El fenómeno de la corrupción no es reciente en nuestro país. Se trata de un problema muy añejo y de hecho, no falta quien afirme que es parte de nuestra cultura como incluso lo ha señalado en más de una ocasión el presidente Peña Nieto quien, en la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia, tuvo una intervención muy desafortunada al decir que en este tema “no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra” con lo cual prácticamente acusaba a todos los mexicanos de formar parte de la misma.
Es cierto que durante décadas, los mexicanos hemos sido pasivos ante la corrupción que ha imperado en nuestro país en sus distintos niveles, quizá por resignación ya que no es fácil escapar a ella pues de lo contrario todo se complica -desde la realización de un simple trámite, hasta para acceder a los servicios públicos de salud, o para obtener un empleo o ganar una licitación-. Mientras políticos y empresarios amasan grandes fortunas y financian proyectos personales, el ciudadano común intenta sobrevivir en un sistema que conduce a la colusión, la dádiva, el influyentismo con total impunidad, pero no por ello se puede aseverar que la corrupción es parte de nuestra naturaleza. Más bien hemos tenido que aprender a lidiar con ella.
Son pocos los casos en que los responsables de medrar con el erario público reciben castigo, y generalmente ha sido por motivaciones políticas -para cobrar afrentas, encontrar chivos expiatorios o ante la necesidad de generar una percepción de cambio- sin que eso signifique que no hubiera elementos suficientes para procesarlos, o como excepción porque de plano rebasaron todos los límites que de por sí son sumamente laxos, y tuvieron la “mala suerte” de que sus excesos fueran del conocimiento público. Es decir, lo que se castiga es la deslealtad política o la falta de cuidado y no la ilegalidad de los actos.
Afortunadamente esto ha venido cambiando gracias a la trasparencia y al acceso a la información gubernamental, a la presión que se puede ejercer a través de las redes sociales, y a que paulatinamente la ciudadanía ha ido cobrando conciencia del grave costo de la corrupción recuperando con ello su capacidad de indignación y exigencia.
Sin embargo, todo indica que la que se resiste a cambiar es la clase gobernante quien mantiene una concepción patrimonialista del poder y de los recursos públicos. Continúan actuando igual y como ejemplo están los casos de Duarte, Padrés, Moreira, Medina, Borge e incluso de Ángel Aguirre cuando menos por su grave responsabilidad política en los hechos de Iguala.
Durante años se han exhibido principalmente en algunos medios de comunicación, presuntos hechos de corrupción en Veracruz, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo -sólo por citar algunos de los estados que se han vuelto más emblemáticos-, así como ostentosas propiedades atribuidas a los entonces gobernadores, familiares y miembros de su primer círculo. Pero supongo que esto no es lo que detonó la suspensión de sus derechos partidistas así como las largas investigaciones y muy reciente persecución policiaca de Duarte y Padrés, tampoco la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que tuvieron que aprobar a regañadientes, al que no le asignaron presupuesto y que en el mejor de los casos estará operando hasta dentro de un año.
Lo que probablemente motivó a las autoridades y a sus respectivos partidos a actuar, fue el hartazgo de la sociedad, la confrontación política y los costos que les han generado. De otra forma no se explicaría que estos personajes hayan podido “desaparecer”, y que Rodrigo Medina, Roberto Borge, Ángel Aguirre y sobre todo Humberto Moreira -quien incluso recibió apoyo del consulado mexicano-, anden tan tranquilos. Se trata de asuntos políticos y no de legalidad, quizá la corrupción sí sea una cuestión cultural, pero no de los mexicanos sino de gran parte de la clase política.
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