo relevante. Los consejeros electorales no debatieron sobre Marcelo Ebrard.
El debate de los consejeros se centró en el derecho humano a ser votado. Ciro Murayama dio lectura con gran tino al Artículo 1º de la Constitución, en lo relativo a la interpretación de normas sobre Derechos Humanos y el principio pro persona. Reflexionó también sobre el control de convencionalidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Yo no veo que exista posibilidad de que se anulen los derechos fundamentales de las personas, en este caso el derecho político fundamental… de ser votado por consideraciones de índoles administrativa… No me importa si se trata de un posible candidato cómo o incómodo, eso que se decida y se dirima en la arena de la política”, señaló Murayama.
El consejero José Roberto Ruíz Saldaña expresó también uno de los puntos que podrían cobrar relevancia en el resto del proceso de esta resolución: “No comparto en esa porción el Proyecto de Acuerdo [negar el registro a Marcelo Ebrard], me parece que pudo haber habido un planteamiento garantista, no veo de ninguna forma cómo darle un alcance a la sentencia de la Sala Superior, más allá de lo que a la letra dice”. En el mismo sentido se expresó el consejero Benito Nacif, quien explicó que la ley no prevé la pérdida del “derecho al registro”.
El PRI y su satélite tienen ahora la posibilidad de impugnar la decisión del INE de otorgar el registro a Ebrard como suplente. Políticamente, terminarían de exhibir la persecución en su contra que emprendieron primero desde la Secretaría de la Función Pública, luego en el Congreso con una Comisión Investigadora a modo y después con una serie de impugnaciones y la complicidad del Tribunal Electoral para eliminarlo de la contienda. Jurídicamente sería una completa aberración.
La primera sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue suficientemente cuestionable. Eduardo R. Huchim hizo un excelente análisis sobre esa decisión en Reforma: los magistrados Penagos, Alanís, Galván y González torcieron la ley para acreditar una supuesta simultaneidad que no se actualizaba, se vulneró el derecho constitucional a ser votado, los partidos impugnantes carecían de interés jurídico para impugnar y encima, echaron por la borda su propia jurisprudencia en ese último rubro.
En esta ocasión el Tribunal tendría que parir un auténtico engendro para revocar la resolución del INE. En primer lugar, porque tendrían que darle a su primer sentencia efectos que no tienen sustento constitucional ni legal, pues lejos de que el registro en cuestión se trate de una cosa juzgada, se trata de un acto jurídico distinto, con un fundamento jurídico distinto y una motivación muy diferente a lo que analizaron en un primer momento, como bien lo apunto en el INE el consejero Ruiz Saldaña, entre otros. Segundo, porque tendrían que darle a su primer sentencia un efecto de “inhabilitación” plena del derecho a ser votado, que sería completamente violatorio de Derechos Humanos, lo cual de cierta manera ya aludió Benito Nacif.
Si el PRI y su partido esbirro deciden impugnar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se verá ante un inconveniente de gran profundidad. Previamente, el grupo antes citado de magistrados ya exhibió su sumisión ante los designios de la coalición gobernante; en esta ocasión tendrían no sólo que mostrar servilismo, sino un pleno desconocimiento y desprecio por el derecho, además de una vena intolerante que sin duda será observada con cuidado no sólo en México, sino en el mundo.