En México la historia reciente ha estado marcada por varios sucesos de violaciones a los derechos humanos en los que el gobierno ha tenido responsabilidad en mayor o menor medida. La trayectoria del déficit democrático asociado al régimen de un partido hegemónico durante la mayor parte del siglo XX, y la crisis de inseguridad y violencia de los últimos años, han resultado en hechos como la matanza de estudiantes de Tlatelolco; el Halconazo; la guerra sucia; la masacre de Acteal; los asesinatos en Aguas Blancas; las fosas de San Fernando, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los muertos en Tlatlaya. Estos son ejemplos que de forma inmediata interpelan a la conciencia social y reflejan de manera nítida un escenario caracterizado por la ruptura del Estado de Derecho, por la impunidad y por el abuso de poder.
Se debe considerar que, además de la lista de hechos significativos en la historia de violaciones a los derechos de las personas, existe en diversas partes del país un continuo de situaciones límite que ponen en riesgo la integridad de las personas y sus bienes, así como la vida en comunidad. Desapariciones de personas; incremento en los homicidios; abusos de fuerzas del orden; grupos armados en las calles y control de carreteras y caminos por parte del crimen organizado.
El quebrantamiento de la regularidad de gobierno como resultado de la lucha entre los cárteles y la ausencia del Estado en determinados puntos geográficos, ha condicionado la creación de un entorno enrarecido, particularmente a partir de la llamada “guerra contra el narco” instrumentada en gobiernos anteriores, situación que hoy reta a la institucionalidad.
En el marco de la ruta hacia la consolidación democrática, vivimos un cambio político a partir de 2018, que puede entenderse como la decisión colectiva por apostar a un rumbo distinto. Esto hace propicio reivindicar la demanda social por justicia, memoria y verdad, pues el pasado pletórico de conductas desviadas e, incluso ilícitas, merece revisarse, investigarse y, eventualmente, deslindar responsabilidades y determinar sanciones. Aparejado a esto, debe llegarse a la verdad de lo sucedido, pues aún existen pendientes anclados en el olvido, lo que contribuye a la incertidumbre acerca de la efectividad de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Un aspecto relevante en cuanto a la atención a quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos es el de la disculpa. Este es un acto que tiene un profundo significado, pues implica el reconocimiento por parte de las autoridades de su responsabilidad, ya sea por acción u omisión. Esto tiene impacto en la sociedad y en el entorno público, pues expresa el respeto del Estado por las víctimas y sus familias, abona al derecho a la verdad y a la memoria histórica.
Cuando tiene lugar una disculpa, se está ejerciendo una ética del ejercicio del poder, que conlleva la toma de responsabilidad; la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y sus familias; y la justicia simbólica implícita en esto; lo que constituye una arista del debido resarcimiento.
El 10 de enero de 2019, apenas iniciado el sexenio actual, en atención al cumplimiento a una resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado mexicano, por conducto de la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, le ofreció una disculpa pública a la periodista Lydia Cacho Ribeiro por la detención arbitraria a la que fue sometida por autoridades, en el contexto de su trabajo de documentación de la existencia de redes de trata de personas en el sureste del país. En este caso, la disculpa se originó en una instancia de derecho internacional, a partir del planteamiento que le fue presentado en 2014 por la organización Artículo 19.
Más recientemente, el pasado 3 de septiembre del año en curso, derivado de un Acuerdo de Solución Amistosa signado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se disculpó públicamente en nombre del Estado mexicano por la matanza de Acteal, en la que fueron asesinados 45 indígenas tzotziles, y asumió el compromiso de reparación de los daños con compensaciones económicas para sobrevivientes y familiares de las víctimas.
También se debe reconocer el simbolismo y la relevancia que tiene la disculpa que el Presidente de la República ha emitido de manera espontánea, sin necesidad de requerimiento de instancia alguna, en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante el informe a seis años de los lamentables hechos, en un acto realizado en Palacio Nacional el 26 de septiembre de este año.
Por supuesto, el acto de disculpa es un aporte importante al resarcimiento de las víctimas que contribuye al derecho colectivo a la verdad, sin embargo, se debe complementar con todos los demás aspectos involucrados en el resarcimiento a las víctimas, incluyendo la determinación de la verdad en relación de los distintos acontecimientos violatorios de derechos; el deslinde de responsabilidades y las consecuencias legales a que haya lugar; así como la reparación del daño y la instauración de garantías de no repetición.
Ojalá y pronto en nuestro país no sea necesario que el Estado emita disculpas por violaciones a los derechos humanos.