El Estado mexicano tolera y promueve la impunidad. Esta frase, ofensiva e inaceptable para los tres niveles de gobierno, es aún más dolorosa para la sociedad que debe vivir inmersa en esa impunidad.
En los últimos meses, nuestro país ha sido testigo de las graves consecuencias que provoca la impunidad, particularmente en los casos en que quienes gobiernan son beneficiados por ella, pasando por encima de los derechos de los gobernados.
Uno de estos casos fue el ocurrido en Iguala y Cocula, Guerrero, mismo que a 7 meses de distancia sigue siendo una herida abierta en el país por tres razones principales, la primera de ellas consiste en que aún se desconoce el paradero de los estudiantes desaparecidos de manera forzada los días 26 y 27 de septiembre de 2014, asícomo el estado en el que se encuentran. La segunda de ellas consistente en que las familias y estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”no han recibido acceso pleno a la justicia ni se ha logrado su reparación y derecho a la verdad y, la tercera, relacionada con el amplio margen de impunidad que han gozado los responsables, quienes hasta el día de hoy no han sido procesados o detenidos por el delito de desaparición forzada.
Ni los gobiernos o legislaturas federales o locales han sido responsables en cuanto al tema. Si bien existe el delito, no estáhomologado en todo el país, ni las penas establecidas son lo suficientemente severas para la gravedad del mismo. La discusión siempre se postergó, aún cuando con la casi inexistencia de condenas por este delito violaran el cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
No fue sino hasta que 43 personas fueran desaparecidas en un sólo evento, en una de las tragedias y atrocidades más grandes en la historia de nuestro país, para que después de una gran presión de los familiares de las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y -particularmente- el inmenso apoyo de la población, el Poder Legislativo federal decidiera dar los primeros pasos para legislar en materia de desaparición forzada, un hecho histórico y largamente exigido.
Con 381 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobópor unanimidad la minuta del Senado que reforma el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda legislar en materia de desaparición forzada, tortura y otras formas de privación ilegal de la libertad.
Con este hecho se pueden dar los primeros pasos hacia la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas desaparecidas por pertenecer a movimientos campesinos y obreros que siguieron al movimiento estudiantil de 1968, víctimas del terrible y obscuro periodo conocido como “Guerra Sucia”.
De acuerdo con cifras oficiales, durante la Guerra Sucia desaparecieron alrededor de 275 personas, sin embargo, organizaciones no gubernamentales (ONG) hablan de cifras que oscilan entre mil 500 y 3 mil personas desaparecidas.
Desafortunadamente, las desapariciones forzadas no han cesado en los últimos años, por el contrario. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), en el sureste de la República, este hecho fue sumamente preocupante, pero fue hasta el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa que la cifra de desapariciones forzadas escalóde manera alarmante.
Quiero enfatizar las cifras arrojadas por un estudio reciente de JoséMerino, Jessica Zarkin y Eduardo Fierro, en el que después de depurar las cifras –eliminando a las personas que fueron encontradas vivas o muertas- se llegóa la terrible cantidad de 23 mil 270 mexicanas o mexicanos desaparecidos.
De esa cantidad, 12 mil 930 corresponden a la administración de Calderón, mientras que 9 mil 384 han desaparecido en la administración de Enrique Peña Nieto (en un periodo de tan sólo dos años) y no es erróneo decir que actualmente México no cuenta con una cifra confiable de desapariciones forzadas.
Pero las desapariciones no son cifras. Cada una de nuestras personas desaparecidas es una historia, es una vida unida a otras vidas. Es un hogar en el que se encuentra una familia incompleta, que sufre por derechos laborales que no pueden reclamar, por inestabilidad económica y social que surge desde el momento en el que se concreta una desaparición forzada y que no logra ser reparada por ninguna vía, particularmente porque hasta ahora al Estado mexicano no le importaban estas ausencias.
Cada vez son más los casos de desaparición forzada, y la aprobación de que el Congreso pueda legislar en esta materia puede ser el primer paso que combata la práctica sistemática de este delito, que se ha realizado por más de 40 años.
Esperemos que con este primer paso se logre romper el ciclo de impunidad en el contexto mexicano, donde actualmente las pocas investigaciones por graves violaciones a derechos humanos suelen limitarse a autores materiales sin tocar a las autoridades responsables.
No habrájusticia si esta ley no logra combatir de raíz la impunidad, pero por hoy, la sociedad civil y las víctimas pueden y deben celebrar esta lucha histórica. No es el final del camino, pero la dignidad, indignación y la lucha de las familias por el acceso a la verdad y la justicia ha ganado otra batalla más.