Diez razones en contra de la reforma energética privatizadora

Por estas razones voté en contra de la reforma constitucional en la materia, junto con mis compañeros y compañeras de Movimiento Ciudadano y los legisladores progresistas. Esta convicción se ha reafirmado a partir del análisis del paquete legislativo de creación, reformas y adiciones a 21 leyes que son parte de esta reforma y de las reuniones de trabajo con servidores públicos de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, y con el Gobernador del Banco de México.

No es un tema de nacionalismo exclusivamente, esta reforma implica un pésimo negocio para el país y un gran negocio para unos cuantos, empezando por la camarilla corrupta y rapaz que nos gobierna.

A partir de ello, expongo diez razones mínimas para oponerse a esta reforma energética que pretende concluir el ciclo de transformaciones neoliberales que lejos de significar una mejoría económica para el pueblo de México han frenado, durante los últimos 32 años, el crecimiento económico e incrementado la desigualdad y la pobreza en el país.  

1. Traición a la patria. Quienes promovieron y aprobaron esta reforma cometieron un acto de traición a la patria en términos del artículo 123, fracción I del Código Penal Federal que establece que comete este delito quien "realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero". Quienes así votaron comprometieron nuestra seguridad energética y nuestros intereses nacionales, entregando un recurso estratégico a las trasnacionales. Es demagógico decir que se mantiene la propiedad de los recursos de subsuelo cuando unos cuantos se quedarán con los ingresos de su explotación.
2. Desmantelamiento de Pemex y CFE. La reforma plantea en los hechos el debilitamiento de estas dos empresas estatales, que siguen manteniendo cargas fiscales altísimas y limitaciones presupuestales que les impiden competir con los tiburones de la industria extranjera. El gobierno federal le apuesta a reducir su participación en el mercado energético. De entrada en septiembre la Secretaría de Energía tendrá que definir qué yacimientos sigue explotando Pemex a partir de la llamada ronda cero, donde se prevé que se le despoje de buena parte de las reservas que ya fueron determinadas en su tiempo por la empresa petrolera. Por su parte CFE se hará cargo de los clientes domésticos, pero los privados podrán acaparar los mejores clientes. Ya Iberdrola se frota las manos con las jugosas utilidades que espera.
3. Entrega de la renta petrolera a trasnacionales. En ningún momento precisaron los servidores públicos qué porcentaje de la renta petrolera, producto de los yacimientos explotados por las trasnacionales ingresarán a las arcas nacionales. Por cada 100 dólares por barril explotado por Pemex ingresan 80, de lo que ingresará por los privados nada se sabe, evidentemente porque se despacharán con la cuchara grande, y cada contrato tendrá un tratamiento específico lo que dará pie a una gran discrecionalidad y negocios para los "servidores públicos" involucrados. Los funcionarios de Hacienda reconocieron además que esa dependencia no tiene la capacidad para fiscalizar las actividades de las empresas que exploten nuestros recursos. Si no puede fiscalizar y otorga privilegios fiscales a los oligopolios y monopolios nacionales menos se confrontará con Exxon, Chevron, Halliburton, Shell, entre otras, que además son respaldadas por sus países de origen.
4. Mayor corrupción. Hasta ahora los desvíos de recursos en Pemex y el sector energético han sido en contratos de servicios y en operaciones comerciales, con  esta reforma la corrupción será exponencial porque todas las operaciones, contratos, licencias, costos y la fiscalización será susceptible de corrupción y sobornos por parte de las trasnacionales y la camarilla que controla el sector. Oceanografía, que es un caso de impunidad, será un juego de niños en el tema con relación a los fraudes monstruosos que vendrán.

5. Crimen ecológico, sanitario, social y de derechos humanos con el Fracking. La fractura hidráulica que ya he abordado en este espacio, implica la utilización de volúmenes exorbitantes de agua, con productos químicos que afectan gravemente el medio ambiente, generan contaminación y problemas de salud que han sido documentados. De tal manera que en países y regiones ha sido prohibido esta técnica para la explotación del gas de lutita, sin embargo en México el gobierno ofrece una República con Fracking y gobernadores de entidades susceptibles a esta explotación se ponen de tapete para la devastación.
6. Atentado a la propiedad social y privada con la servidumbre de hidrocarburos. La ley de Hidrocarburos establece un procedimiento para que se den expropiaciones de facto de la tierra para que las trasnacionales exploten nuestros recursos energéticos. Esto implica que si a una trasnacional se le otorga un contrato para explotar un yacimiento y éste atraviesa por una propiedad podrá reclamar utilizar ese terreno para sus fines, decretando la Secretaría de Energía la servidumbre. Es el colmo, es expropiación por causas de utilidad privada.
7. Afectación a estados. Con la reforma energética y el régimen fiscal de las empresas privadas es previsible que se afecte la cantidad de recursos federales que le corresponden a los Estados y al Distrito Federal. Este tema tan delicado y que poco se ha discutido será motivo de una colaboración especial.
8. No bajarán las tarifas. Es mentira, como afirma la propaganda oficial, que bajarán las tarifas de luz, del gas y la gasolina. El subsecretario de Electricidad del gobierno federal reconoció que éstas no se bajan por decreto y que si bien nos va será en dos años que podría verse reflejado algún beneficio, pero no se comprometió a asegurarlo. Por lo pronto siguen los Gasolinazos mensuales y las altas tarifas.
9. Falta de contenido nacional en la proveeduría y de integración a la economía nacional y regional. Con la reforma energética las empresas trasnacionales que exploten nuestros recursos energéticos, empezando por el petróleo, sólo estarán obligadas a integrar hasta un 25 por ciento de contenido nacional en sus proveedores en el curso de diez años. En Brasil se determina un 60 por ciento de contenido nacional.
10. Discrecionalidad de hacienda en el manejo de los recursos petroleros. Es una simulación y un engaño al pueblo de México la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo y su Comité Técnico, con el fin de transparentar el manejo de los recursos que provengan de los ingresos sobre hidrocarburos, si al final de cuentas la Súper Secretaría de Hacienda va decidir el uso y destino de los mismos. ¿Para qué crear más burocracia de la que ahora existe? Es utópico hablar de un ahorro de posibles excedentes que se generen por la extracción y comercialización de nuestros hidrocarburos, si se sabe que a corto y mediano plazo éste no va existir hasta que se alcance mínimo una producción diaria de 3.5 millones de barriles. Además estos recursos tendrán primero que cubrir una serie de compromisos y cubrir el gasto del gobierno hasta en un 4.7 del PIB. Sobre este tema abundaré en otra entrega.

 

Estas son diez razones mínimas, desde luego, pueden incluirse otras muchas más, pero me parece que son más que suficientes para oponernos a este atraco que pretenden realizar Enrique Peña Nieto y sus aliados.

@RicardoMeb