Opinión

Desapariciones, un gran pendiente

Este año, se han entregado casi 350 mil millones de pesos en subsidios a las entidades federativas para apoyar las labores de búsqueda de personas. | Leonardo Bastida

  • 18/07/2020
  • Escuchar

Han pasado 27 años desde que la familia de Miguel Orlando Muñoz Guzmán escuchó por última vez su voz. Fue durante la tarde del 8 de mayo de 1993, cuando se comunicó a su casa, y después, nadie volvió a saber de él. A sus 25 años de edad, se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua, cumpliendo con sus funciones dentro del 26 Batallón de Infantería del Ejército, donde se desempeñaba como teniente.

Ante la falta de noticias, su familia comenzó a buscarle, pero en la Secretaría de la Defensa Nacional les decían que él había desertado y probablemente se había ido a Estados Unidos. Meses después se supo que el documento supuestamente presentado por Miguel para darse de baja de las fuerzas armadas era falso, firmado por otra persona, y su portafolio con identificaciones oficiales y otras pertenencias personales había desaparecido.

Por varios años, a pesar de quejas y demandas, los resultados fueron nulos hasta que en 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en la investigación del caso se habían vulnerado el derecho a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se exhortaba al gobierno mexicano a investigar la situación y determinar si se trataba de una desaparición forzada, debido a que probablemente estuvieron involucrados integrantes de las fuerzas armadas, y sancionarles, así como la reparación de los daños para la familia.

Sin embargo, el caso de Miguel continúo detenido en Chihuahua por casi 10 años, hasta que la familia promovió recursos legales para que la investigación se reactivará, los cuales, dieron resultados en septiembre del año pasado, cuando la Fiscalía General de la República determinó que asumiría el caso.

El caso de Miguel es uno de los mil 523 casos de no localización, desaparición o desaparición forzada registrados por el gobierno mexicano antes de 2006. Una cifra que en los últimos años aumentó potencialmente hasta abrirse 73 mil 201 expedientes, según datos compartidos por la Comisión Nacional de Búsqueda en esta semana.

De acuerdo con el registro histórico, a partir de 2007, año de inicio de la estrategia de seguridad nacional implementada por Felipe Calderón, el número de víctimas de desaparición aumentó de 792, documentadas en aquel año, a un pico histórico de siete mil 910 en 2017, penúltimo año de la gestión de Enrique Peña Nieto, y a un ligero repunte durante el año pasado de siete mil 350.  

En total, según el informe, se han localizado en el país, tres mil 978 fosas clandestinas, la mayoría de ellas ubicadas en Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, de las cuales se han exhumado seis mil 625 cuerpos.

El comparativo presentado por el organismo creado en 2018, como parte del reconocimiento del Estado a la problemática del extravío de personas, las entidades donde mayores cifras de personas no localizadas o desaparecidas se han documentado son Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa.

Este año, se han entregado casi 350 mil millones de pesos en subsidios a las entidades federativas para apoyar las labores de búsqueda de personas a través de sus comisiones de búsqueda locales y se determinó la apertura de una versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un hecho inédito hasta el momento.

Múltiples organizaciones de la sociedad civil han reconocido los avances en la materia, sin embargo, también han planteado algunas interrogantes. A través de una declaratoria firmada por más de 70 organizaciones se cuestiona que la base de datos no está disponible para la ciudadanía y familiares de víctimas en un formato de datos abiertos ni es posible conocer la metodología para la obtención, validación y publicación de los mismos.

Lo anterior, porque se considera urgente y necesario poder monitorear y contrastar la información oficial; generar un insumo indispensable para entender la desaparición en México; reconocer que es un derecho de las víctimas y de la sociedad, y sin el conocimiento de la metodología de obtención de datos no hay información confiable.

Por otra parte, el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas ha mencionado que una de cada cinco comisiones estatales se encuentra en falta, ya sea en su operación general o en la designación de los máximos funcionarios responsables, por lo que sus labores se encuentran obstaculizadas. 

Además de considerar que las cifras deben desagregarse por personas no localizadas y personas desaparecidas, pues las causas y las situaciones son diferentes.

Se vive un momento sin precedentes en la materia, probablemente el mayor avance en la materia en la historia contemporánea mexicana, pues el Estado ha asumido su responsabilidad de una manera más explícita. Ha llamado a los familiares a sumarse al fortalecimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda y ha dado más información que la conocida hasta el momento. Ha impulsado el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, aunque este se ha encontrado con reticencias para su implementación en muchos estados por parte de las fiscalías locales, que no permiten el involucramiento de las familias en las investigaciones.

El gran desafío consistirá en no sólo encontrar a las personas no localizadas o desaparecidas sino en explicarles qué fue lo que ocurrió garantizándoles su derecho a la verdad, que implica conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, poder ser partícipes en la búsqueda de esta y hacer una memoria de los hechos, para evitar que se repitan.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.