Opinión

Distancia entre ciudadanía y autoridades

El muro es un duro símbolo de la distancia y discrepancia que existe entre el movimiento de mujeres y el gobierno federal. | Edgar Cortez

  • 12/03/2021
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El desencuentro entre ciudadanas y ciudadanos con las autoridades se agranda y agrava. En los últimos tiempos han sucedido varios distanciamientos.

En torno al 8 de marzo, mientras las mujeres reclaman poner un alto a la impunidad que prevalece en los casos de violencia sexual y feminicidio,     que las instituciones de seguridad y procuración de justicia mejoren y adecuen su trabajo para asegurar el acceso a la justicia; el presidente descalifica al movimiento acusándolo de estar manipulado o de estar alentado por ideas extranjeras.

El muro colocado en Palacio Nacional resultó un duro símbolo de la distancia y discrepancia que existe entre el movimiento de mujeres y el gobierno federal.

Como parte del desencuentro está la negativa de avanzar en el reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. En enero pasado la secretaria de Gobernación, manifestó que el gobierno federal no promovería la despenalización del aborto en todo el país, porque el presidente no estaba de acuerdo.

Otro ejemplo de distancia creciente es lo que sucede en el Senado con la discusión sobre la iniciativa de ley de la Fiscalía General de la República. Hace poco más de dos años, la antigua Procuraduría General de la República cambió de nombre a Fiscalía General de la República (FGR).

Esta modificación fue posible gracias a una ley orgánica que se discutió y aprobó en el Senado en 2018, impulsada de forma decidida por el colectivo #FiscalíaQueSirva. Dicha ley marcaba una posible ruta para efectivamente transformar la institución.

Lamentablemente el cambio no sucedió y la principal razón es que el Fiscal, Alejandro Gertz, nunca ha tenido voluntad de cambio sino de mantener a la institución en el viejo modelo de institución jerárquica, opaca y autoritaria.

Luego de una serie de diálogos cupulares entre el senador Ricardo Monreal y el Fiscal, el pasado 7 de octubre el primero presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica y dar paso a una nueva ley de la Fiscalía además de modificar más de 60 leyes.

El problema es que la propuesta considera que la autonomía de la institución es no colaboración con el resto de las instituciones del Estado para alcanzar objetivos comunes, como puede ser la localización de las personas desaparecidas.

A pesar de muchas voces críticas, entre las que están los familiares de personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, el Senado se obstina en aprobar una ley que afecta los derechos de las víctimas.

Un desencuentro más será la imposición de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero, puede ser la evidencia que Morena insiste en volver a un violador gobernador.

Estas decisiones son agravios a las feministas, a las mujeres y a todas las personas que trabajan porque la justicia sea accesible para todas y todos, e impiden impulsar los cambios necesarios para el país.

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