El 19 de mayo de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una ley local, aún vigente, cuyo objeto es la protección de tres derechos de la personalidad: vida privada, honor y propia imagen, los cuales no pueden ser limitados o suspendidos, ni siquiera cuando una persona determinada hubiera sido sentenciada por la comisión de un delito.
La Ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal define al honor como “un bien jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación” que las personas tienen de sí mismas. El daño al honor ocurre cuando se difunden expresiones estigmatizantes, que lesionan la dignidad de una persona física o moral, pues derivan en el menoscabo de su estima.
Más allá de estar contenida en una norma jurídica, la protección del honor de personas físicas y morales representa una obligación de respeto que debería ser observada por todas las personas, en especial por los servidores públicos y por los medios de difusión.
Tratándose del presidente de la República, se esperaría que sus alusiones a los gobernados, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de difusión fuesen respetuosas y sin el uso de calificativos estigmatizantes, injuriosos, calumniosos o difamatorios —como correspondería a su investidura de jefe del Estado mexicano— al margen de que concuerde o no con los argumentos o ideologías de aquéllos.
En ese sentido, es correcta la rectificación del presidente de la República, de referirse a Joaquín Guzmán Loera por su nombre y no por su apodo, a pesar de que éste haya sido sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, homicidio y “lavado” de dinero. Sin embargo, el presidente no observa el mismo respeto para todos. Por ejemplo, al periódico Reforma lo ha calificado de “pasquín inmundo” y de “boletín del conservadurismo y del salinismo”.
La semana pasada, las organizaciones internacionales de la sociedad civil: Article 19, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, redactaron una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, en la que externan su preocupación por el “discurso estigmatizante a medios y periodistas” proveniente del jefe del Ejecutivo y que ha sido replicado por diversos actores políticos en los ámbitos estatal y municipal, lo que ha generado “contextos en que las declaraciones contrarias al periodismo son la política de comunicación de distintos funcionarios públicos”.
La carta de las organizaciones de la sociedad civil constituye una condena pública hacia las agresiones contra la prensa, generadas en el ámbito del gobierno federal, pero también por parte de diversos gobiernos locales y municipales; es un llamado al presidente de la República, para que sus actuaciones ocurran en los terrenos de la reflexión racional y el respeto a los derechos de los gobernados.
Cuesta trabajo concebir que el representante del Estado mexicano demuestre más respeto por una persona sentenciada a cadena perpetua por la comisión de diversos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, “lavado” de dinero y crimen organizado, que por los medios de difusión y los periodistas que lo mismo han documentado la corrupción de administraciones pasadas, que de la presente.