Cuando aún no inician las campañas electorales y luego del largo e intenso recorrido por el periodo de precampaña e intercampaña, ya existen suficientes elementos para prefigurar la instrumentación de una verdadera campaña de Estado para impulsar al candidato del PRI y descalificar a los opositores con posibilidad de ganar la elección, en particular, al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
El uso faccioso de las instituciones; la impunidad ante actuaciones de corrupción y de violación a los derechos fundamentales; así como el delicado clima de violencia que ya ha costado la vida a más de cuarenta aspirantes y autoridades de diversos órdenes de gobierno –recientemente denunciados ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) por líderes de la coalición Por Mexico al Frente– no deja lugar a duda de la complejidad y la crisis que acompaña al proceso electoral y que pone en riesgo tanto la calidad democrática de la elección como los fundamentos mismos del ejercicio democrático del poder y la representación, la estabilidad social y la consecuente gobernabilidad y gobernanza del Estado mexicano.
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A tal grado han sido los excesos y el uso faccioso de las instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la agencia de noticias Notimex, la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) así como los presupuestos de comunicación de la Presidencia de la República y las dependencias públicas para el control de algunos medios de comunicación, que ya se configura lo que en el derecho administrativo se cataloga como “desviación de poder”. Esta figura se ha empleado para dirimir sobre casos graves de violación al derecho a la justicia por parte de las autoridades de un país ante denuncias presentadas en los organismos internacionales por los afectados.
Desvío de poder
El desvío de poder se configura en el derecho administrativo cuando un órgano de la administración pública usa sus competencias para fines distintos a sus potestades y daña a terceros de manera directa o indirecta, siempre en el ámbito de una supuesta legalidad que enmascara sus actos. Es de tal gravedad que, de acuerdo a las actuaciones, a la motivación de los responsables de las dependencias y a las consecuencias que estos actos generen, que se puede configurar el delito de prevaricación el cual involucra a un juez o autoridad cuando emite una resolución o actuación a sabiendas de que es ilegal e injusta.
Lo que hemos visto a lo largo del proceso electoral es la actuación facciosa de las autoridades de procuración de justicia amparadas en una supuesta legalidad, como la de suponer que filtrar un video que contiene imágenes y diálogos privados entre dos particulares puede ser algo legal y normal en el ejercicio de las competencias de la PGR. Se pretende enmascarar en un acto normal de esa dependencia a fin de evidenciar supuestas conductas ilícitas y ofensas a la autoridad; algo nunca visto. Es un craso error y una grave implicación jurídica para el encargado de despacho que convierte a la PGR en oficina de propaganda política del candidato de PRI y que orienta las acciones de la dependencia para dañar la imagen de un candidato presidencial, algo que, por definición, es trascendente para la vida democrática del país y para los derechos políticos del candidato y de los electores.
Elección de estado
Si a estas actuaciones sumamos lo hecho por otras dependencias que, al margen de sus facultades y siempre en el filo de la navaja de una supuesta legalidad, han enderezado en contra de Ricardo Anaya a fin de dañar su imagen y tratar de inhabilitarlo para participar en las elecciones como candidato presidencial, entonces tenemos a la vista, ni más ni menos, una constelación de comportamientos que configuran una elección de estado y presuntos delitos de desviación de poder y prevaricación de los titulares de estas dependencias que deben ser investigados, juzgados y, en su caso, castigados.
Ante esta delicada situación, los miembros de la coalición por México al Frente han elevado su voz ante distintos organismos internacionales responsables de promover la democracia y garantizar los derechos humanos. Fue alentador recibir el respaldo del secretario general de la OEA en propuestas como la creación de una comisión de la verdad para investigar hechos de corrupción; el combate a la impunidad a partir de la definición de Ricardo Anaya de “romper el pacto de impunidad” y la preocupación compartida sobre los actos de violencia que a estas alturas ya bañan de sangre el proceso electoral.
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Adicional a las medidas legales que vayan a emprender los miembros de la coalición Por México al Frente, es alentador haber recibido una respuesta positiva por parte de la OEA a la denuncia política sobre las irregularidades cometidas y la petición de enviar una misión de observación electoral para todo el proceso electoral que coadyuve a tutelar los derechos políticos de los mexicanos en la medida en que sus observaciones contribuyan a contener las estrategias antidemocráticas del gobierno y su partido y a garantizar la calidad democrática de las elecciones del 1 de julio de 2018.