Opinión

Discusión relevante en el Congreso

La posición del gobierno es muy clara y al parecer no está dispuesto a explorar otras alternativas. | Agustín Castilla

  • 14/02/2019
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Todo apunta a que este segundo periodo de sesiones de la LXIV Legislatura, que inició el pasado 1º de febrero, también será muy intenso por los múltiples temas que se habrán de discutir de acuerdo a la agenda legislativa que presentaron los grupos parlamentarios, así como los nombramientos que tendrán que procesar entre los que se encuentran: una ministro de la Suprema Corte, un comisionado del INAI, magistrados electorales de salas regionales, integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, del Consejo de Pemex, aunado a que desde la legislatura pasada está pendiente la designación de magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Tan sólo en la Cámara de Diputados, el ahora partido en el gobierno registró 40 asuntos que pretende impulsar como la reforma laboral, la ley de austeridad republicana, una nueva ley de propaganda gubernamental que abrogue la de comunicación social -que apenas fue aprobada a finales de la anterior legislatura-, revocación de mandato, modificaciones a la consulta popular, eliminación del fuero, además de la legalización del uso recreativo de la cannabis que es una de las principales propuestas del grupo parlamentario en el Senado.

En el caso de los grupos parlamentarios de oposición, las posibilidades de que puedan prosperar los temas que plantean en sus respectivas agendas legislativas son muy pocas, en tanto que Morena prácticamente tiene asegurados los votos suficientes para aprobar cualquier iniciativa relativa a legislación secundaria que sólo requiere de mayoría simple. No obstante, tratándose de reformas constitucionales la historia es distinta pues necesitan el apoyo de 9 legisladores en cada cámara para lograr la mayoría calificada, si consideramos que de los 85 votos que se necesitan en el Senado, entre los partidos aliados suman 76 (Morena 59, PT 6, PVEM 6, y PES 5), y en la Cámara de Diputados 325 (Morena 256, PES 30, PT 28, y PVEM 11) de los 334 requeridos.

Seguridad y justicia


La mayoría de los temas previstos para este periodo tienen su propia importancia y complejidad, pero probablemente las discusiones más relevantes por sus consecuencias presentes y futuras son las que se están llevando a cabo en este momento respecto a la creación y sobre todo las características de la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa también conocida como prisión automática. Ello sin menoscabo del debate que se habrá de debatir posteriormente en otro tema de gran trascendencia que se refiere al modelo educativo.

La posición del gobierno es muy clara y al parecer no está dispuesto a explorar otras alternativas para atender el grave problema de inseguridad y violencia que sigue azotando al país. Su apuesta está en encomendar a las fuerzas armadas las tareas de seguridad pública -aunque se pretenda matizar con un supuesto mando civil-, lo que ha enfrentado la oposición de organizaciones, especialistas y defensores de derechos humanos soportada en evidencias y criterios internacionales, quienes sostienen que el mando y conformación de la Guardia Nacional debe ser civil, con un plazo para la permanencia y retiro paulatino de los militares, controles estrictos y fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

En cuanto a la prisión automática se ha demostrado que, a pesar del apoyo ciudadano para que lleven su proceso en un reclusorio a quienes se acuse de delitos como abuso sexual infantil, feminicidio o robo a casa habitación, lo previsible es que se detenga injustamente a miles de inocentes, regrese la sobrepoblación a los penales -con los consecuentes costos sociales y presupuestales- y poco o nada contribuya a reducir los niveles delictiva. Lo deseable es que se fortalezcan las capacidades de investigación así como el esquema de medidas cautelares para atender realmente la problemática planteada, otra opción planteada es que sea un juez quien determine la prisión preventiva justificada. Cuando menos ya se logró que la discusión sea en un formato de parlamento abierto y que la oposición, e incluso algunos integrantes del partido en el poder, reflexionen el sentido de su voto. Habrá que estar atentos al desenlace.

La importancia de la credibilidad

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