Hace 209 años, Miguel Hidalgo y Costilla proclamó la abolición de la esclavitud y el cese de los tributos que pagaban las castas en la Nueva España, una medida reformadora para una sociedad que comenzaba una movilización social que conduciría a su emancipación de la corona española, pero también a intentar erradicar los vicios de más de 300 años de sumisión de diferentes grupos a los que se les crearon condiciones de desventajas sociales por sus orígenes étnicos, color de piel, entre otros factores.
En conmemoración del momento histórico, uno de los más relevantes en materia de reconocimiento de derechos en nuestro país, y que se trasladaría a otros documentos como constituciones y leyes posteriores, el día de ayer se decretó al 19 de octubre como Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades para las personas, independientemente de su género, edad, origen étnico, lengua, religión, ideología política, entre muchos otros factores.
El decreto, publicado este 18 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, se suma a la reciente ratificación de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, ambas de carácter vinculatorio ante la Organización de Estados Americanos, propuestas hace 5 años en la ciudad de Antigua, Guatemala, y solamente ratificadas por 10 países de América Latina y El Caribe.
El objetivo de ambas es promover la cultura de la igualdad y evitar cualquier tipo de exclusión que limite el reconocimiento d derechos y merme la calidad de vida de las personas.
Estas medidas responden a realidades como que en nuestro país, dos de cada personas adultas consideran que han sido discriminadas en el último año, entre otros factores, por su forma de vestir o arreglo persona, peso o estatura, edad y creencias religiosas o que casi 25 por ciento de las personas mayores de edad consideró que en los últimos cinco años se le ha negado, al menos, uno de sus derechos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.
La misma encuesta mostró los prejuicios, esas opiniones y valoraciones que se construyen sin sustento, que aún perviven en nuestra sociedad. Entre ellos, que 63 por ciento de la población mexicana piensa que los jóvenes son irresponsables; 42 por ciento asegura que las personas pobres hacen poco por salir de su condición de pobreza; 36 por ciento valora que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura o uno de cada cuatro mexicanos considera que una persona con discapacidad es de poca ayuda para el trabajo.
El tema requiere de múltiples reflexiones, desde diferentes ángulos y visiones, para ofrecer respuestas y explicaciones sobre un fenómeno tan arraigado en nuestra sociedad. Algunas de ella han provenido desde el ámbito de la academia, como el recién publicado libro Estudiar el racismo: afrodescendientes en México (INAH, 2019), que reúne los textos de 12 especialistas en la materia, y es la primera genealogía de gran alcance sobre la construcción sociocultural del racismo y la xenofobia en México.
De manera mucho más tibia, se han comenzado a crear los consejos en contra de la discriminación en algunos estados y municipios, aunque aún en muy pocos. Sin embargo, el mayor reto es que toda esta estructura de organismos para hacer frente a la discriminación cuente con mayores recursos legales de intervención, su opinión sea tomada en cuenta en el diseño de políticas públicas y se les otorgue la valoración adecuada dentro de una administración pública federal, estatal o municipal.
Como señala el filósofo Jesús Zepeda, el fenómeno es complejo debido a que detrás de la discriminación están relaciones de dominio y subyugación, y por ende, existen sectores sociales que no desean perder dichas posiciones de privilegio. Sin embargo, existen pocas rutas para abatir las desigualdades sociales y sus efectos, y una de ellas es la garantía del derecho a la no discriminación.