Las tierras morelenses son conocidas por su clima cálido, el verdor de sus paisajes, las gamas de color obtenidas gracias a la gran cantidad de flores sembradas en sus diferentes valles, los brotes de aguas y los ríos que han permitido la instalación de un sinfín de balnearios, haciendo de la entidad federativa sureña, un nicho para el turismo. En aras de proteger esa imagen, se han negado realidades como los altos índices de violencia, las grandes cantidades de feminicidios y de violencias de género, y las centenas de personas desaparecidas y sepultadas en fosas comunes, ahora denominadas fosas clandestinas del estado, por que están bajo la custodia del aparato estatal.
En un rincón olvidado del panteón de Jojutla, población conocida por la gran calidad del arroz sembrado en sus alrededores y sus balnearios, el municipio donó cuatro tumbas a un grupo de familias, las cuales, quedaron sobre un área donde el propio gobierno del estado había sepultado, al menos 84 cuerpos sin identificar, muchos de ellos con huellas de violencia y signos de tortura, que habían sido clasificados como “no reclamados”.
La situación se dio a conocer en 2017, cuando se descubrió la fosa clandestina, en la cual, comenta Angélica Rodríguez Monroy, de la colectiva Regresando a Casa Morelos, por años, encargada de hallar a personas en situación de desaparición, sobre todo, de las que se sospecha su fallecimiento, se esperaban encontrar 35 cuerpos, pero en realidad se exhumaron 84 y quedaron muchos más enterrados, entre ellos, varios de niñas.
Angélica, quien busca a su hija Viridiana desde hace seis años, narra que, en el caso de Jojutla, el municipio, sorpresivamente, otorgó permiso a ciertas familias para ocupar un espacio que solía no utilizarse. Una vez que se descubrió la fosa, no se pudieron extraer todos los cuerpos hallados debido a que al hacerlo, se vulnerarían las tumbas que legalmente estaban permitidas, y que, sostiene la activista, servían para ocultar la injerencia gubernamental en el entierro de cuerpos que no había querido identificar a pesar de la existencia de cientos de reportes de personas desaparecidas.
Para poder continuar, se requería la autorización de las familias a las que se les concedieron los permisos. Por algún tiempo, las autoridades municipales dijeron que no era posible ubicar a los propietarios de las tumbas o que no daban el permiso para hacer la intervención solicitada. La respuesta fue muy diferente cuando los propios colectivos buscaron a esas familias, pues todas accedieron a la posibilidad de remover las tumbas.
La maniobra no se ha realizado debido a que los 84 cuerpos localizados no han sido identificados, pues no hay certeza de que los perfiles genéticos tomados a los mismos ya hayan sido procesados. Así, a tres años del hallazgo de los cuerpos, se desconocen sus identidades y no han podido ser regresados a sus familias, pues no hay carpetas de investigación, ni registro alguno de quienes eran.
La Fiscalía General del Estado de Morelos no sólo ha ocupado el cementerio jojutlense para depositar cuerpos aparentemente sin identificación, un año antes, en Tetelcingo, cuando por orden judicial se exhumó el cuerpo de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, secuestrado y asesinado en 2013, colocado por “error” de la propia fiscalía en la fosa común del panteón municipal a pesar de estar plenamente identificado gracias al ADN de sus familiares, se supo que había más.
Durante la exhumación, filmada por la propia familia de Oliver, realizada en 2014, se reunió evidencia para mostrar que había muchos otros cuerpos en la fosa, e incluso, el día de la exhumación, no sólo se extrajeron los restos de Oliver, sino de otras personas. Tras conocerse la situación, familiares de personas desaparecidas exigieron la exhumación de los cuerpos. Dos años después, se supo que eran alrededor de 116.
La situación ha implicado que los colectivos de personas en búsqueda de personas en situación de desaparición planteen ciertas exigencias, como lo ha explicado Edith Hernández, también de Regreso a Casa, quien encontró a su hermano en la fosa de Tetelcingo tras cuatro años de búsqueda, y mencionó que antes de abrir de nueva cuenta los panteones, se deben identificar todos los cuerpos exhumados; se debe publicar un plan de exhumación; se deben conocer todas las fosas comunes en el estado; se debe permitir la participación de las familias, y garantizar la identificación de los cuerpos de manera rápida; así como la inclusión de un perito independiente avalado por las familias.
También se pide la publicación de un álbum de todas las pertenencias y elementos que puedan permitir la identificación de las personas; saber qué cuerpos están en los Servicios Médicos Forenses (Semefo); crear un Centro de Identificación Humana para subsanar la crisis forense que se vive en la entidad y en otros estados de alrededor y comprometer a las instituciones a que cumplan con su trabajo.
La situación no es exclusiva de Morelos, datos compartidos por los propios colectivos de personas en búsqueda de personas en situación de desaparición, en el país hay 38 mil 891 cuerpos que pasaron por algún servicio forense en espera de ser identificados. Entre 2006 y 2019 se ha registrado un aumento de 1032 por ciento de cuerpos en manos de autoridades sin identificar; y en los últimos dos años, alrededor de cuatro mil 905 cuerpos están en los Semefo y no han podido ser identificados.
Este próximo 18 de octubre, en el marco del festival DocsMX se presentará el documental Volverte a ver de manera gratuita, dirigido por Carolina Corral, cuya trama está centrada en lo ocurrido en tierras morelenses y es parte de la campaña #DesenterrarLaVerdad, que tiene el objetivo de apoyar a las personas que buscan un ser querido desaparecido, contribuir a la discusión de la crisis forense nacional e incidir en el caso de las fosas de Morelos.
Como parte de la campaña se ha puesto a disposición un sitio web, a través del cual se pueden consultar las fichas elaboradas por las propias familias en las que se describen la mayor cantidad de elementos posibles que permitan identificar los cuerpos encontrados. Ropa, señas particulares, sexo, estatura, y muchos otros detalles asentados en cada ficha con la esperanza de que algún familiar pueda identificar a su ser querido y regresarlo a casa.