Opinión

Desprecio de la ombudsperson al preso militar

Para mi sorpresa, los más renuentes a revisar los casos de violación de derechos humanos de los militares, fueron los de la CNDH. | César Gutiérrez

  • 15/12/2020
  • Escuchar

El 28 de octubre de 2005, México se convirtió en el Estado Parte número 100 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto se logró mediante la coordinación de los tres poderes para encontrar la fórmula jurídica y las condiciones para que México adecuara su sistema jurídico interno y aceptara la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, la historia sobre el desarrollo de los derechos humanos y su aplicación por el ejército ha sido una falacia en tiempos actuales. Su implementación data desde que México adquiere el compromiso con la suscripción de los convenios de Ginebra y por lo tanto, el gobierno mexicano tiene la obligación ineludible de educar y adiestrar a sus fuerzas armadas, con el fin de evitar que el personal militar cometa un delito o infracción en el cumplimiento de sus deberes. Si realizamos una auditoría práctica en el ejercicio de cada nivel de mando, se podrá verificar cuántos realmente saben aplicar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Podríamos ver quiénes son los que han salido al extranjero y quiénes son los discriminados en cada uno de los cuarteles.

Desde el año 2006, diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de víctimas y organizaciones internacionales han denunciado crímenes de lesa humanidad que se han cometido tras la famosa guerra contra el narcotráfico. El 9 de abril del 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró esta situación en México: “tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252,538 desde 2006” ; tiene más de 40 mil personas víctimas de desaparición forzada, de las cuales sólo en los últimos 100 días se han reportado 481 víctimas y se han identificado más de 200 fosas con 337 cuerpos completos , e investiga 8.335 casos de tortura, de las cuales solo ha presentado cargos en 17 casos”. 

Así mismo, a partir de la información suministrada conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma, la Oficina de la Fiscalía de la corte penal internacional considera que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2017 la violencia relacionada con las drogas entre las fuerzas del gobierno mexicano y las organizaciones de narcotráfico alcanzaron tal nivel de intensidad suficiente y organización necesaria para determinar que la situación de violencia en el país ha resultado en un conflicto armado de carácter no internacional, tal y como lo plantea el más reciente estudio “La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 a 2017: ¿Es un conflicto armado no internacional?”, elaborado por la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden.

Luego entonces, tenemos que despejar varias incógnitas 1. ¿Quiénes desconocen los derechos humanos en el ejército y FAM? 2. ¿Quiénes son realmente los responsables de dar órdenes contrarias? 3. ¿Quiénes permiten con su omisión y la simulación, la violación de facto de los derechos humanos? 4. ¿Por qué tendrían que cumplir los subordinados órdenes contrarias si cuentan con la educación y adiestramiento de derechos humanos? 5. Si el soldado también es ciudadano, ¿por qué en su condición de militar se violan sus propios derechos humanos? Antes de ser militar se es ciudadano, incluso puede votar. 6. ¿Por qué deberían tener validez las confesiones bajo tortura por parte de la extinta policía judicial militar que violentó los derechos humanos del personal militar y que está comprobado mediante el protocolo de Estambul que fueron torturados? ¿Por qué se ha permitido este tipo de violaciones aún cuando México está suscrito a los convenios de Ginebra y es un Estado Parte de la corte Penal Internacional? 

Por eso es que toda esta situación se ha convertido en una falacia. No se ejerce la acción penal de aquel comandante de tropas que no se responsabiliza de lo que hagan o dejen de hacer sus subordinados. Dejaron de existir líderes, ahora solo hay mercenarios de escritorio que buscan eludir sus obligaciones, pero les encanta recibir dinero del casino, del intendente, de las cuentas presupuestales y de todo aquel que denigra el uniforme militar vendiendo su dignidad, como los actuales perseguidos que cuentan con órdenes de aprehensión. 

De igual manera, pudimos ver la visita de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Gral. Luis Cresencio Sandoval González, a las instalaciones de la prisión del Campo Militar 1-A, esto en compañía del subsecretario de derechos humanos  de la Secretaría de gobernación Alejandro Encinas, donde se tenía preparado un desayuno entre los mencionados. Hubo un par de presentaciones de autoridades penitenciarias y de reclusos con sus artesanías, se preparó un pequeño recorrido en las instalaciones de la prisión y se tenía contemplada una pequeña reunión de 10 minutos entre la ombudsperson y un reducido grupo de internos, para entregarle personalmente cartas donde se narraba sus asuntos legales y las violaciones a sus derechos humanos por medio de torturas de la extinta policía judicial militar.

Sin embargo, para sorpresa de los presentes, la presidente de la CNDH señaló que su agenda estaba muy apretada y que no podía atenderlos personalmente, a lo que los presentes en el recorrido me comentan que el mismo secretario de la defensa nacional mencionó que serían solo unos minutos, que no le quitarían tiempo, y sería un gran gesto para los internos. A esto, la señora Piedra Ibarra fue enfática al señalar que ya tenía una reunión programada con la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, por lo que la reunión con los presos militares fue cancelada.

En México, el desconocimiento que tenemos sobre los derechos humanos es tan grande, porque no los entendemos. Tuvimos por décadas garantías individuales que la Constitución nos otorgaba, pero no hemos podido comprender que los derechos humanos son intrínsecos para cualquier ser humano, por ese simple hecho. Se han confundido al pensar que los policías, soldados y marinos, son una institución, se les olvida que antes que militares o policías son seres humanos.

Me parece increíble imaginar que todas las ilusiones que tenían esos presos militares de poder entregar una carta a la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que pudiera conocer de primera mano su asunto, simplemente no fueron posibles porque había una agenda que cumplir. En mi experiencia, esta actitud me hace pensar que realmente nunca hubo ese interés por parte de la ombudsperson de tener esa pequeña reunión. ¿Tal vez piensa que no merecen su tiempo? o ¿tal vez existe una animadversión contra el personal militar? Lo que sí me queda claro, es que la firma de los convenio entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue en las instalaciones de la prisión militar del campo militar 1-A por una sola razón: que la ombudsperson revisara alguno de esos 233 casos de militares que han sido torturados para auto incriminarse e incriminar compañeros militares. Y no sólo no se llevó a cabo, sino que los mismos fueron despreciados, acabando de tajo con cualquier esperanza de justicia al personal militar.

Vaya paradojas de la vida, yo pensé que la mayor resistencia para revisar esos caso sería por parte de la SEDENA, pero para mi sorpresa, los más renuentes fueron los de la CNDH.

Por último, no puedo dejar pasar las propuestas de reforma a la ley de seguridad nacional que propone el senado de la república. Ésta recupera parte de la soberanía nacional que habíamos perdido con la firma de la iniciativa Mérida, la cual permitía a las agencias de inteligencia extranjeras, en específico las de EU hacer lo que quisieran en territorio nacional, so pretexto de la agenda de seguridad nacional de ambos países.

Como lo hemos visto en los últimos años, la violencia ha crecido en México, se han fortalecido los grupos criminales y existe una intervención no regulada de los diferentes órganos de inteligencia que andan comprando voluntades, tanto de autoridades como de presuntos delincuentes, sin respetar el marco jurídico del país. Asimismo, existe la inmunidad diplomática de los agentes de agencias de Estados Unidos para participar en diferentes acciones que podrían considerarse como ilegales. Un ejemplo más claro fue utilizar una investigación criminal que se inició contra un grupo delictivo en específico y un personaje, como el ex fiscal general de Nayarit Edgar Veytia, para después ser utilizado contra el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, lo que caló duro en el sentir militar y de los políticos mexicanos.

De los puntos más importantes, resalto la creación de grupos de coordinación operativa e investigación, y un grupo de alto nivel en el consejo de seguridad nacional; la extinción de inmunidad para agentes extranjeros en caso de cometer delitos en suelo mexicano; y la obligación de presentar informes mensuales de los trabajos de investigación e inteligencia. Empero, siendo realistas, el reto más importante será, que nuestros sistemas de inteligencia deberán estar acordes a las circunstancias y nivel de compromiso. La coordinación bilateral deberá ser con el mismo respeto, pero con similares resultados, ya que los grupos criminales no solo están en México, también los hay con nuestros vecinos del norte. Si queremos respeto a nuestra soberanía, debemos demostrar que no necesitamos ayuda externa y que tenemos la capacidad para solucionar nuestro problemas.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.