Para darle certeza a los cambios que el Ejecutivo Federal propuso en lo que va de su administración, debió comprometer a la clase política a sumar voluntades y aprobar lo relativo al tema anticorrupción, que se encontraba desde hace 2 años en Cámara de Diputados.
Esto pudo evitar que situaciones como los sucesos de los estudiantes de Ayotzinapa o más recientemente, el fraude a los ahorradores de Ficrea, se desbordara a causa de la corrupción en la clase política.
La culpa podría ser del PRD, partido que permitió postular como candidato a presidente municipal en Iguala, a José Luis Abarca, presuntamente sin conocer sus antecedentes de colusión con la delincuencia.
En el caso del fraude a ahorradores gran parte de la culpa podría atribuirse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que omitió investigar los antecedentes de los dueños de dicho grupo y permitiendo que se realizara una transacción de 500 millones de pesos, -como si se tratara del cambio de las tortillas-, y sin que llamara la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pero como contribuyente no sea que usted olvide, o no pueda, pagar sus impuestos en cantidad de algunos miles de pesos en algún mes del año, porque de inmediato su nombre es puesto en buró de crédito, el Servicio de Administración Tributaria le envía una docena de auditores para obtener de usted una confesión y compromiso de parte.
En el año que está por concluir han sido diversos los escándalos de corrupción, que impactan en el campo social, económico y de seguridad, con participación de la clase política.
Y cuando sólo algunos son los verdaderos beneficiarios del poder político, ocupando posiciones en el gobierno, en la que son identificados plenamente como integrantes del jetset mexicano, otros están “jodidos, pero contentos”, en palabras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y quienes sólo pueden aspirar a 2.85 pesos diarios como incremento al salario.
Para estos mirreyes o ladys que ocupan cargos públicos de responsabilidad, los problemas de política pública que conocen se circunscriben a los de su círculo de vida en Lomas o Tecamachalco en la ciudad de México; Cumbres o San Jerónimo en Monterrey, N.L. o Colinas de San Javier o Valle Real en Guadalajara, en las que desconocen que hay vida afuera de estas colonias, despreciando todo aquello que tenga que ver con lo social.
En este nicho podrían encontrarse directores de área, secretarios particulares, asesores o consultores, algunos de ellos pubertos maleducados, recién egresados de alguna facultad quienes a falta de talento político lo substituyen con dosis de desinterés, descortesía y hasta majadería, cuyo única preocupación es elegir el próximo destino en su viaje de placer, ya sea de playa o de ciudad. Algún país de Europa o Asia posiblemente será el mejor refugio para descansar de unas duras jornadas de trabajo, luego de la extenuante tarea de atender al público. No conocen límites y en el mejor de los casos, serán promovidos para alguna diputación federal plurinominal en las próximas elecciones del 2015, claro, porque no se les da convivir con la ciudadanía, motivo para devengar su salario.
Es probable que en servidores públicos como los señalados radique el retroceso o lento avance de algunas de las políticas públicas, como en seguridad pública, con la desesperación de sus creadores, quienes intentan a toda costa generar nuevas formas de interacción ciudadana, pero que en realidad, diversos factores como esta clase de servidores públicos son los que obstaculizan el avance del país.
Para estos servidores públicos, lo peor es que la misma ignorancia de los reales y verdaderos problemas del país, son los que los superan en capacidad para solucionar estas dificultades. Creen que la protesta social se generó por una nimiedad, sin que su triste realidad les dé el suficiente intelecto para comprender que en realidad los problemas de este país son estructurales, de fondo y comprometen a la economía, la seguridad o la política, teniendo como articulador a la corrupción y cuyas consecuencias son la impunidad.
La reforma anticorrupción debe ser un esfuerzo encabezado por ciudadanos o académicos sin vínculos políticos; no debe participar la clase política, con quien pudiera generarse compromisos para evadir su aplicación.
Por eso es que la deuda que el país tiene con el sistema anticorrupción es grande y “bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado [...]”: Benito Juárez, ideario político sobre la austeridad.
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