Opinión

Detrás de la retórica del “monopolio” en el sector farmacéutico

Una de las decisiones más tirantes de la actual administración ha sido la transferencia de las compras gubernamentales de medicamentos. | Talia Rebeca Haro*

  • 24/07/2021
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Una de las decisiones más tirantes de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido la transferencia de las compras gubernamentales de medicamentos primero del Instituto Mexicano del Seguro Social a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y posteriormente a la UNOPS. Si el debate reciente en México se ha centrado en el derecho a la salud, asociada con acceso a medicamentos (y por tanto, el desabasto asociado con el incumplimiento del Estado en otorgar el derecho a la salud, debido a los retrasos en el suministro de medicamentos), menos se ha discutido la eliminación de las compras gubernamentales, como política industrial destinada a favorecer y a especializar la industria farmacéutica local –una de las pocas que la industria preservó luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)–. Esta omisión ha sido debido a la retórica del Ejecutivo, confundiendo (intencional o a través de la omisión) dos puntos: 1) las diferentes etapas de la cadena farmacéutica, o sea, la producción y la distribución**; e, 2) igualando  “monopolio” con una política de desarrollo. 

Para firmar el TLCAN, una de las condiciones, impuestas por EU hacia México, fue endurecer el régimen de derechos de propiedad intelectual, con el fin de favorecer a la industria transnacional especializada en diferentes áreas tecnológicas. Desde la década de los setenta, bajo una retórica nacionalista, tanto en la presidencia de López Portillo como la de Miguel de la Madrid se habían negado a las peticiones del Representante Comercial de EU para endurecer este régimen a favor de la industria transnacional. No obstante, al ser ésta una condición para firmar el TLCAN, la industria transnacional obtuvo el 100% de sus peticiones, traduciéndose en la Ley de Propiedad Industrial de 1991, aumentando la duración y el rango de las patentes. Lo que en otros países ha sido intensamente debatido, en México, las reformas se hicieron en secrecía. Este régimen establece las normas preservadas por el Estado, bajo las cuales los medicamentos de tecnología avanzada son producidos. A cambio de ceder completamente esta política, la industria farmacéutica local retuvo términos favorables en las compras gubernamentales. Después de tres décadas, las cifras tanto de AMELAF como de la Secretaría de Salud varían, señalando que entre el 80% y el 90% del valor de las compras gubernamentales radica en los medicamentos protegidos con derechos de propiedad intelectual, producidos por la industria transnacional. O sea, sólo entre el 10 y el 20% del valor de las compras públicas es hacia los medicamentos genéricos, producidos principalmente por la industria local (incluidos los oncológicos, recientemente escaseando, debido al cierre de laboratorios locales productores). Si en volumen, las instituciones gubernamentales adquieren masivamente productos genéricos de las compañías locales; no es así en valor. 

La retórica del Ejecutivo, así como de la Secretaría de Salud, ha repetido una y otra vez, la eliminación de esta política, así como de los trámites regulatorios, con el fin de adquirir los medicamentos con el mejor precio y más rápidamente en el mercado internacional. Esto tiene subyacente una visión completamente neoliberal, eliminando las únicas políticas industriales permitidas luego de la firma del TLCAN, posteriormente T-MEC. El neoliberalismo, impuesto por EU y adoptado fervientemente por una élite tecnocrática local, significó la homogeneización de políticas de desarrollo. Entre las pocas políticas disponibles del Estado para coadyuvar en la especialización de los productores locales, han sido las compras gubernamentales (utilizada  en todo el mundo, incluido EU, por ejemplo, a través de “Buy America” instrumentada por el presidente Joe Biden) y la inversión en investigación y desarrollo. La transformación de la estructura industrial, con el fin de destinarla hacia la producción con mayor valor en la economía, es una de las tareas principales del Estado. La economía del conocimiento ha representado la de mayor conflicto durante la negociación de tratados de libre comercio (por ejemplo, durante la negociación de los capítulos de derechos de propiedad intelectual, involucrados los sectores en la frontera tecnológica). La eliminación de las pocas políticas disponibles para la transformación de la estructura industrial sólo sujetará a México a una mayor dependencia en los productos especializados, donde se encuentra el verdadero valor en las economías del conocimiento, como recientemente se demostró ante el suministro de vacunas para la covid-19 y otros productos médicos. 

** En el esquema de compras centralizadas, organizada por el IMSS, asignaba el 80% del volumen al mejor precio ofrecido por el distribuidor, mientras que el 20% restante al segundo. Esto ocasionaba que 60% de la distribución estuviese concentrada en tres empresas. En 2016, la OCDE recomendaba disminuir el volumen solicitado a las empresas, con el fin de aumentar el número de distribuidores. 


* Talia Rebeca Haro

Candidata a doctora por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuenta con dos maestrías: una en Salud y Políticas Sociales con doble diploma Erasmus Mundus por parte de la École des Hautes Études en Sciences Sociales y la Universidad de Linköping; y, la otra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte del Instituto Mora. Ha sido investigadora invitada en el Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad de Brown, la Universitàt Autonóma de Barcelona, Public Citizen, y en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales.

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