Opinión

Desafíos de seguridad y justicia

La cuestión de la seguridad es de fondo, es estructural, y radica en restaurar el Estado social de derecho. | Dr. Jorge A. Lumbreras Castro*

  • 08/06/2019
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La crisis de seguridad y justicia que se vive en México obedece a distintas problemáticas que representan desafíos simultáneos para las instituciones del Estado. La delincuencia actúa de manera diferenciada en las regiones del país en expresiones que van desde el lavado de dinero, hasta la violencia extrema, pasando por la infiltración de instituciones de gobierno, la percepción de inseguridad y los cambios en la cotidianidad social. Por ello, habrían de identificarse algunos factores clave que generan la dimensión estructural de la crisis en materia de seguridad y justicia:

a) Déficit en el sistema nacional de seguridad pública, en especial, el rezago en las policías estatales y municipales donde se comete el 95 por ciento de los delitos.

b) Ingreso sistemático de armas provenientes en su mayoría de EU  que generó su uso creciente en actividades delictivas e incluso en problemas comunitarios.

c) Internalización de actividades delictivas al seno de la vida comunitaria en algunas zonas del país: robo de combustible, trata de personas y el narcotráfico. Mientras que prevaleció por décadas la dislocación entre desarrollo social y prevención del delito.

d) Dilación en construir una policía con capacidades de despliegue, adiestramiento e inteligencia para enfrentar delitos federales y apoyar lo local ante otros delitos.

e) Rezago en la construcción del sistema de justicia penal acusatorio que reclama crecientes capacidades policiales, de investigación científica y de coordinación.

f) Corrupción en instancias de seguridad pública, procuración e impartición de justicia mientras que la delincuencia nacional y trasnacional se fortaleció en lo económico, en su capacidad de fuego y en capacidad de infiltración de lo público.

g) Atraso en leyes necesarias para enfrentar la delincuencia, en especial delitos en materia de delincuencia organizada, lavado de dinero, y seguridad informática.

h) Ineficacia, dispendio y falta de racionalidad en el uso de los recursos, en sólo diez años se duplicó el esfuerzo fiscal en ambas materias.

 i) Mercado de la seguridad pública que supuso la adquisición de materiales, equipos y plataformas cuyos resultados están por los menos a debate.

j) Atraso, falta de coordinación y de unidad de doctrina en tareas de inteligencia para seguridad nacional, pública e interior.

Estas problemáticas precisan trabajar de forma simultánea y convergente, desde fortalecer el sistema penal acusatorio hasta una política de cooperación para detener el tráfico de armas, pasando por la construcción acelerada de la Guardia Nacional, por mejorar policías estatales y municipales, por la supervisión de los fondos federales para la seguridad, por el combate a la corrupción en toda instancia de seguridad, procuración e impartición de justicia y por generar expectativas y oportunidades en regiones de alta incidencia delictiva, así como por avanzar en la justicia transicional.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública evidencian esta complejidad y que se requiere el trabajo de los tres Poderes de la Unión y de las 32 entidades, que las políticas punitivas serán insuficientes, que se necesita desarrollo social y otros instrumentos para confrontar la violencia. La lucha contra la inseguridad radica en asumir la transformación del Estado y con ello sus normas e instituciones. Si mañana se redujera el número de homicidios a la mitad, sería una noticia promisoria, pero las condiciones lejos estarían de resolverse ante los cientos de miles de delitos que quedan impunes. La cuestión de la seguridad es de fondo, es estructural, y radica en restaurar el Estado social de derecho.

*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro

Académico de la FCPyS – UNAM

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