Opinión

¿Dónde está la bolita?

En el juego de la ocultación y la opacidad, el gobierno la hace de trilero y los comisionados de Transparencia, de paleros. | Adolfo Gómez Vives

  • 07/11/2021
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Desde su inicio, la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha diferenciado de las anteriores, por modificar ilegalmente las atribuciones de las dependencias del Poder Ejecutivo, sin respeto alguno por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por ejemplo: la adquisición de medicamentos y materiales de curación dejó de ser atribución exclusiva de las instituciones facultadas para ello —como es el caso de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE—, para convertirse en obligación de la Secretaría de Hacienda, cuyos funcionarios no cuentan con el conocimiento ni la experiencia relativa a las particularidades que demanda la adquisición de dichos insumos.

La construcción del aeropuerto de Santa Lucía que —en todo caso— debió ser responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pasó a ser atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la administración de dicho aeródromo estará a cargo de una Sociedad Anónima, en la que el instituto castrense tiene 99 por ciento de las acciones, por lo que sus ingresos no formarán parte de la hacienda pública.

Esta manipulación de atribuciones no es un conjunto de actos realizados por ignorancia. Se trata de movimientos perversos que tienen varios objetivos: el más importante, ocultar las acciones, los costos económicos reales y la identidad de los verdaderos beneficiarios de los procesos de contratación. Por eso la adjudicación directa ha sido el mecanismo más socorrido de las dependencias del gobierno federal, quienes han usado el pretexto de la pandemia para evadir los procesos licitatorios a que obligan las leyes de adquisiciones y obras públicas.

En el intríngulis, el Instituto Nacional de Transparencia ha jugado un papel determinante como colaborador de la opacidad del gobierno de López Obrador. En mayo pasado, el comisionado Óscar Guerra Ford anunció a través de redes sociales, la creación de una “Plataforma de Gestión Diplomática de Vacunas covid-19” a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se trata de una página de internet no vinculada a la Plataforma Nacional de Transparencia, como debiera. Contiene contratos censurados en lo referente al costo de adquisición de las vacunas y otros aspectos de interés público. En ninguna parte se hace mención de la famosa vacuna Sputnik, ni de las negociaciones relativas a la “mexicana” Patria, cuya investigación fue realizada en la escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai, en Nueva York. Vacuna, por cierto, de la que a la fecha no se sabe nada.

Los contratos publicados en la plataforma de Relaciones Exteriores están firmados por el secretario de Salud y no por Marcelo Ebrard, por lo que no se entiende qué hacen allí, además de entorpecer el acceso expedito a la información.

Por si fuera poco, el gobierno federal ha tenido la ocurrencia de contratar a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), para que dicha instancia de Naciones Unidas realice la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2021 a 2024.

La ex comisionada ciudadana de transparencia del extinto IFAI, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ha exigido al Instituto Nacional de Transparencia que garantice el derecho fundamental de acceso a la información pública en lo relativo a los procesos de adquisición de medicamentos que realizará la UNOPS, cuyo monto asciende a 6 mil cinco millones de dólares, de los cuales dicha instancia de Naciones Unidas cobrará, al menos el 1.25% de comisión.

El Instituto Nacional de Transparencia no contempla a la UNOPS como sujeto obligado, a pesar de que sí reconoce a otros veinticinco organismos internacionales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, la Unesco o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México.

Entre los argumentos de Pérez-Jaén destacan que la UNOPS “asume funciones que corresponden al gobierno, ya que en su nombre y por cuenta del Gobierno Mexicano, se encarga de adquirir medicamentos y material de curación”; además de que “recibe y ejerce recursos públicos para la adquisición de los insumos médicos”, lo que posiciona a dicha institución dentro de los supuestos de obligación contenidos en el artículo 6o constitucional.

Hasta la semana pasada, México registró más de 620 mil muertes en exceso ocasionadas por la pandemia, según datos oficiales de la propia Secretaría de Salud, con lo que nuestro país ocupa el cuarto lugar en el ámbito mundial en porcentaje de defunciones ocasionadas por la covid-19, sólo superados por Bolivia, Ecuador y Perú.

El gobierno mexicano ha incumplido sistemáticamente con su obligación de informar con veracidad respecto de la tragedia que ha significado el desabasto de medicamentos para la atención del cáncer y otras enfermedades, además de la criminal gestión de la pandemia. La opacidad del gobierno federal, como el “juego de la bolita”, es característica común de estafadores, donde los comisionados de Transparencia han hecho las veces de paleros. Veremos si en el tema de la UNOPS se ponen a la altura de las circunstancias o si se pronuncian a favor de la opacidad.

 

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