La mañana de martes 24 de marzo de 2015, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), embajador Juan Manuel Gómez Robledo, asistió a una reunión privada con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), en el Senado de la República, para abordar varios temas, entre otros, comentó sobre reciente informe que el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez*, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Recordemos que el Relator especial presentó hace menos de un mes -9 de marzo- un informe después de haber estado en México en 2014 -del 21 de abril al 2 de mayo-, y donde pudo charlar con alrededor de 99 servidores públicos del más alto nivel del gobierno federal y de gobiernos estatales. Se entrevistó con víctimas, con organizaciones civiles y autoridades; y visitó además del el DF, el Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Chiapas y Baja California, estados en los que acudió al Centro Nacional de Arraigo, diferentes centros de privación de libertad de menores infractores, cuatro Centros de Readaptación Social Estatales, una Estación Migratoria y una Agencia Estatal Receptora de una Procuraduría General de Justicia.
Y en una opinión de entonces –mayo de 2014-, había adelantado dos recomendaciones que México debería atender cuánto antes: 1) Una el de avanzar en la modificación del tipo de penal de tortura, pues éste no refleja la definición del delito como está previsto en la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y tampoco existe uniformidad del delito en las entidades federativas. “La armonización debe contemplar la prohibición absoluta de la tortura”. 2) Reformar el sistema de defensoría pública en las primeras etapas de la detención. “La ausencia de abogados es una de las situaciones más preocupantes que vi (…). Una de las principales garantías contra la tortura es el acceso rápido y eficaz a una defensa”.
El informe del relator- como todos los informes- venía duro.
Fue presentado el pasado 9 de marzo de 2015 ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y don Juan E. Méndez fue muy firme –y si se excedió, dicho sea con todo respeto- al afirmar que la tortura es generalizada en el país. “La práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizada. Esta práctica se produce por varios factores. En la ley por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener”, dijo ante el Consejo.
En efecto, el posicionamiento fue duro pero hay que entender que ese es el papel del Relator de la ONU.
Debemos abonar que el mismo Relator, alabó los pasos alentadores que está dando México para modificar las leyes de acuerdo a los estándares internacionales.
En aquella reunión, el posicionamiento de México en voz de Jorge Lomónaco fue de rechazo a la práctica de tortura generalizada: “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, afirmó, quien pidió que los relatores especiales de Naciones Unidas sustenten sus informes en “la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista”.
El gobierno mexicano informó al relator de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013; dos han quedado firmes e imponen penas de 3 y 37 años. (El caso de Alfonso Martin de Campo es otra historia se resolvió recientemente por la Primera Sala de la Corte.
Pero la frase del relator fue nota. Se publicó en todos los medios impresos y electrónicos.
El asunto aparentemente habría quedado ahí, no hubo ningún comunicado oficial, por cierto.
Debemos decir que hoy la Cancillería se vuelto muy sensible a las críticas. La prueba es ver el posicionamiento que tuvieron con el Papa Francisco, que hasta un extrañamiento le hicieron.
¿Ese es el posicionamiento de EPN?
No, no lo percibo así, es más recientemente nos dijo que: “En México la protección y el respeto a los derechos humanos no sólo es un deber constitucional (…) en alguna forma, es, sin duda, un imperativo moral. Bajo este principio, el Estado mexicano ha dado importantes pasos para mejorar el andamiaje legal e institucional que salvaguarda los derechos humanos”.
Agregó que reforma constitucional de 2011 “representó, por sí misma, un nuevo paradigma en la materia, a partir del cual todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Y subrayó -ante defensores de los derechos humanos el pasado 25 de marzo- que como lo señaló hace varias semanas -27 de noviembre- “anuncié medidas adicionales en favor de los derechos humanos, la creación de leyes generales en los rubros de tortura y desaparición forzada, para lo cual envié una Iniciativa de Reforma Constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir estos ordenamientos. Una segunda acción es la renovación de los protocolos y procedimientos institucionales para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial”.
El exabrupto del Vicecanciller.
Y quince días después el embajador charló de ese tema con los senadores del PAN y los dichos trascendieron, curiosamente dos días después.
¿Qué dijo Gómez Robledo a los legisladores?
Les dijo simplemente que el resolutivo de la ONU fue injusto para México sobre todo porque nuestro país, ha dado muestras de cooperación con la apertura a 41 mecanismos de organismos internacionales en aproximadamente 10 años, con los que nuestra nación se ha beneficiado.
Y quizá donde se excedió es en las formas al decir que fue “muy irresponsable y muy poco ético”, y hasta “un poquitín banquetero”.
No es un lenguaje para un embajador de carrera, ¿o sí?
“(El Relator) habla de 32 estados y tres órdenes de gobierno, pero sobre todo sí tiene que ver con la política de Estado y eso en México ya no ocurre, desde la alternancia política del 2000, no hay política de Estado de violación a los derechos humanos” señaló.
Y subrayó que es un juego donde todos pierden: “Pierde el relator porque no vamos a trabajar con él en un rato (es decir ¿se le cerrarán las puertas?), perdemos nosotros porque perdemos su asesoría y pierden los demás Estados que pensaban invitarlo a sus demás países, -porque- después de este desaguisado con México, dirán 'mejor no lo invitamos'; pierde la eficacia del sistema multilateral y en eso el relator tiene responsabilidad y a todos nos importa que estos mecanismos funcionen".
Y al final, Gómez Robledo resaltó ante los legisladores que el panorama sobre tortura en México es muy diferente, prueba de ello es que fue liberado Alfonso Martín del Campo debido a que la Suprema Corte comprobó que existió tortura durante el proceso legal.
“La decisión de la Suprema Corte ilustra que en México, toda confesión obtenida con tortura se cae. Nadie pone en duda su culpabilidad por un vicio del debido proceso, si eso no ilustra que el Estado ya entendió, pues yo no sé qué más necesiten", afirmó.¡Esas declaraciones pegaron fuerte en el medio e incluso muchos dudamos de que fueran ciertas!
Ese fue la primera expresión de Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien expresó su incredulidad porque Gómez Robledo haya hecho esas declaraciones. “No es la manera en la que nos relacionamos (...) me es casi imposible imaginar que esas expresiones se puedan atribuir a él”.
Pero horas después-, el viernes 27- el mismísimo canciller, José Antonio Meade, respaldó las declaraciones del subsecretario: “Suscribo todos y cada uno de sus términos", dijo en conferencia de prensa junto al secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud.
Ante ello, el martes 31 de marzo, un conjunto de ONG enviaron una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, donde le expresan el rechazo y preocupación ante las declaraciones emitidas por la Cancillería en contra de Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
“La falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, manifestada en el creciente y preocupante desconocimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos por parte de su administración, representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de derecho. Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos.
“Señor Presidente, en momentos difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado a la congruencia en la política exterior mexicana en materia de derechos humanos. La invitación abierta y permanente que sostiene México a mecanismos internacionales de derechos humanos, se diluye ante el desconocimiento de las observaciones emanadas de dichos mecanismos, conformados por personas expertas y de reconocido prestigio internacional, quienes sobre la base de información objetiva y fidedigna, y guiadas por los principios de integridad, transparencia e imparcialidad, contribuyen en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Firman la misiva varias organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, y le marcan copia al canciller y vicecanciller, y a Juan E. Méndez, y a Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ante esto, el Subsecretario Manuel Gómez Robledo salió a dar una conferencia de prensa; la web de la Cancillería dio a conocer la versión estenográfica por la tarde. (16:53 horas).
Precisó el embajador que “es la primera vez que tenemos una discrepancia en torno a la caracterización de la situación que se vive en México”, y que muchos de los puntos contenidos en el informe del relator, tienen mucho valor, “pero donde tenemos una diferencia es en la valoración que se hace sobre la presunta práctica generalizada de la tortura”.
Puntualizó que el relator pudo comprobar 14 casos de tortura, de los cuales 12 ya están siendo atendidos.
Destacó que el término “generalizada” significa que ‘‘hay una política de Estado de violación a los derechos humanos, en un contexto de ataque o de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática y con conocimiento de causa de quien lo perpetra”.
Sobre esto dijo: “Nos oponemos, porque en modo alguno es la situación que se vive en México, por más que enfrentemos todavía zonas de vulnerabilidad, desafíos y fragilidades institucionales”.
Leamos las preguntas y respuestas.
-Subsecretario, usted comentaba que había una posibilidad de que las ONG puedan retomar este tema y presentarlo ante la Corte. ¿Cuántas posibilidades ve el gobierno mexicano de que este tema pueda llegar a la Corte? y ¿cuáles son los efectos negativos que pudiera tener el gobierno mexicano al enfrentarse en la Corte con este tema de la tortura?
-En primer lugar lo que quiero decir, y agradezco mucho esta oportunidad, es que lo que no tiene que quedar en duda, y no puede quedar en duda, es la política permanente del Estado de apertura al escrutinio internacional en derechos humanos, y de cooperación con todos y cada uno de los mecanismos y procedimientos especiales, tanto de carácter regional, es decir de la OEA, como de carácter universal en Naciones Unidas.
Eso no está en duda. México tiene previstas, en las próximas semanas y meses, una serie de visitas para seguir cooperando de manera normal con todos estos mecanismos y con gobiernos también, o grupos de gobiernos como es la Unión Europea, para seguir recibiendo el apoyo, la asistencia, la cooperación, que requerimos para mejorar nuestro estándar interno de derechos humanos. Eso no debe de quedar en duda.
En una relación madura y de cooperación, como la que hemos sostenido desde hace ya tantos años, bueno pues ocurre, la primera vez que ocurre, que tengamos una discrepancia. Es en torno a la valoración que hizo el relator para la tortura del Consejo de Derechos Humanos sobre la caracterización de la situación que se vive en México.
Muchos de los puntos contenidos en el informe tienen mucho valor. La inmensa mayoría de las recomendaciones está siendo atendida desde hace ya varias semanas en diversas instancias del gobierno, me viene a la mente en particular la PGR, que está trabajando en las recomendaciones del relator. Pero, en donde tenemos una diferencia es en la valoración que se hace sobre la presunta práctica generalizada de la tortura en México.
Y ustedes saben, como conocedores del tema que son, que el adjetivo tiene un significado muy preciso en Derecho Internacional, y ese significado tiene que ver con situaciones en donde hay una política de Estado de violación a los derechos humanos en un contexto de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática y con conocimiento de causa de parte de quien lo perpetra, pero sobre todo dentro de una política de Estado.
Eso es a lo que nos oponemos, porque en modo alguno la situación que se vive en México, por más de que enfrentemos todavía zonas de vulnerabilidad, desafíos, fragilidades institucionales que han sido reconocidas por el Estado en todo momento, por más de que tengamos situaciones de esta naturaleza, en modo alguno se puede decir que las instituciones del Estado no funcionan o que no están en un tránsito hacia mejores estándares, como es el caso del sistema de impartición de justicia, que está en tránsito hacia un nuevo sistema.
Y desde luego, un informe de esa naturaleza que es público con el valor que se le asigna a todos los informes que emanan de una autoridad reconocida como es el Consejo de Derechos Humanos, aunque sea la responsabilidad individual de un relator, que tiene de alguna manera la cobertura del consejo que fue quien lo nombró, pues evidentemente incide negativamente en la valoración que se haga en el exterior y adentro también desde luego de la situación que vive México.
Por ese sólo hecho nos preocupa que se perciba que hay una situación que no corresponde a la realidad pero, insisto, no debe caber duda de la política de apertura y de diálogo interno e internacional en materia de derechos humanos; y les puedo dar toda la lista de visitas que vamos a tener este año y habremos de informar, como lo hacemos de manera regular, ante el Consejo de cómo hemos dado cumplimiento a las recomendaciones de este informe y otros.
En el marco del mecanismo de revisión periódico universal, hemos ya establecido la práctica de ir informando de manera regular, es decir a la mitad del ciclo, cuatro años, de cómo hemos cumplido con las recomendaciones y este caso no será le excepción.
-¿Hay temor del Gobierno de México que esto llegue ante la Corte Interamericana?
Juan Manuel Gómez Robledo: No es que haya temor de que llegue a una Corte o no, lo que hay es preocupación de que no haya una valoración objetiva de la situación que tiene México, eso es lo que nos preocupa que no se valore objetivamente el compromiso del Estado para con una agenda de derechos humanos y el compromiso del Estado de seguir allegándose de todas las herramientas de cooperación que tenga a su disposición para ir corrigiendo lo que haya que corregir.
Y la lista de lo que se está haciendo en distintas instancias de gobierno es muy larga como lo podrán ver la semana que entra cuando venga el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya oficina en México coopera con las Fuerzas Armadas, con la PGR, con la Secretaría de Gobernación.
¿Seguirá México trabajando con el relator?
-México seguirá trabajando con todos los mecanismos, los relatores suelen hacer una sola visita durante su mandato al mismo país, esa es la práctica, este año el doctor Méndez tendrá que ir creo que a Brasil y a Georgia, en general son dos, tres visitas por año, no más, entonces yo no conozco un caso que un mismo relator visite dos veces el mismo país.
Lo que nos corresponde, es más allá de haber hecho este señalamiento de la forma tan clara en la que se hizo por conducto de nuestro representante permanente en Ginebra una vez que se conoció el informe, es informar al Consejo de cómo hemos dado cumplimiento a las recomendaciones.
-¿Está es la primera ocasión en la que ocurre una discrepancia por parte del gobierno mexicano hacia una recomendación de la ONU?, y si es el caso, ¿cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno mexicano ante esta discrepancia, qué es lo que sigue?
-Hasta donde yo tengo recuerdo, y llevo ya pues varios años en estos temas, es la primera vez, en efecto.
Me parece, como bien dijo Marcia de Castro, la coordinadora residente de Naciones Unidas en México, que en una relación de confianza y de cooperación, pues es natural que de tanto en tanto surjan discrepancias y que se ventilen.
En este caso en particular, déjeme decirle que durante todo el año pasado nos sentamos a platicar con el relator, tanto de manera directa como por escrito, pidiéndole que reconsiderara el uso de ese término y pidiéndole también que nos documentara las denuncias que hubiese recibido durante su visita en México.
Y de ese intercambio, de esa petición reiterada, de eso encuentros, el relator, por conducto del Alto Comisionado nos mandó 14 casos; 14 casos, respecto de los cuales 12 estaban siendo ya investigados y pudimos suministrarle la información sobre esos 12 casos. De ahí que resulte pues muy difícil decir que se trata de una situación generalizada.
Ahora, en cuanto a su pregunta de qué sigue, pues no sigue nada, más que seguir en diálogo con todos y cada uno de los mecanismos. En Ginebra hay una reflexión que se está dando, sobre, a veces, poco con la idea de que han proliferado muchos de estos mandatos y que no es una muy buena idea para atender adecuadamente las situaciones hay un número ya muy grande de relatores y no todos los Estados tiene la capacidad institucional de un país grande como México para cooperar con todos.
Entonces a veces ya hay dudas de qué tanto está funcionando ciertas partes del sistema, pero es parte de una reflexión que no va dirigida en contra de persona alguna, insisto en ello, es una reflexión sobre cómo están operando estos procedimientos especiales que ha creado el Consejo.
Al margen:
*Don Juan E. Méndez El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1985/33, decidió nombrar a un Relator Especial, para que examinara las cuestiones relativas a la tortura. El mandato fue prorrogado por tres años más mediante la resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2008. El mandato del Relator Especial abarca todos los países, independientemente de que el Estado haya ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Las tres actividades principales del mandato del Relator Especial son las siguientes:
1) Transmitir llamamientos urgentes a los Estados con respecto a las personas que al parecer corren el riesgo de ser sometidas a tortura, así como enviar comunicaciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos.
2) Realizar misiones de investigación (visitas) a los países.
3) Presentar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General informes anuales sobre sus actividades, mandato y métodos de trabajo.
A diferencia de los mecanismos de denuncia de los órganos de supervisión de la aplicación de los tratados de derechos humanos, no es necesario agotar recursos internos para que el Relator Especial intervenga. Además, cuando los hechos en cuestión competan a más de un mandato, el Relator Especial podrá dirigirse a uno o más mecanismos temáticos y relatores de países a fin de enviar comunicaciones o realizar misiones conjuntas.