El pasado domingo 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones para más de 20 mil cargos de representación popular, entre los que hubo 15 gubernaturas estatales, casi 2 mil ayuntamientos, la renovación de 30 congresos de las entidades federativas y la integración de la Cámara de Diputados federal.
No se llegó a esta fecha en las mejores condiciones en el entorno público. Las campañas electorales, en general, no fueron propositivas en cuanto a esquemas y programas de gobierno, sino que prevaleció el contenido orientado a denostar y a descalificar a los adversarios. Otro rasgo sumamente preocupante fue la violencia política que, en su expresión extrema, implicó agresiones e, incluso, el asesinato de actores políticos, lo que enrareció el clima en el periodo de campañas.
Aún con lo anterior, millones de personas acudimos a las más de 164 mil casillas instaladas para expresar nuestra preferencia política mediante el voto. Lo hicimos a partir del núcleo de la capacidad de agencia como ciudadanos, que es la libertad de elegir, en un escenario de pluralidad, a quienes serán nuestros delegados en el ejercicio del poder y nuestra voz en los espacios legislativos.
El ámbito procedimental de la democracia tiene un papel relevante, dado que a través de él se garantiza el derecho fundamental a sufragar. Por ello, se debe reconocer el profesionalismo del personal de las autoridades electorales que, en conjunto con miles de ciudadanos, lograron organizar las elecciones del proceso más grande en la historia de nuestro país, en condiciones seguras y con un número muy reducido de incidentes reportados, que no afectaron la certeza sobre los resultados. Se estima que alrededor del 52% de los votantes acudieron a las urnas, siendo la elección intermedia con mayor participación en este siglo en nuestro país. Esto muestra el alto interés que suscitó en la población este proceso que, en los hechos, se convirtió en una suerte de prueba para confirmar o retirar el aval popular a la administración en turno.
Al momento de escribir estas líneas y con base en los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE, al comparar con los resultados de las votaciones de 2018, es posible advertir que bajó muy ligeramente el respaldo al actual gobierno pues, aunque pierde algunas curules en la Cámara de Diputados, conserva la mayoría simple en este espacio legislativo y, con sus alianzas partidistas, la mayoría absoluta.
En cuanto a las entidades federativas, las propuestas del partido Morena resultaron significativamente beneficiadas por el voto de la ciudadanía, llevando la delantera en once de las quince gubernaturas en contienda, pese a la singularidad del caso de la CDMX, donde después de 24 años de dominio de la izquierda en los espacios de gobierno, en esta ocasión resultó una votación dividida entre la alianza del PRI, PAN y PRD y la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo.
Sin duda, el caso de la capital del país merece un análisis profundo y minucioso para determinar, con precisión, cuáles fueron las variables y las condiciones que incidieron en un cambio drástico en la configuración política de los espacios de gobierno.
También se perfila una importante apertura de espacios para las mujeres, ya que seis de los estados de la República serán gobernados por ellas si se mantienen los resultados del PREP. Esto constituye la reivindicación de la demanda por un aumento de la equidad en los puestos de alta responsabilidad y el esperado inicio de la ruta hacia la paridad efectiva, ahora en el ámbito de los poderes ejecutivos estatales.
El inicio del cuarto año de gobierno del presidente López Obrador estará marcado por el refrendo del apoyo de gran parte del electorado al proyecto nacional que plantea. Sin embargo, en los resultados también se puede encontrar un mandato hacia la construcción de consensos y a la inclusión de otras perspectivas políticas en la actuación gubernamental. La configuración en los espacios legislativos incentivará lo anterior, pues las reformas trascendentales, incluidas aquellas que requieren de la reforma de la Constitución, tendrán que ser fruto de la labor de convencimiento y acuerdo entre las distintas fuerzas partidistas. La natural polarización de las campañas ahora deberá sublimarse para dar paso a la búsqueda de la articulación de la diversidad y el pluralismo dentro de los cauces institucionales.
Con los comicios del pasado 6 de junio, México ha dado un paso hacia la construcción de un modelo de régimen político sólido. El fraude y las irregularidades electorales que hasta hace unos cuantos años eran comunes, hoy afortunadamente se han reducido, y no son ya la principal amenaza a la arquitectura democrática. Hoy los desafíos radican en la persistente desigualdad económica; en la falta de oportunidades para grandes segmentos de la población; en los lugares donde es endeble la vigencia del Estado de Derecho ante fenómenos tales como el crimen organizado, la inseguridad y la violencia. Estos problemas históricos de larga data, que el Estado mexicano no ha podido resolver, son obstáculos para que, quienes son afectados por ellos, puedan ejercer sus derechos plenamente. Lo anterior impide consolidar la participación de las personas en los asuntos públicos, la cohesión comunitaria, así como la generación de un sentido de identidad y de pertenencia, todos estos, rasgos de una democracia efectiva.
Se precisa que el rumbo hacia un ideal de nación tenga como punto de partida la coincidencia de esfuerzos de todos los actores políticos, con base en el interés general y el bien común, siempre por encima de los intereses de grupo y las posiciones inamovibles. Es un momento adecuado para generar espacios de diálogo que, en un esquema claro de responsabilidades y equilibrio de poderes, creen las condiciones necesarias para la mejor convivencia democrática.