“Siento frustración y un abandono total. Se lo está diciendo un tribunal de alzada a una jueza y a ella simple y sencillamente no le importa si se lleva a cabo la reposición del procedimiento; no le importa cuánto tiempo más yo lleve en la cárcel, es una indiferencia total, y su respuesta simple y sencillamente es: ‘Señora, mire, ¿no ve cuántos expedientes tenemos? Tenemos exceso de trabajo’. Ésas son sus respuestas; entonces ¿yo qué hago? Ante eso, ¿yo qué hago?, y si tampoco tengo un defensor que haga algo”.
Así comenzó la llamada que me hizo desde Santa Martha Acatitla, Claudia Sánchez, la ex empleada administrativa y chivo expiatorio del Solid Gold, al ser hoy en día la única encarcelada.
El 14 de julio les platicaba que la semana pasada sería crucial para su defensa, pues un tribunal de alzada le requirió a la jueza Karla Montes Ortega la reposición del procedimiento de cateo, pues Claudia no había tenido una defensa adecuada y no había observado una violación fundamental que es el derecho a la libertad. Además, también la semana pasada, gracias a un amparo, la jueza Luz María Ortega Tlapa debía resolverle si le cambiaba o no la medida cautelar para poder enfrentar su acusación en libertad.
Sin embargo, nada de esto sucedió. ¡Así como lo están leyendo!
Reposición de procedimiento
Estaba programado para el jueves 29 de julio realizar los careos procesales entre la MP Claudia Morales Larre, quien en 2013 ordenó la aprehensión de Sánchez Mayorga, y los dos testigos de asistencia, Blanca Araceli Real Castañón y Carlos Eduardo Galindo.
Esta reposición de proceso era de vital importancia, pues permitiría exponer las irregularidades constitucionales, la falta del debido proceso en su caso para demostrar que el cateo en su casa fue ilegal.
Sin embargo, la audiencia no se realizó porque Héctor Alberto Pérez Rivera, asesor jurídico de una de las supuestas víctimas, no se presentó.
“En ese momento no me dan fecha, únicamente se difiere, de hecho, se hace una constancia, no se levanta un acta circunstancial, solamente se hace una constancia. Esto pasa el jueves”.
Al día siguiente, el viernes 30, se realizó una nueva citación para los involucrados en el cateo a su casa; y, de nueva cuenta, el defensor de la mujer venezolana no se presentó.
Pero lo increíble, lo inhumano fue que su abogado de oficio, José Lucio Reyes Cárdenas, tampoco fue, por estar –prepárense para seguir leyendo– ocupado con otras diligencias.
“O sea, ¿como de qué se trata? ¿Por qué no deja las otras diligencias y por qué no viene a atender la mía? No, es que a mí me avisaron primero de las otras diligencias antes de que me avisaran de la de usted”.
Verónica Jiménez Nájer, quien en teoría lo debe sustituir, se limita a decirle: “Señora, si en este momento se lleva a cabo la diligencia le van a hacer reposición de procedimiento, porque yo no conozco su asunto, tengo tres días”.
¿Dónde habrá quedado el decálogo de este abogado?
Ah, y súmele que el “lic. defensor” se tomó vacaciones del 1 al 15 de agosto. Cero compromiso ha mostrado, pero más allá de cualquier decálogo, el artículo primero constitucional te dice que cualquier persona y servidor público que vea que hay una violación a los derechos humanos está obligado a proteger a la persona y procurar que se resarza el daño y se deje de cometer la violación.
Exceso de trabajo
“Ya que estamos todos presentes le pido a su señoría (la jueza Karla Montes) que se dé en este momento la fecha para la nueva diligencia, y me contesta: ‘No, señora, esa diligencia se va a acordar por separado. ¿Qué no ve la carga de trabajo que tenemos?’ Y la encargada del despacho, Lorena Marisol Aranda Millán, también declaró que ‘tienen la agenda súper llena’”.
Claudia, entre llanto, desesperación y mucho enojo, pero sobre todo sabiéndose y sintiéndose en total indefensión, continuó…
“¿Me van a dar fecha para septiembre, para octubre, porque tienen carga de trabajo?, y entonces me voy a quedar otro año más porque no tienen fechas, cuando al final del día ése es asunto del Poder Judicial, es asunto en este caso de la jueza, de que tiene que resolver un asunto que le está diciendo el tribunal de alzada, resuélvelo”.
Medida cautelar
La audiencia constitucional para ver si la jueza Luz María Ortega Tlapa le cambiaba su medida cautelar fue aplazada, del 27 de julio al 25 de agosto, básicamente porque la jueza del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales, Karla Montes Ortega, debía enviar las direcciones de los terceros interesados en el amparo para que se les notifique a los asesores jurídicos de las víctimas y no lo hizo.
“Sé que jamás en la vida voy a recuperar estos casi ocho años que me perdí de la vida de mi hija. La última vez que la vi fue en febrero de 2020 por la pandemia. Desde que llegué a Santa Martha (2016) la vi en total nueve veces. Por teléfono le tuve que decir que estaba en la cárcel no trabajando, como ella creía, y su contestación fue: ‘Mamá, entonces sí te tengo que querer, pues no me abandonaste’”. Claudia no aguanta y se suelta llorando.
Retoma el aliento y finaliza diciendo, “le pido al presidente López Obrador, al presidente de la SCJN, a la secretaria de Gobernación y a la Cámara de Diputados y de Senadores que me volteen a ver. ¿Por qué a los fiscales no? Porque los fiscales no revisan, los jueces tampoco revisan. Si lo hubieran hecho jamás me hubieran dado el auto de formal prisión. El único que me ha visto es Samuel Salamanca Vázquez, magistrado del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Justicia que no es pronta y expedita no es justicia y yo ya llevo arbitrariamente ocho años aquí, en prisión”.
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.