Opinión

'Disculpe usted, aquí todo está a medias'

No se trata de exhibir autoridades sino entender que simulando no lograremos avanzar.

  • 02/03/2016
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Hace unos días un periodista extranjero me preguntó si México había mejorado o empeorado en materia de seguridad y justicia en los últimos 3 años. Como es mi costumbre comencé por explicar el comportamiento y las tendencias de la incidencia delictiva en el ámbito nacional para luego pasar a los casos locales de avances y retrocesos explicando que, con base en la información pública, si bien en lo nacional las cosas parecen mejorar, en lo local hay entidades en donde la situación ha empeorado.

 

El periodista, insatisfecho de mi respuesta, insistió en querer confrontar los éxitos reportados por la Secretaría de Gobernación (Segob) con un simple "sí o no", lo que me llevó a reiterar que la respuesta no es sencilla porque, en la mayor parte de los casos, carecemos de indicadores que nos señalen cómo estamos, más allá de los datos de incidencia delictiva. En otras palabras, tenemos poca información que pueda ayudarnos a entender si tenemos mejores corporaciones policiacas, peritos, ministerios públicos y jueces. Tenemos una evidente dificultad para seguir dónde y cómo se aplica el dinero destinado a este tema y si finalmente el presupuesto ejercido tiene algún impacto. Esto significa que carecemos de insumos suficientes para dar seguimiento a las políticas de seguridad per se y a sus efectos en el fenómeno delictivo.

 

Aunado a ello, si recordamos que los datos oficiales dan cuenta de que apenas 7 de cada 100 delitos son denunciados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), podemos entender que las declaraciones oficiales sobre mejoras aparentes en la incidencia delictiva, no implican cambios en la situación de seguridad del país.

 

Esto resulta aún más claro si analizamos lo que sucede en el ámbito local. Por ejemplo, si comparamos la tasa nacional por cada 100 mil habitantes de algunos delitos de alto impacto como el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión y el robo con violencia, nos podemos percatar que algunas entidades se encuentran en situaciones críticas al superar por mucho la tasa nacional.

 

Simplemente retomemos las cifras de víctimas de homicidio doloso, las cuales reflejan que 13 entidades superaron la tasa nacional que en el acumulado de 2015 se ubicó en 15.42 víctimas de este delito por cada 100 mil habitantes. Respecto a este indicador sobresalen los casos particulares de Guerrero, Sinaloa y Chihuahua, ya que superaron en 266.31, 115.71 y 101.14% la tasa nacional. En contraste, Yucatán presentó durante el año pasado la menor tasa de víctimas de homicidios dolosos, y fue 83.78% inferior a la nacional.

 

En cuanto al secuestro, la tasa nacional de víctimas fue de 1.08 por cada 100 habitantes, y fue superada por Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Veracruz y Estado de México. El caso más alarmante es sin duda el de Tamaulipas, ya que superó la tasa nacional en 754.40%. Otros casos preocupantes son Tabasco y Guerrero, cuyas tasas fueron 214.58 y 185.42%  mayores que la nacional, respectivamente. 

 

En lo relativo a la extorsión, la tasa nacional fue de 4.35 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2015, y fue superada por 13 entidades. Los casos que más llaman la atención son los de Jalisco, Nuevo León y Morelos, que superaron la tasa nacional en 155.58%, 140.86% y 109.44%, respectivamente. Asimismo cabe destacar que Nayarit registró la menor tasa durante 2015, al ser 98.12% menor que la nacional. Sin embargo, cabe aclarar que Nayarit históricamente no ha reportado casos de este delito, por lo cual lejos de ser un caso de éxito representa una clara muestra de opacidad y falta de rendición de cuentas de las autoridades locales.

 

En relación con el robo con violencia, las entidades que reportaron las mayores tasas de este ilícito durante 2015 fueron Tabasco, Morelos y Ciudad de México que registraron tasas 188.08%, 158.11% y 96.57% superiores a la nacional -que se ubicó en 136.22 robos con violencia por cada 100 mil habitantes-. Mientras que hay entidades con una situación radicalmente diferente en esta materia como Yucatán, que reportó la menor tasa de este delito que fue 92.03% inferior a la nacional.

 

Con esta información resulta difícil pensar que la crisis de seguridad humana es homogénea en el país. Bajo ninguna circunstancia podemos aseverar que la población ha sido afectada directa e indirectamente por la delincuencia y la violencia en la misma medida. Debido a ello, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos realizado periódicamente un llamado a las autoridades para que generen sistemas de  información transparentes de manera tal que cualquier persona pueda tratar de entender de manera detallada y objetiva la verdadera situación de inseguridad del país. Esto es prioritario pues lo verdaderamente preocupante es que, en muchas ocasiones, tampoco la autoridad cuenta con los datos suficientes para diseñar y evaluar objetivamente las políticas de seguridad.

 

Precisamente acabo de visitar una institución estatal relacionada con el tema de seguridad y justicia en la cual encontré a funcionarios con muy buena voluntad y disposición, que trataron de explicarme por qué consideraban que determinada política local había sido exitosa para reducir ciertos delitos. Tras una hora tratando de obtener información que sustentara esos argumentos, lo único que fue claro es que dicha información estaba, por decirlo de alguna manera, incompleta, por lo que no había forma de confirmar sus aseveraciones. Por último, al despedirme pregunté sobre otra información que nos interesaba en materia de delitos de alto impacto, el equipo asignado a atender la reunión con el ONC hizo lo posible por entregarme dos láminas que, nuevamente, poco permitían entender; tras mi sonrisa de circunstancia, una de las asistentes cerró diciendo, "disculpe usted, aquí todo está a medias". 

 

No se trata de exhibir autoridades, significa acostumbrarnos a entender que simulando no lograremos avanzar; que los resultados deben ser medibles y observables a través de indicadores claros y no únicamente de discursos; que si la autoridad misma no puede autoevaluarse y permitir una evaluación transparente, los números que refieren disminuciones son, cuando mucho, un trabajo hecho a medias. Sin importar el cristal con que se mire, pareciera que la seguridad y la justicia sólo ameritan un trabajo a media por parte de nuestras autoridades.

 

@frarivasCoL

@OpinionLSR