Duro y contra ellas

Mientras que los “pro vida” pretenden evitar que un nuevo Código Penal Nacional permita causales de no punibilidad al delito de aborto, la violencia contra las mujeres y en particular los homicidios se mantienen al alza. Según el reporte que realiza María Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios, durante enero de 2019 se registraron 16 casos en el ámbito nacional y en 2018, mil 921 feminicidios.

El debate en torno del Código Penal único

No es coincidencia que en el entorno de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diversos actores políticos se hayan manifestado contra el aborto y “a favor de la vida”. El posicionamiento del tema en la agenda pública tiene relación con la necesidad de contar con un código penal único en el ámbito nacional, cuya creación enfrentará severas resistencias, particularmente en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de las familias homoparentales.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que un código penal único procuraría la protección a quienes interrumpen su embarazo y buscaría evitar su revictimización. Sin embargo, los actores “pro vida” se aprestan a dar la batalla con tal de impedir que el surgimiento de dicha norma emule los preceptos contenidos en el Código Penal del Distrito Federal vigente. Por su parte, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador respondió el viernes de la semana pasada, a pregunta expresa relativa a la despenalización del aborto que “no debemos abrir esos debates”, con lo que evidencia que los problemas de las mujeres no están en su agenda inmediata.

Las posturas respecto de la adopción homoparental por parte de Yasmin Esquivel Mossa y Celia Maya García, candidatas a ocupar el asiento que deja la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte, parecen significar un guiño a los “pro vida”, lo que no deja de resultar extraño si se parte del hecho de que forman parte de la terna propuesta por el presidente de la República, quien en apariencia tiene una postura liberal sobre este tema. Tampoco debe soslayarse el intento del Partido Encuentro Social, de derechas, por recuperar su registro, ni el hecho de que su dirigente, Hugo Eric Flores es actualmente el súper delegado federal en el estado de Morelos, lo que confirma la conjunción de los “pro vida” con López Obrador.

Más allá de las baladronadas de Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia contra la postura de la ex ministra Sánchez Cordero, los actos de los “pro vida” pretenden impedir el avance de la agenda a favor de la interrupción legal del embarazo, que debe ocurrir en ciertas circunstancias como la violación.

Destaca la reciente reforma a la Constitución del estado de Nuevo León, mediante la cual los legisladores incluyeron la protección “del derecho a la vida que todo ser humano tiene” desde el momento de la concepción.

Está también la iniciativa del senador priista Eruviel Ávila Villegas, quien pretende reformar la Constitución federal para “garantizar el derecho a la vida”, que según él “comienza desde la concepción”.

Y por si hiciera falta, la senadora por Morena, Lilly Téllez, para quien el aborto equivale al “asesinato de una persona”, anunció que en breve presentará “algo igual a lo que hizo el congreso de Nuevo León”, lo que hace suponer que se trata de una reforma constitucional sobre la misma vía que la expresada por el ex gobernador del Estado de México.

Todas estas iniciativas “pro vida” parecen desconocer dolosamente dos cosas: la primera, que el aborto es delito en todo el territorio nacional, pues está tipificado como tal en los 32 códigos penales de las entidades federativas, lo mismo que en el Código Penal Federal lo que, de entrada, exhibe la ignorancia de la ex comunicadora de Televisión Azteca en torno de este tema.

En segundo lugar, las iniciativas precitadas soslayan el principio de progresividad de los derechos humanos, contenido en el artículo 1o de la Constitución federal, que debe ser respetado sí o sí, lo que coloca a la suspensión del embarazo y a las excluyentes de responsabilidad del delito de aborto, contempladas en el artículo 148 del código local, como derechos que no pueden disminuirse bajo ninguna causa.

Las excluyentes de responsabilidad penal establecidas en el código penal son que el embarazo sea resultado de una violación, que la integridad de la mujer embarazada corra peligro, que el producto presente alteraciones genéticas o congénitas o bien que el aborto se produzca como resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada.

Protección al derecho a suspender el embarazo

La protección al derecho a suspender el embarazo también se encuentra implícito en los apartados relativos a los derechos sexuales y reproductivos de la Constitución de la Ciudad de México y en el artículo 32 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Estas normas jurídicas están diseñadas para proteger la vida de las mujeres, particularmente de las de bajos recursos, ya que son ellas —mayoritariamente— quienes pierden la vida o sufren secuelas graves, por la realización de procedimientos practicados en lugares clandestinos.

Se ha documentado que las mujeres con posibilidades económicas realizan la suspensión de sus embarazos en clínicas privadas, además de que quienes viven en estados donde la prohibición es severa, como Guanajuato y Querétaro, tienen la opción de viajar a la Ciudad de México para realizar el procedimiento y con ello reducir la posibilidad de ponerse en riesgo.

Al criminalizar la suspensión del embarazo por cualquier razón, se atenta contra las mujeres de bajos recursos. La lógica de las posturas de los “pro vida” no está en la protección de la vida, sino en la estrategia mediática y política que deriva en la condena hipócrita de la opinión pública respecto de los derechos de la Mujer.

Con su iniciativa de reforma constitucional, Eruviel Ávila pretende erigirse en el adalid de la defensa de las mujeres, aun cuando a su paso por el gobierno del Estado de México, nada hizo por evitar que dicha entidad ocupara el primer lugar en número de feminicidios.

Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio confirman que durante su periodo como gobernador, se cometieron mil 801 asesinatos de mujeres en dicha entidad, lo que revela la incapacidad del mexiquense y su desinterés por los temas de las mujeres.

Otros datos de la tragedia

El año pasado, el congreso del estado de Sonora incrementó la penalidad del delito de abigeato (robo de ganado); el artículo 132 de su Código Penal establece sanciones entre los 6 y los 15 años de prisión, mientras que el abuso sexual, tipificado en el artículo 213, contempla una pena de seis meses a cinco años de prisión, lo que deja en claro que en ese estado una vaca goza de mayor protección jurídica que una mujer.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio se ha venido incrementando anualmente en el ámbito nacional. Mientras que en 2015 se registraron 407 casos, en 2016 se contabilizaron 585; en 2017, 736 y en 2018, 845.

Si se comparan los meses de enero, ocurre lo mismo: en 2015 se registraron 32 casos, mientras que en 2019 fueron asesinadas 70 mujeres, es decir, un incremento del 119 por ciento en 4 años.

En enero de 2019, las entidades que presentaron mayor número de feminicidios fueron: Veracruz (10), Estado de México (9), Puebla (7), Chihuahua y Nuevo León (6 casos en cada estado), Sonora (5) y Chiapas (4). Apenas la semana pasada fue hallado el cadáver de una mujer originaria de Tuxtla Gutiérrez, sobre el tramo Tonalá-Arriaga, a la altura del monumento a Mariano Matamoros.

Este es el escenario en el que se conmemoró en México el Día Internacional de la Mujer. Lo peor que podría ocurrir es que la opinión pública perciba que tanto la sociedad en su conjunto como la mayoría de los actores políticos están en contra de la suspensión legal del embarazo y que dicha percepción sirva para presionar reformas constitucionales que atenten contra el principio de progresividad de los derechos de las mujeres.

No debe perderse de vista que aun cuando el gobierno federal ha reculado en lo relativo a la cancelación de los apoyos a los refugios para mujeres víctimas de violencia y que los amparos promovidos contra la determinación de López Obrador de cancelar los apoyos para las estancias infantiles eventualmente lo obligarán a mantener dicha política pública, su conservadurismo y su misoginia están siendo aprovechados por los “pro vida”, quienes ven en en la creación del Código Penal Nacional, la oportunidad para desmantelar los derechos de las mujeres.

Corrupción en la CDMX (II)

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