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División de Poderes

La separación de poderes, consecuencia de las ideas políticas del grecolatino Polibio y retomadas por el Barón de Montesquieu en el “Espíritu de las Leyes”, parte de la premisa esencial del equilibrio en el ejercicio del poder a través del control de pesos y contrapesos, de la fragmentación de su ejercicio, de la imposibilidad institucional de reunir dos poderes en una misma persona y, por supuesto, de la coordinación en el ejercicio de facultades y atribuciones entre los mismos.

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Escrito en OPINIÓN el

La división de poderes funge también como elemento para el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas en dos vías. Por un lado, en tanto que sólo la autoridad que cuenta con facultades constitucionales concretas y específicas, es aquella que puede llevar a cabo los actos de autoridad que le están atribuidos (principio de legalidad) y, por el otro, la fragmentación del poder tiende a una mayor democratización de las sociedades (contrario a la concentración).

Además del respeto a los derechos fundamentales y al hecho de que el sistema de división de poderes es un arreglo institucional que propicia la democratización, la esencia de la división de poderes debe asentarse en la colaboración. No se trata de antagonismos sino que, a partir de la oposición, las instituciones (sobre todo el poder ejecutivo y el legislativo) deben cooperar y colaborar hacia un fin común.

En una democracia constitucional, los poderes se presuponen los unos a los otros y son prerrequisitos esenciales en su estructura operativa y en su funcionamiento, tanto por lo que hace al ejercicio de sus atribuciones, como por el control recíproco que ejercen.

A partir de 1997 ningún partido político ha tenido mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y lo mismo ha ocurrido en el Senado de la República desde del año 2000. Lo que implica que el Presidente de la República no ha tenido mayoría en el Congreso a partir de esas fechas. Ese hecho ha generado un cambio en las relaciones y dinámica política y funcional entre los poderes ejecutivo y legislativo.

A partir de entonces, la división de poderes en su esencia y razón de ser ha ido en crecimiento: colaboración, ejercicio de las facultades de control recíproco y, sobre todo, ejercicio de la política. Esto ha ocasionado que el Congreso ejerza una mayor oposición al Presidente de la República, en tanto que la actividad política de llegar a acuerdos y consensos, recobra una mucha mayor importancia en la política mexicana.

Mucho se ha hablado de ingobernabilidad y sobre todo de que la articulación estructural del sistema político y el multipartidismo no facilita, o impide, que se lleguen a acuerdos sustanciales en cuestiones estructurales para el país. El Pacto por México es un buen contrargumento a lo anterior. Aun así, la reforma político electoral a la Constitución del 10 de febrero de 2014 estableció la posibilidad para que el Presidente de la República, opte en cualquier momento de su gestión, por un gobierno de coalición.

Esta figura sin precedentes en la historia política y constitucional de México, presupone por un lado, que el Poder Ejecutivo necesita de una mayoría en el Congreso para facilitar acuerdos y avanzar en la propuesta de su gobierno. Sin embargo, presupone también la inhabilidad institucional para hacer, llegar y sostener acuerdos con la oposición (de cualquier partido político).

El quehacer político consiste en dialogar, debatir y discutir para lograr que una mayoría tome decisiones y las sostenga en beneficio de los gobernados. Los gobiernos de coalición, si bien pueden ser útiles para tal efecto, parten del hecho de que el Presidente de la República, por sí mismo no podrá conseguir los objetivos de su gobierno, lo que le lleva a necesitar de una asociación con alguna fuerza política al interior del Congreso.

El hecho de que un presidente no vislumbre la posibilidad de generar acuerdos políticos con la oposición, es un elemento que indica que le será difícil articular o negociar, de inicio, un gobierno de coalición. Sobre todo si se toma en cuenta que el incentivo para la oposición serían carteras en algunas secretarías de estado y, previsiblemente, incorporación de algunos programas y políticas públicas de parte del gobierno federal.

Hay que agregar que en México el sistema electoral es de suma cero: el que pierde no se lleva nada. Así que se observa difícil que un partido que perdió en las elecciones, decida respaldar el gobierno del partido que venció. Además, tenemos elecciones federales cada 3 años, que hace que la agenda política del país sea altamente electoral, lo que de suyo haría muy difícil que se articule a los gobiernos de coalición optativos como una salida viable para la gobernabilidad.

Por otro lado, los gobiernos de coalición ponen en entredicho la institución de la representación, toda vez que para que un esquema de co-gobierno funcione, los partidos coaligados deben de pactar ciertas políticas, leyes y sentidos sociales, por lo que se presumiría que en el Congreso, los integrantes de la coalición votarán en función del acuerdo que la creó.

Si bien los gobiernos de coalición podrían facilitar la gobernabilidad a través de la generación anticipada de consensos sobre ciertos temas (esencia final de la política), se opta por un mecanismo alternativo que supuestamente propiciará acuerdos, cuando esa falta de acuerdos (insisto, el Pacto por México demostró lo contrario), es consecuencia de la eficacia de la política misma.

Sea de una forma u otra, ahora el sistema político mexicano cuenta con un mecanismo de colaboración íntimo, que debería de propiciar a la gobernabilidad por medio de la construcción de acuerdos previos a través de los gobiernos de coalición. Esta institución entrará en vigor en el 2018 y será optativo para el próximo presidente, y los subsecuentes, ejercerla.

Lo positivo de los gobiernos de coalición, más allá de propiciar consensos, como causa natural de la actividad política, será la responsabilidad compartida del poder legislativo y ejecutivo ante los gobernados. Si efectivamente algún presidente opta por articular un gobierno de coalición y existe un partido de oposición (que perdió en las elecciones) que esté conforme con coaligarse, tendremos una momento político que, unirá en colaboración sustantiva a dos poderes del Estado y, de forma implícita nulificará a la oposición.

@gstagle