“No se alcanzaron los acuerdos para mantener a los actuales comisionados”, anunció el presidente del Senado, sin explicar porqué, ni cuáles fueron las razones específicas para cada uno de ellos. La misma situación para todos impide conocer la relación de causa y efecto e individualizar la responsabilidad si la hubiera. Si el Senado -que debiera decir las razones-, prefiere la “negativa ficta”, elude su función en la rendición de cuentas.
Aludir a la crisis del IFAI es un lugar común. Lo relevante ahora es si en el Senado se diseñan las respuestas institucionales no solamente para resolverla, sino para aprender de la experiencia y mejorar. Para calibrar la orientación de la respuesta, el procedimiento que ha dado a conocer el Senado para los nuevos nombramientos permite conocer las reglas del juego.
a) Reglas del juego, jugadores y decisores
El Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) establece un procedimiento sencillo: se abre la convocatoria, se reciben propuestas que pasan por el primer filtro “formal” de la JUCOPO, luego se envían a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos Segunda la que hará las comparecencias y presentará al pleno las propuestas definitivas.
Para ser candidato se requieren requisitos mínimos: mexicano por nacimiento, mayor de 35 años, gozar de buena reputación no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal por más de un año de prisión, a menos que fuera por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastimare la buena fama, residencia en el país de dos años anteriores, y no haber sido secretario de estado, Procurador General (ahora fiscal) o del Distrito Federal, senador, diputado federal, gobernador o jefe de gobierno.
Al no establecerse requisitos sobre conocimientos o experiencia relacionados con las materias del IFAI, la regla tiene un sentido inclusivo más que excluyente. Los requisitos son más “negativos” que “positivos”. Sólo podrán excluirse quienes no acrediten los requisitos formales o falseen la información. Los requisitos subjetivos como la “buena reputación” se presumen. La Ley vigente en tal rubro es más específica al exigir “haberse desempeñado destacadamente”, profesionalmente, en el servicio público o en la academia.
Al no existir prohibición, también es posible que los actuales comisionados puedan presentar sus candidaturas.
Las reglas amplían la posibilidad de participación, pero al no ser “técnicos” la valoración de la idoneidad de las candidaturas y de los “perfiles” se realizará en los marcos de la discrecionalidad y de las virtudes “no documentadas ni documentables”. Al no establecerse parámetros para la valoración de la experiencia, de los conocimientos o los postulados de los candidatos para resolver dilemas, existe una mayor posibilidad de que san desplazados por criterios políticos y discrecionales.
El rol construido por las reglas es el de un juego llamado: la cadena alimenticia. El pez grande se come al chico y éste quiere ascender en la cadena patentada por Darwin.
b) De los grupos parlamentarios a la Junta de Coordinación Política
El Acuerdo de la JUCOPO, cambia les reglas del juego establecidas en la reforma constitucional. Ésta dice que luego de la “amplia consulta” a la sociedad, “los grupos parlamentarios” propondrán a los candidatos. El Acuerdo desplaza a los grupos parlamentarios por la Junta de Coordinación Política. Además de los problemas de constitucionalidad que crea el Acuerdo, cambia la lógica de la decisión. No será el mismo resultado el que se obtenga si los candidatos provienen de las fracciones parlamentarias o de la JUCOPO.
Cuando el Acuerdo dice que la JUCOPO “será la encargada de revisar los requisitos constitucionales de elegibilidad”, pronuncia una metáfora.
“Revisar requisitos” tan elementales es una tarea artesanal de poca monta para las altas funciones de la JUCOPO. Al Acuerdo debe agregarse una fe de erratas que diga “será la encargada de negociar quienes serán los comisionados”. La función de la JUCOPO es ésa, articular los acuerdos políticos como instancia que reúne a las cúpulas de las fracciones.
Donde debiera estar una instancia técnica que pondere requisitos, está una política.
Los roles creados por las reglas favorecen la integración por cuotas, y dentro de éstas a quienes tengan mayor capacidad de cabildeo y de lograr, dicho técnicamente, “amarres” (combinación entre interés, aceptabilidad y no objeción).
c) Las Comisiones Unidas, entre la organización del show y el acuerdo político
El acuerdo político del pez grande (JUCOPO), predetermina la función del chico (las comisiones unidas). Las comparecencias serán más un formulismo que algo esencial para la decisión. Es menos probable. Quizás, como sucedió en el procedimiento para ministros de la Corte, si algún candidato es impresentable, dependiendo que tan agudo e inquisitivo pudiera ser el interrogatorio de los senadores (improbable), el acuerdo podría “caerse”.
Si, como llevan a predecir las reglas, la JUCOPO parirá el acuerdo político, el margen de decisión de las Comisiones Unidas será acotado y dependerá del grado de rebeldía que pudieran tener sus integrantes frente a la decisión cupular, o bien, a un cambio de condiciones que ponga en crisis tal acuerdo. La integración de las presidencias de las Comisiones Unidas no parece mostrar mayor grado de beligerancia. El cambio dado al inicio del proceso de la Comisión de Justicia encabezada por el Senador Gil por la de Prácticas Parlamentarias del senador Corral, abona a favor de la fluidez en la comunicación con la dirigencia de la fracción panista. Habría que atender como se procesa la comunicación entre el Senador Encinas y su dirigente.
Las reglas son el contexto de las decisiones probables. Las de la designación de comisionados, están hechas para reincidir en situaciones que han propiciado los cuestionamientos: decisiones por cuotas, partidizadas, por grupos de presión.
Es la pedagogía de la cadena alimenticia.
@jrxopa