El pasado 13 de febrero, con la publicación de la convocatoria para la designación de cuatro personas integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado, dio inicio el proceso de renovación escalonada que se prevé en su diseño institucional, mismo que culminará el próximo cuatro de abril.
Sin duda, es de suma importancia la configuración del organismo público autónomo constitucionalmente que se encarga de la organización de las elecciones federales y locales en las entidades, estas últimas en coordinación con las instituciones electorales de los estados de la República y la Ciudad de México. El INE es una institución peculiar, que implementa grandes esfuerzos en el cumplimiento de sus labores en el ámbito comicial, contando con la participación de la ciudadanía de manera amplia en las distintas fases de las elecciones, además de ser reconocido a nivel internacional por su desempeño.
Bajo este contexto, es conveniente para la institucionalidad democrática del país, que el procedimiento para cubrir los lugares que dejarán vacantes la consejera Pamela San Martín Ríos y los consejeros Benito Nacif, Enrique Andrade y Marco Antonio Baños, esté caracterizado por la transparencia en actos y decisiones, además de situarse en un esquema de privilegio al mérito de los postulantes.
Uno de los primeros pasos en la ruta de la selección de los consejeros que fungirán como tales en un periodo de nueve años que concluirá en abril de 2029, se dio con la instalación del Comité Técnico Evaluador, instancia prevista en el artículo 41 de la Constitución, que mandata su integración por siete personas de reconocido prestigio. Este órgano fue instalado el viernes 28 de febrero pasado en la Cámara de Diputados. Se integra por la Dra. Ana Laura Magaloni y el Dr. José Roldán Xopa, a propuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la periodista Sara Lovera y el Dr. John Ackerman, impulsados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Dr. Diego Valadés, la Dra. Silvia Giorguli y la Dra. Blanca Heredia, designados por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, a partir de propuestas de los legisladores.
El grupo de personalidades tiene encomendado verificar que los aspirantes registrados cumplan los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo. Además, propondrá la metodología base para la definición de los criterios específicos de evaluación que serán acordados por la JUCOPO. A partir de esto, el Comité seleccionará a los cinco mejor evaluados por cada una de las cuatro vacantes y remitirán las listas resultantes al mencionado órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, en cuyo seno se impulsará la construcción de consensos para votar una propuesta que se remitirá al Pleno con las designaciones correspondientes.
De la narrativa anterior se desprende claramente la centralidad que tiene el Comité Técnico Evaluador para llevar a buen puerto la integración del máximo órgano de dirección del INE. Sin duda, en su conformación se observan trayectorias destacadas en lo académico y social, en un marco de multidisciplinariedad que interpela a la naturaleza de la materia electoral, que tiene que ver con una visión amplia del concepto de democracia que implica, además del apego a la legalidad, un variado abanico de termas como son la educación, la construcción de ciudadanía, la confianza de las personas en las instituciones, la garantía de los derechos político electorales y la participación social.
Así, se debe sumar a la reconocida competencia de las personas que forman el Comité Técnico de Evaluación, un ejercicio transparente de valoración, sustentado de manera objetiva, alejado de egoísmos y de intereses facciosos, con la mira a seleccionar a los mejores perfiles para listar y poner a consideración del legislativo, que tendrá la decisión final al respecto.
Son tiempos de robustecer las instituciones del Estado y sus capacidades, por ello se torna aún más inaceptable el modelo de cuotas que permitía la entrada a las instituciones a individuos a partir de la lealtad al grupo o persona que les daba impulso. Toca ahora designar a partir del talento, la formación, la experiencia y la trayectoria, como aspectos que permiten realizar una prospectiva de ejercicio de atribuciones basado en la autonomía, la capacidad técnica y el conocimiento profundo de las normas. Además, la delicada tarea del INE requiere liderazgos que contribuyan a la dirección colegiada, capaces de generar consensos a través del diálogo y la discusión mesurada y respetuosa, con dominio del oficio político.
El rigor y la meticulosidad en la designación de los nuevos consejeros abonará a dar vigencia a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, rectores de la actuación del organismo electoral.
La consolidación de la democracia implica apuntalar la institucionalidad que se ha venido construyendo en los últimos años. Fortalecer al organizador de las elecciones, garantizando que sean las mejores mujeres y hombres quienes laboren en él, es una forma de coadyuvar a lograr ese objetivo.