Sin importarle las calificadas voces de la sociedad civil y de organismos internacionales de libertad de expresión tanto nacionales como internacionales, el pasado 11 de mayo el presidente Peña Nieto promulgó la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la #LeyChatoye, que legaliza las peores prácticas para la utilización de la publicidad oficial con la finalidad de controlar a los medios de comunicación de acuerdo a los intereses del gobierno en turno. Es una ley corrupta que da una amplia discrecionalidad para que funcionarios de todos los niveles y colores puedan gastar nuestro dinero para limitar la libertad de expresión, una de las libertades esenciales para que la democracia funcione cabalmente.
#LeyChayote
Ciego y sordo, el presidente promulgó esta ley sin importarle que el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que fue la instancia en la que comenzó el proceso de amparo de Artículo 19, haya resuelto si la ley cumple con la sentencia en los términos que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue dicha sentencia que obligó a que el Congreso legislara en la materia antes del 30 de abril de este año, corrigiendo una omisión legislativa de más de 10 años.
Una vez promulgada, voces independientes como la de la senadora Marta Tagle han hecho saber que desde el Congreso interpondrán una acción de inconstitucionalidad, lo mismo debería de hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su parte las organizaciones civiles, periodistas y académicos que integran el colectivo #MediosLibres, encabezado por Artículo 19 y Fundar, están ya preparando las acciones judiciales necesarias para echar para atrás esta nociva ley, esperemos que el poder judicial esté a la altura y resuelva su inconstitucionalidad.
Carmen Aristegui
Por si fuera poco con esto, el pasado fin de semana estalló el escándalo de una posible coptación del poder judicial para maniobrar en contra de la periodista Carmen Aristegui. En un reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso se da cuenta de tres documentos del ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, para presionar a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para que le den la razón al Grupo MVS de Joaquín Vargas quien acusó a la periodista de daño moral por haber escrito el prólogo del libro que narra la investigación sobre la Casa Blanca, el reportaje que puso al desnudo el conflicto de interés y la posible corrupción entre el Presidente de la República y la empresa constructora Higa.
El mismo día de ayer Ricardo Raphael en su columna en el periódico El Universal afirmó también tener copia de dichos documentos que intentan que los magistrados Elisa Álvarez Castro, Roberto Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza, le den la razón al empresario obligando a Aristegui a pagarle seis millones de pesos, una desorbitante cantidad que se antoja a venganza política, a ganas de suprimir al oponente. El ministro Pardo mediante un boletín de prensa afirmó que es respetuoso de la ley y que de ninguna manera intentaría torcer los caminos de la justicia, pero no niega la existencia de tales documentos.
Sin duda el reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto cimbró este sexenio y abrió la puerta a muchos reportajes más que se han sucedido develando la amplia corrupción del sistema político mexicano en manos del PRI y aliados, eso no se lo perdonan y por eso operan desde el poder para intentar anularla.
Habremos de ver lo que suceda, pero lo revelado por Villamil nos estalla en la cara el frecuente uso faccioso de la justicia, que a final de cuentas es también corrupción.
Libertad de expresión
Tanto la #LeyChayote como la intentona de acallar a la periodista Carmen Aristegui se dan en el marco del 6º aniversario del surgimiento del movimiento #YoSoy132. Fue en mayo de 2012 que este movimiento de jóvenes movió el tablero electoral cuestionando la imposición de Enrique Peña Nieto por parte de Televisa y pusieron en evidencia la manipulación de varios medios de comunicación que intentaron descalificar o esconder la protesta de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, cuando áquel la visitó como candidato a la presidencia, por ello fue un movimiento que se erigió utilizando las redes sociales en internet y pusieron en la aganeda nacional la necesaria democratización de los medios de comunicación.
Hoy varios de sus líderes son parte de la agenda que impulsa cambios en el país desde distintos ámbitos con la intención de transformar los lastres políticos: impunidad, corrupción y autoritarismo, en tanto otros se han asimilado al sistema de manera poco ética por decir lo menos.
Posdata
Fue una conmoción la noticia del fallecimiento de María Elena Meneses, académica del Tecnológico de Monterrey, estudiosa y experta de los fenómenos de internet, su calificado conocimiento, su opinión, su amistad, su generosidad y su lucha por la libertad de expresión nos hará mucha falta. Desde esta columna enviamos un abrazo solidario a sus familiares, amigos y alumnos.
Son días aciagos para la libertad de expresión.