El escenario público en el que se desarrolló la marcha conmemorativa del 51 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre, fue también utilizado con el propósito de restar visibilidad a las legítimas e históricas demandas de los manifestantes.
Mientras que las “fuerzas del orden” fueron actores muy secundarios de la puesta en escena, el “cinturón de paz” —constituido según Claudia Sheinbaum por 12 mil servidores públicos ataviados con una playera blanca rotulada ad hoc— se posicionó como el actor principal del montaje promovido por el presidente de la República y secundado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Y para que la narrativa tuviera elementos de tensión, los grupos llamados “anarquistas” —vestidos ellos de negro— pusieron la nota violenta al punto de tipificar delitos de daño a la propiedad, que de conformidad con el artículo 239 del Código Penal del Distrito Federal vigente, podrían alcanzar hasta siete años de prisión y seiscientos días multa, si el valor del daño excediera de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta —o Unidad de Medida y Actualización— de la Ciudad de México, que equivale a 63 mil 368 pesos.
Ello sin contar con que las acciones de los anarquistas tipifican —en relación a los 14 lesionados— un delito cuya pena va de los seis meses a los dos años de prisión, en el supuesto de que el daño físico causado tarde más de quince días en sanar.
Para que la artificial narrativa de buenos —de blanco— contra los malos —de negro— tuviera cabida, el gobierno de la Ciudad de México pasó por encima del principio de legalidad, al permitir que servidores públicos —sin atribuciones para ello— ocuparan el lugar que corresponde a la los elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.
Si el gobierno de López Obrador hubiera querido que la manifestación trascurriera sin hechos delictivos y sin violencia, bien pudo disponer de la información que le proporciona el Centro Nacional de Inteligencia —antes Cisen—, a efecto de disuadir previamente a los grupos de “anarquistas” identificados, quienes inclusive se anduvieron organizando a través de las redes sociales.
Al final de los disturbios, cuadrillas de limpieza del gobierno capitalino se aprestaron a barrer, pintar y componer los desmanes causados a las vías de comunicación y al mobiliario urbano, mientras que los “anarquistas” fueron retirados de la escena por supuestos policías vestidos de civil, que nunca los pusieron a disposición del Ministerio Público.
La puesta en escena cumplió con su cometido: restó visibilidad a las legítimas demandas de los manifestantes, al tiempo que le permitió al gobierno el comprobar que puede poner a ciudadanos a vigilar a ciudadanos, mientras se impide que las fuerzas del orden actúen de conformidad con sus atribuciones. El Estado de Derecho y la legalidad sacrificados en aras de posicionar un artificial discurso pacifista.