Un gobierno sustentado en mentiras y simulaciones no puede ser un buen gobierno.
La promesa del candidato López Obrador de retirar al Ejército de actividades relacionadas con la seguridad pública, quedó sepultada con el diseño de una Guardia Nacional integrada por militares y controlada en los hechos por el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A la farsa de la rifa del avión presidencial se suma la opacidad en el manejo de los recursos obtenidos por la venta de los cachitos, pues el pago de los premios fue cubierto con recursos provenientes del flamante Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
El 8 de octubre de 2020 —hace casi nueve meses— el presidente de la República se comprometió a presentar “en un lapso de diez días” las pruebas de la supuesta corrupción con la que operaban los 109 fideicomisos públicos que el gobierno decidió desaparecer. A la fecha no sólo no ha presentado dichas pruebas, sino que tampoco se conoce el destino de los 50 mil millones de pesos que formaban parte de sus patrimonios.
Sin planeación, sin resultados positivos que presumir, el gobierno federal se apresta a realizar —el domingo 1 de agosto— una consulta pública “para juzgar a los expresidentes”.
La farsa —que tendrá un costo de 528 millones de pesos— es en sí misma un distractor respecto de los grandes problemas nacionales, pues bastaba con que el presidente de la República denunciara a los exmandatarios por la probable comisión de delitos ante la Fiscalía General de la República, para que ésta procediera a la investigación de los hechos y su eventual consignación ante las instancias jurisdiccionales.
Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permiten constatar que en los primeros 31 meses del gobierno de López Obrador se cometieron 86 mil 370 homicidios dolosos, casi 63 por ciento más que los ocurridos durante el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón y casi 50 por ciento más que los registrados durante el mismo lapso del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según la Unesco, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha destinado a la investigación y al desarrollo nos posicionan en niveles similares a los del África Subsahariana, extremadamente lejos de países como Corea del Sur o Israel. Asimismo, ocupamos el deshonroso tercer lugar en exceso de mortalidad por Covid-19, Sólo debajo de Perú y Bulgaria.
Datos del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 del Coneval, precisan que en 2018 el porcentaje de mexicanos en pobreza ascendía a 41.9 por ciento, mientras que para 2020 dicha proporción alcanzó el 56.7 por ciento, lo que representa 70.9 millones de personas en dicha situación.
Ante el desastre en que se ha convertido la administración de López Obrador, el uso de distractores y argumentos que estimulan la división de los mexicanos, son las herramientas con las que sustituye la falta de resultados y la total ausencia de política públicas racionales y coherentes.
El tamaño del rechazo social a su incompetencia será directamente proporcional al número de personas que decida no participar en una consulta carente de sentido y de efectos prácticos en términos de justicia.