Probablemente no exista una demanda más sentida y una aspiración más profunda entre los ciudadanos que la de la justicia, en tanto que es la base de la convivencia civilizada, sustentada en el respeto a las garantías individuales y en el principio de igualdad ante la ley. Acudimos a la justicia cuando alguno de los demás derechos es violentado y por ello, cuando está ausente, se desatan las luchas más encarnizadas para hacerla valer.
En la tradición mexicana, esta aspiración quedó plasmada en el artículo 17 de la Constitución, refrendada a lo largo de los últimos cien años en sendas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en respuesta a múltiples amparos, han ratificado teóricamente el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta, completa e imparcial. Es decir, sin obstáculos, para acceder a los tribunales a fin de hacer valer lo que a su derecho convenga.
Lamentablemente esto no ha aplicado para la mayoría de los mexicanos. En el México real son millones los excluidos del sistema de justicia, en especial los que menos saben, menos pueden y menos tienen. De tal manera que son legión los ciudadanos a quienes, de manera cotidiana, les son negados sus derechos de manera directa o indirecta, sea por la falta de acceso a las instituciones o por la dilación amañada y la parcialidad de muchos jueces y magistrados que se ha corrompido ante el poder del dinero o de la prepotencia de los políticos con derecho de picaporte a fin de torcer la ley a su favor o de sus protegidos.
Sin embargo, hay algo peor que la corrupción de barandilla, algo más burdo y perverso que la corrupción individual de algún juzgador o de diversos funcionarios públicos. En efecto, nada es tan grave como el desprecio sistemático de los representantes del poder hacia las instituciones de justicia en su conjunto, sea por omisión o por acciones de intromisión, manipulación, cooptación y anulación de las instituciones hasta el punto de desaparecerlas si esto es conveniente al poder en turno, ni más ni menos que “la ley de héroes”. Ese parece ser el sello de este sexenio en la víspera del proceso electoral del 2018.
Los hechos así lo constatan y no podría ser peor, pues a falta de fiscal electoral, recientemente removido en condiciones poco claras, antecede la del procurador de la República en medio del entrampado proceso para elegir Fiscal General de la Nación y, en consecuencia, la falta de designación del fiscal anticorrupción, pieza clave del nuevo sistema. Signo inequívoco del agotamiento del actual régimen es esta tríada autoritaria de omisiones y actuaciones que tiene en jaque al sistema de justicia de nuestro país y que representa un gravísimo riesgo para los derechos humanos, sociales y políticos de los mexicanos.
A propósito del ex titular de la FEPADE, durante los últimos días fuimos testigos de varios capítulos de horror: el cese fulminante del fiscal, el inédito debate en el Senado sobre su remoción; la discusión sobre el voto secreto que buscó imponer el PRI a toda costa y el repentino desistimiento de Santiago Nieto a objetar su remoción son acontecimientos inexplicables, inoportunos e inaceptables que, a tan solo ocho meses de las elecciones, enrarecen el clima electoral, debilitan las instituciones fundamentales del sistema de justicia de nuestro país y ponen en riesgo la calidad democrática de las elecciones del 2018.
En medio de una muy preocupante indiferencia del gobierno federal, hasta ahora un manto de opacidad cubre la inoportuna y desaseada destitución del fiscal encargado de perseguir los delitos electorales. En nada ayuda la sospecha de que el cese tuvo la finalidad de cubrir presuntos hechos graves de corrupción del ex director de Pemex con la empresa brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial del PRI en 2012.
Como puede advertirse, nada más delicado para el país y para la buena marcha del proceso electoral que debilitar las instituciones encargadas de garantizar el desarrollo legal del proceso. Es muy preocupante pensar que la remoción fue un acto autoritario del gobierno y su partido para hacerse de un fiscal electoral a modo ante el riesgo de perder las próximas elecciones.
Hoy la crisis de justicia está mediatizada por el debate preelectoral y parece no advertirse que no se trata de una serie de atentados aislados al sistema de justicia sino de un verdadero desmontaje antidemocrático para beneficiar a un régimen agotado y sediento de impunidad.
Por tal motivo, el Congreso debe agendar de inmediato la integración de una comisión para investigar el fondo estos hechos y, al mismo tiempo, poner en marcha el mecanismo integral para elegir al Fiscal General, al Fiscal Anticorrupción y al Fiscal Electoral a fin de que garanticen justicia, autonomía, transparencia y legalidad a un país agraviado por la impunidad, la corrupción, el abuso, la ilegalidad y los fraudes electorales, antes de que sea demasiado tarde para mantener la estabilidad social, la gobernabilidad y la paz.