Opinión

Detalles de la "nueva normalidad"

Fiscalía de la CDMX no respeta instrucciones de confinamiento para mujeres; Guardia Nacional emite lineamientos contra amenazas de bomba. | Adolfo Gómez Vives

  • 22/06/2020
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El 19 de marzo, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, firmó el oficio circular FGJCDMX/OC/03/2020, que describe las acciones que se debieron seguir, por parte del personal de ese órgano autónomo, frente a la pandemia por covid-19.

En dicho documento se establece que las madres trabajadoras que no cuentan con apoyo para el cuidado de sus hijos podrán "optativamente, no asistir a trabajar presencialmente". También precisa que las mujeres embarazadas y personas mayores de 68 años "deberán dirigirse ante el enlace administrativo de su área de adscripción, para que se les autorice la permanencia en sus hogares durante el periodo de contingencia".

El 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2.

Dicha declaratoria de la autoridad federal obligó a Ernestina Godoy Ramos, a extender las medidas de confinamiento —en especial para madres trabajadoras y personas mayores de 68 años— "hasta el 5 de mayo", según se precisa en el oficio circular FGJCDMX/OC/04/2020, de fecha 13 de abril.

Dieciséis días después, la fiscal de la Ciudad de México se vio obligada a firmar otro oficio circular —el FGJCDMX/OC/05/2020—, a efecto de prorrogar el inicio de actividades "hasta el 30 de mayo". Y ante la prevalencia de las cifras de contagios y decesos, el 27 de mayo autorizó una nueva prórroga relativa al confinamiento de sus trabajadores, con vigencia hasta el 15 de junio pasado, según se advierte en el oficio FGJCDMX/OC/05/2020, de fecha 27 de mayo.

Sin embargo, a pesar de las disposiciones relativas al confinamiento, un número no determinado de madres trabajadoras han sido obligadas a presentarse a laborar, lo que las pone en situación de riesgo de contagio, lo mismo que a sus familias.

Y aunque las cifras de personas infectadas y fallecidas siguen en ascenso en el ámbito nacional, la fiscal Godoy Ramos no ha emitido un nuevo ordenamiento que exima de asistir a laborar a madres y adultos mayores, por lo que a partir del miércoles pasado han tenido que presentarse, con el riesgo que ello conlleva.

Ante la ausencia de información oficial, los trabajadores exigen un pronunciamiento escrito de la fiscal general, acorde con los lineamientos emitidos por la jefa de Gobierno. Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores de la FGJCDMX, Antonio Piña Lara, solicitó —a través del oficio SUTFGJCDMX/81/06/2020— que se informe al personal administrativo de base, "cómo y cuándo" se van a reintegrar a sus centros de trabajo, así como las medidas sanitarias que se deberán llevar a cabo para resguardar su salud.

En el escrito dirigido a la fiscal general, el líder sindical solicita que se siga considerando al personal de alto riesgo, "tal y como lo estableció la jefa de Gobierno en la Gaceta Oficial del 12 de junio", en que se precisó que el color rojo del semáforo epidemiológico se mantendría hasta el 21 de dicho mes. Cabe precisar que la propia Claudia Sheinbaum anunció posteriormente el mantenimiento de las medidas restrictivas, por un lapso aún no definido.

En la cuenta de tuiter de la Fiscalía se exhibe una infografía, que señala en su primer punto: "las madres trabajadoras de la #FGJCDMX, con hijas e hijos menores en edad escolar y que no cuentan con el apoyo de otra persona para su cuidado, pueden permanecer en sus hogares". Ante las inquietudes de los trabajadores, la misma cuenta de redes sociales ha señalado que "las mamás con hijos en educación básica y personas vulnerables no regresarán a trabajar, hasta nuevo aviso". Se trata, pues, de un catálogo de normas que no se cumplen.

Preocupa a Guardia Nacional amenazas de bomba

Mediante oficio número Subjfa. Optva./S.T./435 de fecha 16 de junio, el general brigadier Gabriel Martínez García, subjefe operativo del Cuerpo de Policía Militar, dio a conocer al jefe del Estado Mayor de dicho órgano, los lineamientos relativos a la forma como los elementos de la Guardia Nacional deben responder a las llamadas telefónicas que reciban.

El documento señala, por ejemplo, que "se deberá evitar caer en el señuelo de personal femenino que se interesen en socializar con el fin de distraer, mantener ocupado un canal de comunicación o buscar información", lo que demuestra la misoginia que prevalece en dicha institución.

Al oficio se anexa una tarjeta referente a los datos que los elementos deben considerar al momento de recibir una amenaza de bomba. Se exige que dicha tarjeta sea "colocada debajo de cada uno de los teléfonos", con el fin de que el personal sepa cómo proceder.

La tarjeta pide identificar características en la voz de quien llame, entre las que destacan: "profunda" u "obscena", además de que solicita precisar si se escuchan sonidos de fondo como tráfico, fábricas, animales, etcétera. Otros temas, diferentes a la pandemia, ocupan a ese cuerpo inconstitucionalmente militarizado.