México, que tiene desde la década de los sesentas unas 147 mil 033 personas desaparecidas, enfrenta un incierto panorama en esa materia.
La desaparición es una de las violaciones de derechos humanos más terribles, por el impacto que tiene en las personas desaparecidas y en sus familias y requiere de una respuesta comprometida y coordinada de las instituciones de México.
La ONU —a través de un informe— urgió atender los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas indicaron que es conveniente que el Estado mexicano atienda todas las demandas y que se establezcan mecanismos encaminados a superar el problema.
Según el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas, a partir de la década de los sesenta (durante denominada llamada “guerra sucia”) y hasta el 31 de diciembre de 2020 se contabilizaron 147,033 personas desaparecidas; un total de 60,053 de ellas desaparecieron en el periodo 2006-2019.
Los Estados deben reconocer aún más la conexión entre la desaparición forzada y los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de prevenir mejor las desapariciones forzadas, de manera más integral, dijeron expertos en derechos humanos de la ONU.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló que "por su naturaleza, la desaparición forzada es un crimen complejo que viola todo tipo de derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales de la persona desaparecida, de sus parientes y de otras personas".
Irene Spigno, Directora General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y Doctora en Derecho Público Comparado por la Universidad de Siena (Italia) señaló en un informe que el aumento en el número de registros de personas desaparecidas coincide con el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012). Durante esos seis años se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico, cuya estrategia se enfocó principalmente en detener con la fuerza armada a las personas que lideraban los distintos cárteles de la droga en el país.
Sin embargo, sostiene la experta, lejos de detener la criminalidad organizada, la captura de los altos mandos sólo generó fracturas en los grupos delictivos, dando paso a una multiplicación de éstos.
Detalló que al haber más grupos encargados de las mismas actividades delictivas, se recrudecieron las luchas entre ellos por el dominio de determinados espacios territoriales.
Esta situación generó más homicidios y diferentes métodos de ocultar la escena del crimen, como la desaparición de los cadáveres de las personas asesinadas.
Además, los grupos criminales iban necesitando más personal: así, muchas personas fueron reclutadas por la fuerza, ocultándolas de sus familias y seres queridos. Otra práctica muy común fue la de suplantar a los miembros de los distintos cárteles en los centros penitenciarios para compurgar las penas que les correspondía cumplir a ellos.
La experta sostiene que las corporaciones de seguridad pública (como las policías estatales, la policía federal, e incluso el Ejército Mexicano) fueron teniendo mayor participación en el intento de frenar la expansión de los grupos de delincuencia. Pero los distintos errores cometidos en el combate, en los cuales murió gente inocente, contribuyeron a que, como forma de encubrir los “daños colaterales”, los cuerpos de las víctimas fueran desaparecidos.
Estas son sólo algunas de las causas del gran número de personas desaparecidas en México, el cual pasó de una dinámica de desaparición de personas en un contexto político, como el de la llamada “guerra sucia” —en el cual las personas desaparecidas eran aquellas políticamente disidentes del Gobierno en turno— a un contexto en el que las desapariciones ocurren en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, con motivo del encubrimiento de delitos o errores por parte de las fuerzas del Estado.
Spigno advierte que hay falta de protección efectiva de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los afectados.
Esto es un factor que contribuye a las desapariciones forzadas. Las personas que viven en la pobreza son más vulnerables y están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas, sostiene por su parte la ONU.
En algunos casos, al enfrentarse al sistema de justicia penal, se ven privadas de asesoramiento y asistencia jurídica para impugnar las condiciones de su arresto, juicio, condena y detención, y así desaparecen dentro del sistema. Las víctimas de las desapariciones forzadas son también en su mayoría personas marginadas. Cuando viven en zonas con escasa o nula presencia de las instituciones del Estado, sus familiares y allegados tienen poco acceso a la justicia y a medios eficaces para buscarlas.
Un informe oficial revela que niñas y niños que no tienen acceso a la educación, que viven en la pobreza o en situación de calle, o que han sufrido desplazamiento, corren un mayor riesgo de ser secuestrados y convertidos en niños soldados o ser víctimas de la trata con fines de explotación.
Las personas migrantes y las personas con discapacidad también son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas, debido a la falta de recursos económicos, de planes de protección, así como de participación política, social y cultural.
Se ha observado que la desaparición forzada se utiliza como herramienta de intimidación, represalia y castigo ilegal en contra de los defensores de derechos humanos, incluidas las personas que promueven los derechos económicos, sociales y culturales.
La ONU ha instado a los Estados a atender el hecho de que las desapariciones forzadas ponen a familiares y allegados en una posición muy difícil, especialmente cuando el sostén de la familia está desaparecido.
Al alterarse la estructura familiar, cónyuges e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente.
Es esencial que todos los Estados presten atención específica al impacto multidimensional de las desapariciones forzadas en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas a lo largo del proceso de búsqueda y de la investigación.
Además, los Estados deben analizar más el perfil y las actividades de las personas que son víctimas de desapariciones forzadas, para responder mejor a la dimensión colectiva del daño que sufren las víctimas y sus comunidades