Agotado el plazo legal para la designación de los comisionados ciudadanos que deberían integrar al Pleno del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se enfrentará este martes 3 de abril, a la urgente necesidad de resolver el entuerto que innecesariamente generó, con tal de que los partidos políticos allí representados sigan teniendo el control de ese “órgano autónomo” de la Ciudad de México, en detrimento del derecho humano a la transparencia.
Viciado de origen, el procedimiento para la selección de los consejeros inició con el pie chueco, a partir de la emisión de una convocatoria que permaneció abierta por cuatro horas y que tuvo que ser rectificada ante las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, que muy pronto descubrieron las intenciones reales de los asambleístas.
Más tarde, con el pretexto ramplón de cubrir las cuotas de género, a pesar del número de mujeres que participaron en esa ocasión, se volvió a emitir una nueva convocatoria, a solicitud del diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno, lo que resulta ilegal, pues de conformidad con la fracción I del artículo 39 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, es una facultad que corresponde a la Comisión de Transparencia de ese órgano legislativo, amén de que la nueva emisión resulta violatoria del principio de legalidad, en tanto que el procedimiento establecido en la ley no señala la posibilidad de abrir nuevas convocatorias a gusto y acomodo de los legisladores.
Como si el asunto no fuera lo suficientemente delicado, se pretende “armonizar” la designación de los consejeros con los preceptos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, que entrará en vigor hasta el 18 de septiembre, además de que el diputado José Alfonso Suárez del Real presentó, con posterioridad a la emisión de la convocatoria, una iniciativa de reforma al artículo 39 de la Ley de Transparencia de la CDMX, para que se designen a cinco y no a siete comisionados, lo que atenta contra el principio de irretroactividad establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de la buena intención que significa el ahorro del salario de dos consejeros.
En el fondo, la elección tampoco será de siete, sino de seis, en razón de que la actual consejera, Elsa Bibiana Peralta Herández, concluirá su periodo hasta 2020, en virtud de haber llegado con posterioridad al Instituto, además de que ya tramitó un amparo, para evitar su remoción.
Los riesgos
Más allá del intríngulis en el que se encuentra la designación de los consejeros, el riesgo más preocupante para la transparencia está en las componendas entre los legisladores locales, que pueden derivar en la designación de “comisionados carnales”, en un momento especialmente delicado y sensible para los habitantes de la Ciudad de México, luego de los sismos y los intentos por manosear los recursos para la reconstrucción. Una de las urgencias por contar en tiempo y forma con los comisionados deriva, justamente, de la necesidad de monitorear lo que ocurre con los recursos para la reconstrucción de la ciudad, ante la posibilidad de que estos sean desviados o mal utilizados, en el entorno de las campañas políticas.
Más del 40 por ciento de los aspirantes a ocupar uno de los asientos en el Instituto de Transparencia de la CDMX se encuentran vinculados con partidos políticos o servidores públicos, según la evaluación que realizaron diversas organizaciones de la sociedad civil como Ruta Cívica, Borde Político y Suma Urbana.
En el contexto, destaca el hecho de que el diputado panista Jorge Romero Herrera, señalado por intentar la manipulación de los dineros para la reconstrucción, será el coordinador de la campaña de Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente en la capital, mientras que su compañero de bancada, Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia busca ser candidato al Congreso de la Ciudad, por el distrito 6 en Magdalena Contreras.
Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, Agenda para el Desarrollo, Suma Urbana, Borde Político y Ruta Cívica, han presionado a la ALDF para que se publique el predictamen con la elección de los perfiles de quienes, eventualmente, ocuparán los asientos disponibles como comisionados ciudadanos.
Elecciones equivocadas por parte de los asambleístas, derivarán en la impugnación del procedimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que podría terminar siendo dirimida en el ámbito jurisdiccional.