Descalificar está de moda, resulta más fácil criticar una institución, una norma o un proceso, alegando corrupción o fallas, en lugar de elaborar un diagnóstico para identificar las debilidades y trabajar para corregirlas.
En muchas ocasiones puede ser entendible que se opte por dinamitar lo que ya está hecho y se intente partir de cero, desarrollando nuevas metodologías y programas institucionales, en vez de intentar generar diagnósticos objetivos que permitan identificar qué parte de los procesos o de los insumos no funciona.
No obstante, sin un análisis de qué no funciona con políticas e instituciones, estamos destinados a que una y otra vez se cometan los mismos errores y presenciar cómo las supuestas mejoras terminan siendo ineficientes e ineficaces.
Si bien a nivel internacional desde los años 50 del siglo pasado el concepto de medición se incorporó como un aspecto básico de las políticas públicas, pocos son los casos en nuestro país donde contemos con indicadores de desempeño y resultados capaces de transmitir una fotografía de las decisiones de nuestras autoridades.
No existe un indicador que logre englobar todo un fenómeno, particularmente en materia del entramado que se forma a partir de la percepción de seguridad, la recuperación de la paz social, la disminución de la incidencia delictiva y de la violencia.
Los indicadores cruzan fronteras que miden precisamente elementos que se incluyen dentro de la multiplicidad de causas que las ocasionan y factores que las mantienen vigentes.
Cuando en un país como el nuestro -probablemente el que produce la mayor cantidad de información en materia de seguridad y justicia- queremos hacer este ejercicio, nos encontramos con datos sobre las investigaciones iniciadas por las autoridades de procuración de justicia, los datos de victimización, las encuestas de percepción de seguridad, estadísticas judiciales, de gasto en seguridad, de estado de fuerza de policías, procuradurías y fiscalías.
En contraste, rara vez contamos con información de desempeño institucional o de eficiencia y eficacia del uso de los recursos que tiene el Estado para combatir el fenómeno delictivo.
Averiguaciones previas y carpetas de investigación
El insumo que desde hace 20 años hemos utilizado para la toma de decisiones en materia de políticas de seguridad y justicia, para otorgar recursos y definir prioridades ha sido el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las procuradurías y fiscalías del país alrededor de las denuncias hechas por los ciudadanos.
De esta manera los datos que cada mes publica el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son y han sido el referente clave para guiar las políticas de seguridad de nuestro país.
Sin embargo, hoy este instrumento parece estar bajo ataque, autoridades y expertos han venido desacreditando el instrumento y todo apunta a que, en vez de subsanar sus deficiencias, se esté buscando sustituirlo.
¿Están mal los datos de carpeta de investigación reportados por el CNI como para que se justifique su eliminación? No, si bien los datos tienen muchas debilidades, son un insumo que permite entender parte del desempeño institucional.
¿Qué debería suceder para contar con un sistema de registros más robusto? Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), gracias a años de análisis de los datos y trabajo con las autoridades hemos podido identificar ciertas prioridades:
1. Si bien existe una claridad en la norma técnica que permite construir estadística y en lo que está establecido en las leyes, lo cierto es que la falta de supervisión, las cargas excesivas de trabajo, la capacitación ineficaz, el desconocimiento de lo establecido en la ley, permite que los ministerios públicos del país clasifiquen delitos de manera discrecional.
2. La falta de procesos claros o la existencia de procesos ineficientes inhibe la construcción de una estadística confiable.
3. Las decisiones políticas, la corrupción y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas favorecen una estadística construida pensando en el beneficio político más que en informar a la ciudadanía.
Dicho lo anterior, la información que se encuentra en el CNI es clave para comparar de manera internacional lo ocurrido en nuestro país, no necesariamente para entender el desempeño de toda una autoridad.
La estadística de carpetas de investigación no debe ser considerada como un sustituto de la victimización, sino como un elemento que ayuda a entender la capacidad de una autoridad de captar las denuncias ciudadanas y procesarlas en investigaciones.
La información de carpetas de investigación debe ser acompañada de otros insumos de análisis para evaluar el desempeño institucional, la eficiencia y eficacia con la que atiende los delitos.
La actual campaña de desprestigio de esta metodología pone en riesgo que podamos hacer comparativas en el curso de los años de cómo se ha venido comportando el delito en nuestro país, ¡cancelarla sería un error!
Si desprestigiar es fácil, construir a partir de las complejidades y debilidades del sistema, es difícil. No obstante, es el único camino que podemos recorrer, hasta que no aprendamos a identificar con claridad las deficiencias de sistemas, procesos e insumos, seguiremos anclados en falsas promesas de instituciones revolucionarias que sencillamente repetirán una y otra vez los errores del pasado.
A quien considera que los datos del secretariado no sirven, los invito a reflexionar qué significaría perder el recurso que nos dio la dimensión del tamaño de la violencia e incidencia delictiva que hemos sufrido los mexicanos en los últimos 20 años.