Opinión

¿Disculpas a Moreira?, ¿Aplausos a Duarte?

Esta es la realidad a la que nos enfrentamos.

  • 07/02/2016
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México vive lacerado por la corrupción, la impunidad y la simulación, pero parece que esa realidad no basta para que la gente asuma el deber de la participación cívica y política, que tome en sus manos su destino. Por eso una buena parte de la clase política no asume la responsabilidad de lo que el país está viviendo; un desdén que juega con fuego y extiende una realidad dolorosa impregnada de pobreza, inseguridad y violencia.  Por si fuera poco el sistema de complicidades ha provocado que la justicia sea una simple fantasía, mientras que los grandes pillos son recompensados con puestos públicos o simplemente absueltos; no por nada Transparencia Internacional nos ha colocado como el país más corrupto entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

Al preguntarnos el motivo de la falta de credibilidad en las instituciones y en los políticos, no cuesta trabajo entender que la ciudadanía no confíe en sus gobernantes cada que se enteran de que son estos mismos quienes encabezan grandes cadenas delictivas, delincuentes de cuello blanco, baste ver los casos de Ulises Ruiz en Oaxaca, el caso del tío del Presidente, Arturo Montiel; Mario Marín en Puebla, Fidel Herrera en Veracruz o los más recientes de Humberto Moreira, César Duarte, Javier Duarte o de dirigentes como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

 

Para muestra basta un botón, la investigación xico: Anatomía de la Corrupción realizada por María Amparo Casar y publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) refiere que de 2000 a 2013 fueron exhibidos 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores (de los 63 que hubo en ese período), de los cuales solo 16 fueron investigados y sólo 4 gobernadores fueron procesados, el mismo reporte hace una comparación con Estados Unidos, en donde en el mismo período 9 gobernadores fueron investigados, 9 fueron procesados y 9 detenidos. Es este el nivel de impunidad que nos ha caracterizado por años, es este sistema al que nos enfrentamos. Los delitos por los que han sido acusados son peculado, lavado de dinero, narcotráfico y asociación delictuosa.

 

La misma investigación señala: “las denuncias, averiguaciones y consignaciones en relación a los presuntos actos de corrupción protagonizados por los gobernadores y exhibidos por el periodismo de investigación constituye otro conjunto de datos que resulta útil para mostrar lo inservible de las instituciones anticorrupción y la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos en esta materia”.

 

Este entorno de impunidad es el que facilita, propicia, que la curva del cinismo se pueda expresar como lo ha hecho en su regreso a México, Humberto Moreira. Ni Bono de U2 ha merecido el despliegue policial de protección que recibió el ex gobernador de Coahuila en el aeropuerto de la Ciudad de México. Regresó como rockstar cubierto por la nube de reporteros que lo arropó para reproducir ampliamente una versión falsa, su exoneración, puesto que las autoridades españolas han señalado que lo siguen investigando. Además de negar los delitos que se le imputaron, el ex líder priista aventó, sin comedimiento alguno por las palabras, el tamaño de su desfachatez: “es un daño que me han hecho a mí, a mi familia, han manchado mi honor”. Ahora resulta que deberemos pedirle disculpas al señor Moreira los millones de mexicanos que sabemos de la corrupción de su gobierno en Coahuila, del nivel de endeudamiento que tienen a su estado en bancarrota y el modo en el que inexplicablemente se enriqueció en tan pocos años.

 

Recientemente Sinembargo.mx reportó que de acuerdo a estadísticas y datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)  los estados con mayor deuda, son también los más opacos, violentos y rezagados, destacan Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

 

Veracruz, por ejemplo tiene una deuda de 37 mil 400 millones de pesos y un crecimiento de 0 por ciento, se caracteriza también por su opacidad presupuestaria y tiene múltiples recomendaciones de la CNDH dirigidas al gobernador. El gobierno de Javier Duarte ha estado caracterizado por la pobreza, la violencia y la inseguridad, y Veracruz ha sido considerado uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo.

 

Siguiendo con los Duarte, César, gobernador de Chihuahua no se queda atrás, no le ha sido suficiente ser el pillo más grande del estado, también se ha dado a la tarea de maquillar la realidad, recientemente lo hizo con las desapariciones que flagelan la entidad, mostrando su total indolencia y desinterés.

 

A finales de enero, luego de que Milenio dedicara su primera plana para dar a conocer la problemática que vive Cuauhtémoc en materia de desapariciones, el mandatario negó categóricamente que éstas se hubieran llevado a cabo en su gobierno: “en relación a un informe periodístico de una región de nuestro querido Chihuahua, Cuauhtémoc, en donde se establecían más de 300 desaparecidos, hay que decirlo con todas sus letras, el 99% ocurrieron antes del 2010”, por si fuera poco añadió que la mayor parte de los casos ya fueron resueltos, “con excepción de uno”.

 

Dicha información contrasta claramente con la recabada por Amnistía Internacional, tal y como lo consigné hace unos días en este mismo espacio, la organización ha informado que desde 2007 en Chihuahua -de acuerdo solo a cifras oficiales que se han convertido en un subregistro, pues no todas las desapariciones han sido denunciadas-, han desaparecido 1,698 personas, de las cuales 1,100 han ocurrido en el gobierno de Duarte. Destaca el caso del municipio de Cuauhtémoc en donde hay un registro de 351 personas desaparecidas.

Amnistía Internacional ha denunciado que “las autoridades han demostrado ser ineficientes y poco diligentes para investigar estos casos y en casi todos ellos las víctimas continúan desaparecidas. Algunas han aparecido sin vida, casi ninguna ha regresado a su hogar”.

 

Las familias no sólo se enfrentan al desinterés, la mayoría han sufrido diversas formas de hostigamiento y amenazas, principalmente a través de llamadas telefónicas, de seguimiento por hombres desconocidos y de sugerencias de las propias autoridades para que desistan de impulsar investigaciones.

 

La propia Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República en su último “Registro Nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas” ha colocado a nuestro estado en el quinto sitio con mayor número de desaparecidos, mil 540 hasta ahora y únicamente se habla de las desapariciones de las que se tiene un registro.

 

Pero César Duarte no quiere críticas ni exigencias de justicia, quiere aplausos. Y a quien no se los otorga le monta una grúa encima. La imagen podría ser metáforica pero es cierta. El jueves pasado un grupo de activistas y miembros de Amnistía Internacional acompañaron a familias de personas desaparecidas a dejar una ofrenda floral sobre la placa de honor de la activista Marisela Escobedo, quien se distinguió por emprender una intensa búsqueda para encontrar al asesino de su hija y que en el camino fuera asesinada en 2010 justo en frente del Palacio de Gobierno; para su sorpresa los activistas se encontraron con que policías estatales dieron la orden al conductor de una grúa para que se estacionara justo encima del lugar emblemático, “muestra indudable de la intolerancia absoluta de Duarte y su pandilla”, señalaron las activistas.

 

La presencia de la grúa sobre la placa de Marisela no fue impedimento para que Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional América Latina, se metiera debajo de ésta para cumplir el objetivo que los llevó a rendir tributo a una de las activistas más emblemáticas del estado que perdió la vida en búsqueda de justicia.

 

No sólo la realidad de las desapariciones ha sido constantemente subestimada, también las cifras de homicidio, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 ocupamos el tercer lugar en homicidios dolosos, después del Estado de México y Guerrero, somos una de las cuatro entidades en donde se concentra el 35% de los casos por este delito. 

 

En 2015 el diario británico Financial Times dio a conocer el Índice de Seguridad de México y señaló entre las entidades con mayores riesgos de seguridad a Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. 

 

No por nada el índice Global de Paz ha posicionado a Chihuahua entre los estados con mayor violencia del territorio mexicano por concentrarse ahí el mayor número de homicidios impunes.

 

En el ámbito económico las cifras tampoco son alegres, pues en lo que va del gobierno de Duarte, la deuda del estado ha aumentado 233%. De acuerdo a un histórico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobernador recibió el estado en 2010 con una deuda de 12 mil 547 millones de pesos, de entonces a la fecha no ha hecho más que aumentar, el principal aumento se dio entre 2012 y 2013 cuando pasó de 23 mil 284 millones a 41 mil 768 millones de pesos. 

 

Actualmente nos hemos ubicado como el tercer estado con mayor deuda del país con 41 mil 309 millones de pesos, luego del Distrito Federal  y Nuevo León.

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su Reporte sobre Deuda Subnacional reporta la deuda per cápita de cada estado, es decir cuánto pagará cada habitante por la deuda de su estado, en Chihuahua la cantidad asciende a 11 mil 127 pesos.

 

El Observatorio Ciudadano México ¿Cómo vamos? ha destacado entre sus preocupaciones la pobreza salarial pues estiman que tres de cada diez personas en Chihuahua no pueden adquirir la canasta básica alimentaria con las percepciones que reciben.

 

En nuestro estado la pobreza extrema ha aumentado de 136 mil 300 personas a 200 mil 300, es decir 47% más, somos la entidad en la que más creció la pobreza extrema, de acuerdo al último informe (2014) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, también reportó que en nuestro estado el 34.55% de la población son niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 40.8% vive en situación de pobreza.

 

Esta es la realidad a la que nos enfrentamos, la que difícilmente combatiremos si seguimos manteniendo el sistema de privilegios, es la realidad que debemos enfrentar sin miramientos.