Desde hace varias semanas, los empresarios más poderosos del país ya daban por hecho la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y que sería la base militar de Santa Lucía la que se mantendría como la única opción para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Los hombres del dinero nunca guardaron la esperanza de que fuera Texcoco; la decisión ya estaba tomada y la filtración provenía de varios frentes.
Desde el domingo en la noche, las cúpulas del sector privado que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) peloteaban la postura que manejarían como gremio. Había nerviosismo por las implicaciones de oficializar la cancelación la obra y que se reflejarían en presiones sobre el tipo de cambio, en una caída en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y sobre todo, en una salida inminente de capitales por la falta de certidumbre jurídica y estado de derecho.
Y las predicciones se cumplieron: en la jornada de ayer el peso abrió con una de depreciación respecto al dólar que superó los 20 pesos; el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó su peor nivel de los últimos años al perder 4.2%, así como el descontento de inversionistas nacionales y extranjeros.
Pero más que la preocupación por la cancelación del NAIM, los capitales cuestionaron a la mal llamada consulta ciudadana. La American Chamber of Commerce of México (AMCHAM) alertó que el sondeo que promovió el presidente electo “no constituye un instrumento legal en los términos de la Ley Federal de Consulta Popular, no cuenta con la representatividad necesaria y por lo tanto, no re?eja la voluntad de los mexicanos”.
Incluso, advirtió sobre los riesgos de polarizar a la sociedad en torno a una decisión que debe ser técnica y no política, ya ello aleja la posibilidad de generar condiciones de unidad y con?anza que se requieren para afrontar los temas pendientes.
Otros poderosos bancos de inversión como el suizo UBS anticipó que la consulta, tal y como se llevó a cabo es un “desafío para el estado de derecho” y temió que a través de este mecanismo, el presidente electo López Obrador pueda extender su periodo por más de seis años y utilizar las reservas internacionales del Banco de México para financiar inversiones. No hay que olvidar que en la Cámara de Diputados hay una propuesta del legislador de Morena, Benjamín Robles Montoya, quien ya plantea esa posibilidad.
De acuerdo con algunas cifras de los mismos organizadores de la consulta, se alcanzó una votación de 748 mil personas, lo que representa apenas 0.83% de los 89.7 millones que integran la lista nominal de electores según la página del Instituto Nacional Electoral (INE).
Para dimensionar este número basta decir que el artículo 35 constitucional fracción VIII incisos 1 y 2 establecen que para convocar a una consulta por parte de ciudadanos, se requiere 2% de la lista nominal, es decir, 1 millón 793 mil mexicanos y para que ésta sea vinculante se requiere una participación de 40% del listado nominal, es decir, 35 millones 879 mil ciudadanos.
Es por ello que los inversionistas nacionales y extranjeros advierten que hay una violación al estado de derecho, que se acompaña de una simulación política y democrática.
Liconsa ayuda a damnificados
La que se llevó una estrellita fue Liconsa, que encabeza Abelardo Manzo, quien distribuyó 40 mil litros de agua potable en bolsas para ayudar a los damnificados del Huracán Willa.
En Nayarit, la empresa del estado donó 25 mil litros de líquido, en Oaxaca 10 mil litros y en Veracruz 5 mil litros.
También entregó 18 mil 500 litros de agua en bolsas a la Caravana migrante proveniente de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Así las cosas…