Aun y cuando las autoridades han insistido en que las desapariciones forzadas en nuestro país responden a hechos aislados, los acontecimientos de Iguala obligaron a que el tema ocupara un lugar importante en la agenda de discusión e incluso en el mes de noviembre, dentro de las “acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho”, el Presidente Peña Nieto anunció la presentación de una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia –que por cierto sigue pendiente-.
Precisamente ha sido la resistencia del gobierno a reconocer el problema lo que ha impedido que podamos dimensionar su verdadera magnitud. A partir de la información con la que se cuenta, se estima que en México han desaparecido alrededor de 23 mil personas (13 mil desaparecieron durante el último periodo gubernamental y poco más de 9 mil en lo que va de esta administración), pero no existe una cifra confiable de aquellos casos en que pudiera tratarse de desapariciones forzadas.
La PGR y las procuradurías estatales han iniciado 291 averiguaciones previas de las cuales únicamente 6 han concluido en sentencias condenatorias, sin embargo diversas organizaciones sociales han recabado elementos que apuntan a que los números son mucho mayores.
De hecho, el pasado mes de febrero el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) presentó un informe con motivo de la revisión que hizo sobre el nivel de cumplimiento de la Convención Internacional, que generó una controversia con la Cancillería al señalar que en nuestro país se vive un contexto generalizado de desapariciones en las que muchas veces participan agentes del Estado.Por supuesto esta afirmación no gustó al gobierno quien se empeña en negar la realidad como si con ello dejará de existir.
Entre las principales recomendaciones que emitió el Comité de la ONU, se encuentra la necesidad deaprobar una ley general que permita homologar las legislaciones estatales y la federal, poniendo particular atención en la tipificación de las desapariciones forzadas así como en los aspectos de prevención, investigación, juicio, sanción y búsqueda de las personas desaparecidas.
Al respecto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se han pronunciado sobre la urgencia de legislar en la materia, pero a pesar de que desde 2013 se han presentado aproximadamente 16 iniciativas (3 para reformar el artículo 73 de la Constitución, 2 para crear leyes generales, 3 proponen crear Leyes Federales, y 8 para reformar el Código Penal Federal), a un mes de que termine el periodo de sesiones no ha iniciado siquiera el proceso de dictaminación.
Aunque el panorama no es el más alentador, vale la pena reconocer el esfuerzo conjunto de la CNDH y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para construir una propuesta seria que se apegue a lo establecido en al Convención internacional y logre el consenso entre especialistas y organizaciones, a fin de que pueda ser sometida a la consideración del Poder Legislativo. Como bien lo señaló ayer el Ombudsperson Luis Raúl González Pérez en el marco de su Informe de Actividades, este es un tema que simplemente no puede esperar más.