Opinión

Doble engaño en encuesta promovida por una A.C.

Datos personales entregados por particulares para promover juicio político a ex mandatarios podría utilizarse para validar creación de partido político.

  • 27/01/2020
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Carlos Cuéllar es el nombre de un “activista” que decidió —con la debida autorización del gobierno local— poner una pequeña carpa en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, desde la cual se dedica a recabar las firmas de los transeúntes, a efecto de “ayudar” a Andrés Manuel López Obrador para que éste “enjuicie a los ex presidentes” de la República.

Su iniciativa parte de los dichos del propio jefe del Ejecutivo, quien en marzo del año pasado propuso la realización de una consulta pública sobre el tema, la que luego canceló hasta que el Congreso reformara el artículo 35 constitucional, según sus propias palabras. Desde entonces, dicho artículo —referente a los derechos de la ciudadanía— ha sido reformado en tres ocasiones: el 26 de marzo, el 6 de junio y el 20 de diciembre de 2019, lo que se puede corroborar consultando el Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa del señor Cuéllar tiene varios detalles intrigantes:

El primero y quizá el más relevante, es que el presidente de la República no es autoridad competente para enjuiciar a nadie. El inicio formal de indagatorias de carácter penal, en el ámbito federal, corresponde a la Fiscalía General de la República —a través del Ministerio Público Federal— cuya naturaleza jurídica es la de un órgano de autonomía constitucional; es decir, que no depende en modo alguno del jefe del Ejecutivo.

Por tanto, si los ex presidentes cometieron delitos del fuero federal, su persecución no está en función de la realización de una consulta popular; bastaría con que existieran denuncias concretas ante la FGR para que ésta abriera carpetas de investigación y procediera conforme a derecho.

En sentido contrario, sin elementos probatorios suficientes para proceder penalmente, de nada serviría que los más de 88 millones de ciudadanos mexicanos registrados en el padrón electoral firmaran a favor del juicio contra los ex mandatarios, ya que la FGR no podría proceder, pues los juicios de carácter penal no se inician a contentillo de los gobernados.

Otro tema relevante es la prescripción de los delitos. Habría que elaborar un análisis caso por caso de los hechos que la Fiscalía pudiera probar y de su eventual prescripción. El señor Cuéllar dice a los potenciales firmantes que el delito de traición a la patria no prescribe, lo que resulta falso a los ojos del capítulo VI del Código Penal Federal y de los artículos relativos a dicho tipo penal.

Uno de los integrantes del grupo del señor Cuéllar me dijo que lo que pretenden es iniciar un “juicio político” contra los ex presidentes, lo que pone de manifiesto su ignorancia respecto a lo establecido en el artículo 110 constitucional, pues dicho procedimiento sólo es aplicable a los servidores públicos en funciones y no a quienes ya han dejado el encargo, como es el caso de los ex presidentes.

Afirman estos “activistas” que su labor está fundamentada en el artículo 35 constitucional, pero —convenientemente— olvidan mencionar que el numeral 4o de la fracción VIII de dicho artículo obliga a que sea el Instituto Nacional Electoral quien organice, difunda, desarrolle, contabilice y realice la declaración de resultados de un ejercicio de esa naturaleza, además de que debe validar que el número de participantes equivalga “al dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”, lo que invalida jurídicamente el resultado que este simpático “ejercicio ciudadano” pudiera alcanzar.

En el canal de YouTube, denominado kakagoto77, dedicado a promover dicho movimiento, aparece un video en el que se observa al actor Ariel López Padilla votando a favor del juicio contra los ex presidentes, en dicha carpa instalada en el zócalo capitalino. López Padilla y Nicolás Mollinedo Bastar, “Nico” —ex chofer de López Obrador— pretenden crear un partido político satélite a Morena denominado Movimiento Ambientalista Social por México, A. C., la misma asociación civil que acuerpa al señor Carlos Cuéllar, promotor de la encuesta señalada, lo que demuestra que el video no es casual.

Movimiento Ambientalista Social por México, A. C., es una de las 85 organizaciones que pretenden constituirse en partido político y competir en las elecciones de 2021, a las que el INE ha notificado su procedencia.

Pero también demuestra algo más preocupante: que las personas de buena fe que asientan su firma y sus datos personales para promover un improcedente juicio contra ex presidentes de la República, en realidad están ayudando a formar un partido político satélite afín a Morena y a López Obrador.

Encima, la Asociación Civil denominada Movimiento Ambientalista Social por México, A. C., estaría violando los preceptos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, pues al momento de la recolección de firmas no presentan el aviso de privacidad que exige dicha norma y que sanciona el Instituto Nacional de Transparencia.

Otro engaño, la encuesta para enjuiciar a ex presidentes.