Imagine por un momento que es madre de una hija quien tiene una relación sentimental con una persona que está presa. En un día de visita, usted la acompaña a la entrada del centro de reclusión varonil en ánimo de solidaridad y decide esperar en las afueras. Las horas pasan, los tiempos de citas expiran, y ella no vuelve. Al preguntar a los oficiales de las instalaciones, nadie conoce su paradero. Ese día la hija entró, nunca salió, y hoy no se sabe en dónde está.
Esta es una historia de otras que se cuentan en el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre su visita a México, que se conoció hace unos días. El texto desarrolla la situación de las desapariciones en el país, los desafíos estructurales que han provocado su crecimiento exponencial en los últimos 15 años, y las condiciones mínimas para erradicarlas.
Según el Informe, entre 2006 y 2021 se da un incremento exponencial que “evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’…”. Para tomar mayor dimensión, basta con entrar a la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación.
Desde 1964 hasta abril de 2022, se contabilizan en el registro 99 mil 78 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 82 mil 691 sucedieron entre 2006-2022. Con Calderón se registraron 16 mil 880, con Peña Nieto 35 mil 142, y con López Obrador va en 30 mil 669. Los estados en donde más desapariciones sucedieron son Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua y Estado de México y Guanajuato. Los dos últimos sobresalen por tener la mayor cantidad de mujeres desaparecidas con más de 10 mil y 7 mil, respectivamente.
El Informe señala que el repunte incremental de las cifras atiende a un deterioro sistémico en donde el crimen organizado, funcionarios de los niveles federal, estatal y municipal, y la colusión entre ambos bandos, generan un estado de indefensión e impunidad. Apenas un rango de entre el 2 y 6% de los casos han sido judicializados y apenas existían, hasta noviembre de 2021, solo 36 sentencias por casos de desaparición en todo México.
A las cifras de desapariciones se suman otras: las de personas fallecidas sin identificar cuyos restos permanecen en el olvido de las fosas comunes o los servicios forenses. Cerca de 52 mil cuerpos están a la espera de ser identificados y, según estimaciones que le fueron proporcionados al Comité, tendrían que esperar hasta 120 años dadas las condiciones actuales de investigación forense.
El Comité da una serie de recomendaciones para erradicar el problema de las desapariciones en México, que incluyen el fortalecimiento institucional para los procesos de búsqueda, la coordinación entre autoridades, el levantamiento de obstáculos para la judicialización, la atención de la crisis forense, y hacer un lado la militarización de la seguridad pública, entre otros. Pero uno de los puntos críticos está en la visibilidad social y el conocimiento público de este fenómeno.
En uno de los testimonios recogidos por el Informe, se incluye el de una persona que nunca imaginó estar en una situación de tener a un familiar desaparecido, hasta que el largo brazo de la desgracia llegó a su hogar. Esta desconexión entre el fenómeno y el vivir cotidiano debilita el esfuerzo colectivo de demandar al Estado una política de erradicación eficaz. Ojalá sea innecesario que las desapariciones toquen nuestras puertas para alzar la voz y exigir lo que nos corresponde: un país seguro en donde estemos todas y todos.