Este año que recién concluyó, fue sumamente complejo por los naturales reacomodos derivados de una nueva alternancia política, la curva de aprendizaje y las decisiones que ha venido tomando la administración del presidente López Obrador que, por un lado han implicado una modificación sustantiva en el estilo de gobernar logrando concitar un amplio respaldo popular, pero también ha traído como consecuencia que mucha gente haya perdido su empleo ante las medidas de austeridad adoptadas en el ámbito público sin un proceso adecuado de planeación así como la incertidumbre y desconfianza en el sector privado, el debilitamiento de las capacidades institucionales para el otorgamiento de servicios públicos -afectando por ejemplo la atención médica y abasto de medicamentos-, la concentración de poder y el desmantelamiento de los contrapesos institucionales, o la cada vez más aguda polarización social entre algunas otras.
Aunado a ello, sin duda la inseguridad y violencia que está superando niveles históricos así como el nulo crecimiento económico -por más que pretendan minimizar su importancia- representan los principales pendientes de este gobierno. Lo que nos depara este año es igualmente incierto, enfrentamos problemas serios y, cuando menos hasta el momento, no se advierte disposición en el grupo gobernante para tomar en cuenta puntos de vista distintos, rectificar en aquello que a todas luces no ha dado resultado y procurar un ambiente de conciliación y concordia, como tampoco sus adversarios han dado muestras de un ánimo propositivo para sumarse a un esfuerzo común.
No obstante, debemos estar conscientes que, de prevalecer la tendencia actual, difícilmente se podrá alcanzar un mayor bienestar y recuperar la tan anhelada y prometida tranquilidad. Por el contrario, incluso se podría poner en riesgo la estabilidad política y económica de nuestro país. En este contexto, me parece que para 2020 se deben procurar algunas condiciones mínimas:
1. Reconocimiento de la pluralidad existente, respeto a la libertad de expresión, a las posiciones divergentes y apertura al diálogo.
2. Defensa de la democracia, respeto a los contrapesos institucionales y fortalecimiento del sistema de partidos (para lo cual es indispensable el resurgimiento de alternativas de oposición responsable).
3. Vigencia del estado de derecho y aplicación pareja de la ley, evitando la utilización de la justicia de manera selectiva a partir de cálculos político-electorales.
4. Políticas sociales sostenibles con reglas claras, supervisión permanente, mecanismos de evaluación y cero tolerancia a su uso clientelar con fines electorales y de control político.
5. Replanteamiento de la estrategia de seguridad con la participación de especialistas y organizaciones sociales, corresponsabilidad de los gobiernos locales y depuración y profesionalización de los cuerpos policiales estatales y municipales.
6. Impulso a la inversión productiva tanto pública -particularmente en infraestructura a partir de proyectos viables- como privada.
Estos son algunos de los principales desafíos que habremos de enfrentar este año, y que demandan una participación colectiva pues no se trata de una responsabilidad del gobierno en solitario. Ojalá así lo entendamos todos.