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Dicen que no hay topes salariales

¿De qué sirve una reforma laboral que impulsa un importante incremento a los salarios mínimos, pero que dificulta las revisiones contractuales? | Manuel Fuentes

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Escrito en OPINIÓN el

No ha sido bien recibida la noticia del aumento del 3.5% directo al salario para la máxima casa de estudios (UNAM), a partir del primero de noviembre 2021, dado que este aumento se considera, por los financieros gubernamentales, como el tope a los incrementos para el resto de los organismos públicos, a pesar de que la inflación ya rebasa el 6.2%

El año pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), una de las organizaciones sindicales más consecuentes en defensa de su gremio, obtuvo un 3.4% de incremento al salario directo, siendo este el tope impuesto al resto de las organizaciones sindicales del sector público federal. Este año logró una décima de punto más.

Es una incongruencia gubernamental que no se entiende. ¿Por qué se pregona impulsar el mayor de los incrementos en los salarios mínimos generales, que los patrones privados deben otorgar a sus trabajadores, y que para 2021 representó un 20% y, sin embargo, los de “casa” ni una cuarta parte de ese incremento pudieron aspirar?

En la Ciudad de México se percibe un castigo para sus trabajadores ya que, después de forzadas negociaciones, paros parciales, manifestaciones callejeras encabezadas por el Sindicato del organismo descentralizado Red de Transporte de Pasajeros (RTP), se le impuso el 3.2% de incremento directo al salario. Ese fue el tope que campeó en los organismos públicos de la capital del país, con dos décimas de punto menos que lo impuesto en el gobierno federal.

Había cierto aliento de que la política salarial para los organismos públicos iba a cambiar, aunque fuera por unas décimas de punto. El incremento otorgado a los maestros del sector federal en mayo pasado fue de un 3.9%, y se consideró un aparente mensaje de cambio, aunque fuese pequeño; sin embargo, el rumbo no se mantuvo.

Meses después, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el incremento impuesto al salario directo –que es el importante por sus repercusiones en todas las prestaciones– se redujo en dos décimas de punto, otorgándoles un aumento a sus trabajadores de un 3.7% a partir del 16 de octubre de 2021. Esto a pesar de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) logró una importante victoria en el proceso de legitimación de su contrato colectivo de trabajo al haber hecho participar a 386 mil 95 trabajadores para refrendar el contrato y encabezar así la atención médica de millones de personas en estos tiempos tan complicados de pandemia.

A pesar de que en los últimos años el salario mínimo general ha tenido importantes incrementos, en 2018: 10.4%, en 2019: 16 %, en 2020: 20%, y 2021: 15%, esto no se ha reflejado en la política salarial de casa que aplica el gobierno federal con sus trabajadores, ahora con un probable 3.5%, que los deja desprotegidos ante ese animal come salarios que se llama inflación. Hay un dicho que dice por ahí: “Farol de la calle ...”, y que en estos tiempos casi nadie se atreve a pronunciar.

Esta política de jalar los salarios de los trabajadores del gobierno federal hacia el piso ha traído como consecuencia inmediata la dificultad de que en las negociaciones salariales en empresas privadas se ponga de ejemplo esta política gubernamental.

En lo que va de 2021 se han resuelto 4 mil 188 revisiones salariales en jurisdicción federal que involucraron a 1 millón 372 mil 128 trabajadores, quienes tuvieron incrementos promedio de 4.7% en términos nominales, aún por abajo del incremento del 15% a los salarios mínimos de este 2021, ya no se diga de los años anteriores.

Las negociaciones salariales se han convertido en temas muy complicados en los centros de trabajo donde existen sindicatos reales, porque se ha mostrado mucha reticencia en otorgar incrementos salariales que rebasen al menos el 5%.

Este problema se ha agravado porque en la mayoría de los centros de trabajo los salarios mínimos están alcanzando a los contractuales. Se empieza a crear el fenómeno de un país estandarizado en salarios mínimos restando fuerza a las negociaciones contractuales.

Actualmente el 60% de los trabajadores percibe menos de dos salarios mínimos, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que refleja la carencia que enfrentan los asalariados. 

¿De qué sirve una reforma laboral que impulsa, junto con los empresarios, un importante incremento a los salarios mínimos, pero que dificulta y hasta anula las revisiones contractuales? 

Si así van las cosas, los sindicatos tendrán que guardarse en estantes de cristal para que sean pura decoración.