En materia electoral, una vez que ha pasado la elección y se ha entregado la constancia de presidente electo al candidato ganador, es momento de pensar en las reformas que tienen que hacerse al marco normativo que regula el sistema electoral y de partidos.
Muchos son los temas que hay que repensar con el objeto de determinar si los ajustes que tienen que realizarse son menores o si, por el contrario, se necesita una cirugía mayor. Entre los temas de debate, el que con mayor frecuencia se discute, es el del financiamiento público de los partidos políticos.
Este tema tiene diversos matices y formas de ser analizado, el primero y más evidente, es que al ser los recursos públicos limitados, lo que se destina a los partidos políticos, es dinero del erario que deja de destinarse a otras cuestiones de primera relevancia.
Es cierto, los partidos políticos en México cuestan mucho dinero a los mexicanos. También es verdad que existen otros sistemas electorales en el mundo que, o bien no destinan recursos públicos a los partidos políticos, o el dinero se les otorga cuando han demostrado en las urnas que tienen un determinado porcentaje de representatividad entre los ciudadanos.
La realidad mexicana es distinta. De los datos que aporta el dictamen consolidado y la resolución de los informes de gastos de campaña aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la primera semana de agosto, uno de los que merece observarse con atención es que el 88% de los más de 10 mil millones de pesos auditados por el INE, provienen de las prerrogativas que la ley otorga a los partidos políticos. Esta información es relevante porque implica que las elecciones son cada vez más equitativas y que se conoce casi en su totalidad la fuente y el destino de todos los recursos de los partidos en todo el país.
La importancia de que casi todo el gasto electoral en las campañas provenga del erario público consiste en que con este financiamiento puede controlarse la injerencia del crimen organizado y el narcotráfico en nuestras elecciones. Si bien a nivel local la ola de violencia política desatada en el proceso electoral evidencia la presencia de estos grupos delincuenciales en las elecciones, no puede decirse aún que sea un fenómeno generalizado.
La cuestión entonces a debatir, estando de acuerdo con la reducción del financiamiento público a los institutos políticos, es determinar cuál es el límite adecuado para poder seguir aislando e impidiendo la presencia del crimen organizado en las elecciones o bien, inhibir que personas de estos grupos accedan a un cargo de elección popular. Las elecciones deben estar blindadas a la influencia de estos grupos que solo pretenden mermar la independencia y autonomía de las personas que acceden a un espacio público y tener acceso al poder para tener al país como rehén de las actividades ilegales a las que se dedican.