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Dos factores

Los donativos de los partidos políticos son en realidad dinero de la ciudadanía

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Escrito en OPINIÓN el

Hay dos factores que serán determinantes para que las labores de reconstrucción de todas las zonas afectadas en los estados de Chiapas, Guerrero, ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca, por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre pasado, sean lo más pronto posible: la corrupción y la burocracia.

En el caso de la corrupción, este problema viene a dificultar el restablecimiento de la normalidad, cuando es un factor que entorpece desde el reparto de despensas hasta las ayudas que pueda implementar o administrar la autoridad.

Como si se tratara de una subasta, los partidos políticos salieron buscar la voluntad ciudadana al mejor postor. Parece que el único que cayó por su propia boca fue el PRI, cuando en los siguientes días su presidente, Enrique Ochoa, acudió a las oficinas del INE para presentar por escrito la renuncia que hizo de las aportaciones del último trimestre de 2017, que equivale a 258 millones de pesos.

El recién creado Frente Ciudadano anunció su voluntad de apoyar a los afectados, sin que hasta el momento haya presentado de manera formal su voluntad. Para esto, Enrique Ochoa ha presionado por diversos medios para que el PRD y el PAN se comprometan con lo ofrecido. El único que no ha dicho nada es el sempiterno candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Pero aquí hay un juego de palabras. La ciudadanía no pide de los partidos políticos sus prerrogativas del último trimestre del año, sino que se comprometan a aportar la totalidad del gasto de las campañas políticas del siguiente año. Por otra parte, no se busca un donativo de estas entidades, sino que el dinero de la ciudanía sea desviado a la reconstrucción, sin que pase por las cuentas de los partidos políticos.

En segundo lugar, la burocracia inmobiliaria. Esta burocracia consiste en la tramitología para erigir un permiso de construcción.

Es en este nicho de la administración pública en donde se involucran las áreas de obras públicas, de medio ambiente, de protección civil, de vivienda, por lo menos, de gobiernos de los estados y municipios, de tal forma que además de los impuestos que se calculan en un 40% del valor de una construcción, hay que pagar el costo de la corrupción.

Este costo de corrupción es el que sale a relucir, sobre todo en ciudad de México, cuando se descubren relaciones sospechosas en contubernio de una posible mafia inmobiliaria con algunas autoridades delegacionales y diversas de las Secretarías y Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y quizás del Gobierno Federal, que tiene qué ver con la autorización de permisos de construcción o con la sobrecarga en la estructura de edificios, que vino a debilitar edificios, sobre todo cuando es sabido que de manera sospechosa colapsó el sistema informático que soportaba los nombres y cargos de los encargados de autorizar este tipo de obras y edificaciones.

Alguien debe asumir el costo político por estas conductas que causaron la pérdida vidas y la de un patrimonio. No es posible que edificaciones con unos meses de haberse entregado, como el Paso Exprés de Cuernavaca, hayan sufrido daños cuyos dictámenes arrojen la inhabitabilidad de dichos inmuebles; o bien, que se hayan autorizado permisos de construcción con evidentes daños producidos en sismos anteriores.

Por eso es que la ciudadanía se volcó en censurar los donativos que muy generosamente ofrecían los partidos políticos; porque no son donativos y porque es dinero de la ciudadanía.

@racevesj | @OpinionLSR | @lasillarota